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El grupo municipal del PDeCAT ha anunciado que rechaza la propuesta de la alcaldesa, Ada Colau, de obligar a promotores y constructores a destinar el 30 % de las viviendas nuevas a usos sociales.

El regidor de Urbanismo del Grup Demòcrata, Jordi Martí, ha denunciado que la alcaldesa está intentando imponer esta medida sin haber llevado a cabo ningún tipo de diálogo con el resto de las fuerzas políticas ni con los actores que pueden verse implicados por esa decisión. Además, ha advertido a la alcaldesa que la actitud de los 'comunes' puede hacer saltar por los aires el acuerdo que nació con el Pacto Municipal por la Vivienda.

Además, en el PDeCAT no se aceptará de ninguna manera que no se ponga en marcha una moratoria para la suspensión de la concesión de licencias ya que eso conllevaría una paralización del sector, con las gravísimas consecuencias que ello podría tener para la ciudad.

Según Jordi Martí, tal y como este plan está diseñado es muy negativo para los intereses de la ciudad ya que se paralizaría una buena parte de la economía, se generaría inseguridad jurídica, se incrementaría el precio de la vivienda y se favorecería los movimientos especuladores que existen alrededor del sector de la vivienda.

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