En febrero de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona vendió a bombo y platillo la introducción de cámaras unipersonales entre los agentes de la Guardia Urbana. De hecho, lo que se puso en marcha fue una prueba piloto con 12 aparatos. Un año después, el cuerpo, con una plantilla de 3.000 personas, sigue sin las cámaras.

El uso de las cámaras unipersonales es una reivindicación que los sindicatos policiales llevan años haciendo. El portavoz de SAPOL, Jordi Rodríguez Lima, dice que es una herramienta de trabajo necesaria para grabar las intervenciones que puedan ser conflictivas y reducir las denuncias y las acusaciones falsas contra los policías.

PRUEBA PILOTO

Las cámaras se probaron en los distritos de Ciutat Vella y Eixample, durante el día, y en Sant Martí, Ciutat Vella, Gràcia y Eixample, de noche. También usaron los dispositivos agentes de la Unidad de Soporte Policial, la actual Unidad de Refuerzo de Emergencia y Proximidad, pero desde entonces poco se ha avanzado.

Según SAPOL, después de que se publicitasen las pruebas en los medios de comunicación, Ada Colau ordenó parar el testeo. Meses después se retomaron y la última noticia que los agentes tienen es que se comprarán 150 unidades. El anuncio se hizo en diciembre de 2019 a los sindicatos y se esperaba que se pudiera disponer de ellas un año después.

MENOS AGRESIONES

Rodríguez Lima considera que este número de cámaras es del todo insuficiente. "Es necesaria una por agente que esté en la calle. Con unas 1.500 se podrían cubrir todos los turnos de trabajos". Para SAPOL, las cámaras no solo les protegen de denuncias infundadas, sino que reducen la delincuencia y las agresiones.

Desde SAPOL también se reclama al Ayuntamiento una auditoría para comprobar la seguridad de las comisarías. Desde hace tres años, el sindicato reclama cámaras de seguridad de perímetro, con grabación de imágenes.

PETICIONES DE CÁMARAS TÉRMICAS

En abril, coincidiendo con la pandemia, SAPOL planteó al consistorio la compra de cámaras térmicas para instalar en todas las dependencias policiales. El sindicato asegura que el teniente de alcaldía Albert Batlle se comprometió a poner ocho de prueba.

La queja de SAPOL es que dos meses después las cámaras no solo no se han colocado sino que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha los videosensores para controlar el aforo de las playas y ha anunciado la compra de cámaras de alta resolución para instalar en las calles de Ciutat Vella. Ambas compras, según SAPOL, rondarán los 900.000 euros.

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