"Barcelona es la capital del porro", dice el concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández. Y la razón no es otra que la permisiva normativa aprobada por el gobierno de Ada Colau. El regidor opina que hay que derogar la actual Ordenanza y aprobar un nuevo marco jurídico que regule el funcionamiento de los clubes y asociaciones de cánnabis en la ciudad. Al respecto, el PP presentará una propuesta en la comisión de Presidencia del próximo día 14.

El PP denuncia que en Barcelona hay 137 clubes cannábicos, y 51 de ellos se encuentran en el Eixample (25) y Ciutat Vella (26). El resto de locales están en Sant Martí (22), Sants-Montjuïc (18), Gràcia (13), Sarrià-Sant Gervasi (9), Horta-Guinardó (7), Sant Andreu (8), Les Corts (5) y Nou Barris (4). El año pasado, Metrópoli Abierta hizo una radiografía desde dentro de su funcionamiento.

Según el PP, el elevado número de estos clubes "sitúa a Barcelona en las principales guías turísticas del cannabis y supone un efecto llamada de este tipo de turismo". Fernández afirma que algunos medios de comunicación internacionales ya comparan a Barcelona con Amsterdam, ciudad a la que, tradicionalmente, se vincula con esta actividad.

INFRACCIONES EN 31 LOCALES

En 2017, el Ayuntamiento inspeccionó 76 clubes cannábicos y en 31 de ellos se detectaron irregularidades. A todos los locales en los que se comprobaron incumplimientos de la normativa se les ha abierto un expediente sancionador, asegura el PP. Fernández no entiende cómo todavía no se han registrado el resto de locales "dado el elevado porcentaje de infracciones detectadas en los establecimientos inspeccionados".

Aunque en la ciudad hay 137 clubes cannábicos, la cifra ha ido claramente a la baja desde 2013, cuando en Barcelona había 165. Pese a ello, el PP considera que hay que endurecer la normativa y que haya un mayor control por parte de la Guàrdia Urbana, que de manera habitual decomisa plantaciones de marihuana. "No se puede banalizar y socializar el consumo de las drogas. Algunos de estos locales son objeto de críticas y rechazo por parte de vecinos y colegios. Sus ubicaciones provocan problemas de convivencia”.

La actual normativa, que el PP quiere derogar, se aprobó en mayo del 2016 con los únicos votos en contra de los populares y el PDeCAT.