Los indepes menosprecian al Ayuntamiento de BCN en el Parlament

Barcelona pinta muy poco en la agenda del independentismo. Al menos, eso es lo que se trasluce del comportamiento que tanto Junts per Catalunya (JxCat) como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tuvieron con una propuesta de resolución que fue votada en la sesión parlamentaria de este martes.

La anécdota se produce justamente en el momento en que el independentismo abre una crisis interna y vota por primera vez de manera diferente en el hemiciclo. Sin embargo, en un tema sensible como la deuda que tiene la Generalitat con la ciudad de Barcelona, los dos grupos mayoritarios del soberanismo se mantuvieron como una piña. Incluso la CUP votó lo contrario.

La propuesta, presentada por los socialistas, iba dirigida a dejar testimonio de la importancia que debe de tener Barcelona en la política local y de la ayuda que debe recibir del Gobierno de la Generalitat. Su título era 'Por la cohesión territorial y el mundo local', y en ella se apelaban a los valores de lealtad institucional y solidaridad territorial a fin de reclamar ayuda para la administración local de la capital de Catalunya, que, por su propia naturaleza, necesita del apoyo del Govern.

El texto instaba a la Generalitat a “reconocer plenamente la importancia estratégica de la ciudad de Barcelona para Catalunya y las necesidades específicas derivadas de su capitalidad y, por tanto, a contribuir al despliegue de la Carta Municipal de Barcelona, a través de la participación municipal en la gestión de los servicios y los equipamientos de titularidad autonómica que sean básicos para el desarrollo de la ciudad, como los transportes o las telecomunicaciones; o a través de la gestión consorciada Ayuntamiento-Generalitat en ámbitos que afectan al funcionamiento diario de la ciudad, como urbanismo, vivienda, transporte urbano de viajeros, salud pública, servicios a las personas, cultura y educación”.

TODA LA OPOSICIÓN VOTA UNIDA

En otro apartado, la resolución del PSC insta también al Govern a “un comportamiento respecto al Ayuntamiento de Barcelona conforme al principio de lealtad institucional, a dar cumplimiento a sus deberes económicos y de inversión con los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y de su área metropolitana en materia social, de infraestructuras, en políticas de vivienda, seguridad, promoción y cultura”.

Un último apartado reclamaba “cumplir los compromisos de financiación hacia el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades consorciadas entre ambas administraciones”.

OÍDOS SORDOS

Fieles a la tradición autista del Govern sobre los problemas de la capital de Cataluña, los independentistas hicieron oídos sordos a los términos de la resolución, rechazando de plano todos sus puntos. Por el contrario, la oposición en bloque votó a favor de la misma: Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú Podem, CUP y PP. Sólo JxCat y ERC se enrocaron en el rechazo a una proposición que sólo implica un posicionamiento político ante un problema municipal de primera magnitud.

La consecuencia, sin embargo, es que el comportamiento parlamentario deja en evidencia las consignas que desde los banquillos del consistorio lanzan los soberanistas, ya que, contrariamente a lo que publicitan en las sedes municipales, al llegar a sede parlamentaria se aplican otros parámetros que menosprecian el peso que debe tener Barcelona como capital de Catalunya.

DEUDA Y DEUDA OCULTA

Según los últimos informes conocidos de la deuda de la Generalitat con el consistorio barcelonés, la deuda de la Administración autonómica con la ciudad llega a casi 45 millones de euros, a los que hay que sumar otros casi 42 millones correspondiente a la financiación que, por ley, ha de aportar la Generalitat para la financiación de las guarderías y que, a día de hoy, sigue sin materializarse.

A esas cifras, se le sumarían casi 12 millones de euros que el Govern tiene con entidades municipales en las que participa, como Barcelona Activa, el Mercat de les Flors, la Fundación Mobile, el Consorci de l’Auditori i Orquestra y el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.

Por si fuera poco, existe otro apartado de 22,5 millones que la Generalitat no ha pagado en concepto de tributos y transferencias corrientes. Todo ello elevaría la cifra de la deuda a más de 130 millones de euros.

LA DEUDA NO RECONOCIDA

Algunos informes, no obstante, sobrepasan con creces esta cantidad. El PP, por ejemplo, añade partidas de deuda no reconocida, como 8,9 millones de euros correspondientes al desvío de costes en el Museu del Disseny (DHUB), a la rehabilitación del Museu de Ciències Naturals o las obras en diversos colegios, ya comenzadas en la época de Xavier Trias y que no han sido abonadas todavía. En total, esas partidas omitidas elevarían la deuda en casi 40 millones de euros.

Y, por si fuera poco, los populares añaden otra partida de 45,5 millones en las que se incluirían subvenciones a discapacitados, a servicios sociales, a bibliotecas y al Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB). En total, el PP cifra la deuda en casi 223 millones de euros.

Ante el cúmulo de evidencias, el reconocimiento sobre el papel de que hay una deuda (que la resolución no cuantificaba) por pagar no debería haber supuesto el rechazo unánime de los dos grupos mayoritarios del independentismo en el Parlament.