Ada Colau prometió que resolvería el problema de la vivienda de Barcelona en la campaña electoral de 2015. También garantizó una ciudad más igualitaria y próspera. Cinco años después, la vivienda está más cara, la brecha entre ricos y pobres es mayor y la ciudad padece un grave problemas de inseguridad, con 200.000 delitos al año.

Los sectores económicos están muy preocupados por el futuro a corto y medio plazo de Barcelona, castigada por una gestión poco rigurosa y, recientemente, por la inesperada crisis del coronavirus. En cinco años, la alcaldesa se ha enfrentado a hoteleros, restauradores y comerciantes, pero también a la Guardia Urbana y a los principales agentes de la movilidad. Como contrapartida, aumentan las subvenciones a dedo. A continuación, los grandes fiascos de Colau

VIVIENDA

En mayo de 2014, Ada Colau anunciaba su renuncia al cargo de portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un año antes de ganar las elecciones municipales, Colau aseguró que no se vincularía “a ninguna candidatura” y denunció que “el actual sistema de partidos forma parte del  problema”. Tras derrotar a Xavier Trias en las urnas, prometió la creación de 8.000 pisos sociales en su primer mandato.

Cuatro años después, la realidad era muy distinta. Apenas se habían entregado 700 y el precio de los pisos se había disparado. En la campaña electoral de 2019, Colau rebajó sus previsiones, expresando el deseo de levantar 6.000 pisos sociales. Su política de vivienda ha sido muy criticada por constructores, economistas, sectores afines a los comunes y por la misma PAH. En septiembre de 2018, su portavoz en Barcelona, Santi Mas de Xaxàs, suspendió la gestión del Ayuntamiento y criticó que el gobierno de Colau no tenía “una hoja de ruta”.

Ada Colau durante su etapa como portavoz de la PAH / Archivo
Ada Colau, durante su etapa de portavoz de la PAH.

En los momentos más duros de su primer mandato, Colau incorporó a su sucesor en la PAH, Carlos Macías, al organigrama municipal. Macías, curiosamente, era una de las voces más críticas con la gestión de la alcaldesa y aceptó un salario de 51.298,94 euros anuales.

En octubre de 2018, los barceloneses puntuaron con un 4,2 (en una escala del 0 al 10) la política de vivienda de Colau, según un barómetro del Centre d’Estudis Sociològics para Metrópoli Abierta. Fuentes próximas a la alcaldesa también admiten, en privado, que la primera edil se equivocó con sus promesas y en el diagnóstico para resolver el problema de la vivienda.

INSEGURIDAD

La inseguridad se dispara en Barcelona. El Ministerio del Interior notificó que en 2018 se registraron 194.218 delitos en la capital catalana. Es decir, 532 delitos diarios. Esta cifra aumentó en 2019, contabilizándose 552 delitos diarios entre el 1 de enero y el 30 de junio. Los robos con violencia, las agresiones sexuales y los homicidios registraron peligrosos incrementos en la ciudad. Solo El Prat (en manos, también, de los comunes) tenía unos peores índices delictivos que Barcelona en toda su área metropolitana.

“Sin seguridad no hay libertad”, denunciaba Manuel Valls, ex primer ministro francés y ex ministro del Interior con Hollande. “La inseguridad castiga, sobre todo, a las clases más pobres”, añadía el actual concejal del Ayuntamiento de Barcelona. La inseguridad, muy relacionada con el consumo y la venta de drogas, golpea muy fuerte en el Raval.

Robo con violencia en el barrio del Gòtic de Barcelona
Pelea muy violenta en el Gòtic, barrio castigado por la inseguridad.

El desmantelamiento de algunos narcopisos del Raval trasladó el problema a otras zonas de Barcelona. Entre ellas, la Verneda. Los problemas de convivencia se han multiplicado en los últimos años en este y otros barrios populares de Barcelona, como Bon Pastor y Ciutat Meridiana, entre otros. El Raval forma parte de los cuatro barrios más conflictivos de Barcelona y su área metropolitana. Los otros son la Mina (Sant Adrià del Besòs), Sant Roc (Badalona) y Sant Cosme (El Prat de Llobregat).

Algunos sindicatos de la Guardia Urbana, sobre todo el CSIF y Sapol, han denunciado la gestión de Colau, a quien acusan de desmantelar el cuerpo policial. Eugenio Zambrano, secretario de Organización del CSIF, denunció a Metrópoli Abierta que “Barcelona es una ciudad sin ley”. También ha criticado la voluntad de los comunes de “politizar” la Guardia Urbana.

MOVILIDAD

El futuro de la movilidad en Barcelona está en juego. “A pie, en bicicleta o en transporte público”. Ésta es la propuesta de los comunes, sintetizada en otra frase de Janet Sanz, segunda teniente de alcalde: “Nos imaginamos una Barcelona con menos vehículos privados”. La apuesta del gobierno municipal choca con los intereses del sector económico y, muy especialmente, de los comercios de la ciudad, muy tocados por la crisis del coronavirus.

Los deseos de Colau contrastan con los temores de los barceloneses. TMB pierde 50 millones de usuarios (entre metro y autobuses) al mes y 30 millones de euros por validaciones. La caída del transporte público coincide con el incremento de abonados del Bicing, que atraviesa una delicada situación económica, y la creación de nuevos carriles bici en Pau Claris, València, plaza de Espanya, Via Augusta, etc. En algunas calles del Eixample, como Consell de Cent, Rocafort y Girona, solo queda un carril de circulación, desaconsejable en caso de emergencia sanitaria (dificultan el acceso de las ambulancias).

Vagones del metro de Barcelona casi vacíos durante los últimos dos meses, en los que TMB acumula 60,8 millones de pérdidas
Vagones de metro casi vacíos por la crisis del coronavirus.

Sanz, la concejal que se posicionó en contra del regreso de la actividad de la industria automovilística antes del anunciado cierre de Nissan, recalcó que el espacio que se ganaría para la instalación de nuevas terrazas irían en detrimento de los vehículos motorizados. Eso sí, ella tiene un coche de los más contaminantes, como Eloi Badia, el concejal de Emergencia Climática. Y Colau acaba de estrenar una nueva flota de vehículos eléctricos, valorados en 47.000 euros la unidad, en plena crisis sanitaria y económica.

En el actual mandato, Colau también debería resolver la unión del tranvía por la Diagonal. Su proyecto, cifrado en 200 millones de euros, tiene muchos detractores por su coste y por el impacto negativo que tendría en las calles adyacentes. De momento, no arranca.

TURISMOFOBIA Y AVERSIÓN A LOS GRANDES EVENTOS

La Colau de 2020 es menos activista que la de 2015 y algo más pragmática, aunque sigue anteponiendo sus principios dogmáticos a los intereses globales. La moratoria hotelera, por ejemplo, sigue vigente en Barcelona. Los comunes se han mostrado muy críticos con el modelo turístico que heredaron y en verano de 2017 toleraron varios capítulos de turismofobia en la ciudad, con agresiones y quema de autobuses incluidas. También ha cuestionado la llegada de cruceristas a la Ciudad Condal por motivos ecológicos. El turismo representa el 12% del PIB de Barcelona y su caída por la crisis del coronavirus tendrá un impacto muy negativo en algunos sectores. Hoteles, restaurantes y comercios deberán buscar nuevas fórmulas para reinventarse. Entre sus éxitos está la persecución de los pisos turísticos ilegales.

Hace cinco años, la alcaldesa también renegaba del Mobile World Congress. Más recientemente, en junio de 2018, el entonces primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, dio plantón al jefe del Mobile, John Hoffman, en una cena de los Amics del Passeig de Gràcia que se celebró en el Hotel Casa Fuster. En 2020, su postura es más conciliadora.

Pintada del coronavirus contra los turistas del Park Güell / @LEscorpiMetxa
Pintada contra los turistas durante la crisis del coronavirus. 

La alergia de los comunes a los grandes proyectos también explica que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) descartara Barcelona como su nueva sede central, que hubiera tenido un gran impacto económico en la ciudad. La EMA nunca fue una prioridad de los comunes. Al contrario, era un problema para la alcaldesa, que no quería incomodar a sus bases.

El sector cultural de Barcelona, asimismo, lamenta las trabas de Colau al Hermitage, que tendría un impacto económico de 21 millones de euros anuales y generaría 377 puestos de trabajo. Hace un año, y para tapar el malestar de los vecinos del Raval por la proliferación de narcopisos, los comunes se enfrentaron al Macba por la propiedad de la Capilla de la Misericòrdia. El actual gobierno municipal también puso muchos obstáculos al proyecto del Barça para remodelar el Camp Nou y su entorno.

MALESTAR DE RESTAURADORES Y COMERCIOS

Colau nunca ha tenido una buena sintonía con los restauradores y los comerciantes de Barcelona. Las restricciones sobre las terrazas y su complicidad con los manteros explican los recelos de dos sectores que forman parte del adn barcelonés, molestos también por sus críticas al turismo.

Las tensiones entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gremi de Restauració subieron de tono a finales de 2019 cuando el consistorio anunció que subía las tasas de las terrazas. Los restauradores asumieron que se revisaran las tarifas, pero denunciaron incrementos “abusivos”, del 700% o más en algunos casos. Un conocido restaurante de Barcelona, por ejemplo, pasó de pagar 12.000 euros en 2019 a los 90.000 euros que le pidió el Ayuntamiento para 2020 antes de que estallara la crisis del coronavirus.

El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, en un fotomontaje en el restaurante Mamarosa Beach de Barcelona / METRÓPOLI ABIERTA
Fotomontaje de Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, en el restaurante Mamarosa.

Las tensiones estallaron de manera más virulenta el pasado 16 de abril, después de que Jaume Collboni, primer teniente de alcalde, anunciara un fondo especial de 25 millones de euros para rescatar a los pequeños negocios. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, calificó la medida de “cortina de humo”. A partir de entonces comenzaron las reuniones del sector con Collboni y un acuerdo satisfactorio para las dos partes que también fue bendecido por Janet Sanz, segunda teniente de alcalde.

El comercio de Barcelona también se ha sentido maltratado por Colau. En Barcelona Oberta, por ejemplo, han criticado la permisividad de la alcaldesa con los manteros en el centro de la ciudad y las restricciones horarias, impensables en otras grandes ciudades, como Londres. El incremento de la inseguridad también ha perjudicado al pequeño comercio, sobre todo en Ciutat Vella.

LA CRISIS DE CEMENTERIS DE BARCELONA

La mala gestión de Cementiris de Barcelona, empresa de titularidad municipal presidida por Badia, ha estallado con la crisis del coronavirus. Las esperas para las incineraciones superaron los 10 días de media en las semanas más críticas del Covid-19.

Jaume Collboni, primer teniente de alcalde, recordó en Metrópoli Abierta que el Ayuntamiento invertirá 20 millones de euros en infraestructuras de cementerios. El mantenimiento (o la falta de mantenimiento) ha sido un mal endémico de la compañía municipal, que acumuló 20 millones de euros de beneficios en 10 años. Entre 2006 y 2016, Cementiris de Barcelona sólo gastó 10,2 millones de euros en trabajaos de mantenimiento, menos de la mitad de lo que ingresó por las tasas de 152.774 sepulturas.

El cementerio de Montjuïc, tras el derrumbe de 2017
El cementerio de Montjuïc, tras el derrumbe de 144 nichos en septiembre de 2017.

El 15 de septiembre de 2017 se produjo el derrumbe de 144 nichos en Montjuïc y el gobierno de Colau todavía no ha pedido disculpas. Tras el derribo se cometieron muchas irregularidades. No se avisó a los bomberos, se abrieron cajas de fallecidos en los dos últimos años y se mezclaron restos.

En los primeros días del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ayuntamiento cobró las tasas de cementerios de 2020. Su importe doblaba el de 2019. Sólo el 2% de los servicios de Cementiris de Barcelona son bonificados o están exentos de pago.

EL AGUA NO SE TOCA

Ada Colau ha fracasado en su proyecto de remunicipalizar el servicio del agua. Ni tan siquiera fue una demanda de sus votantes. Según diversas encuestas, los barceloneses puntúan con un notable la calidad y el servicio del agua, gestionado por Aigües de Barcelona. Los apoyos a la remunicipalización y a la plataforma Aigüa és vida fueron mínimos. Residuales. En algunas convocatorias, apenas reunieron a 10 simpatizantes.

La alcaldesa, con fuertes presiones a todas las fuerzas políticas del consitorio, jugó fuerte y sucio en su campaña para la municipalización del agua, que quería resolver en una multiconsulta. Sus planes, sin embargo, se desmoronaron el pasado 20 de noviembre. El Tribunal Supremo avaló la constitución de la empresa público-privada Aigües de Barcelona para gestionar el agua de Barcelona y su área metropolitana. La sociedad mixta (70% Agbar, 15% AMB y 15% Criteria Caixa) fue constituida en 2012, durante el mandato de Xavier Trias.

Sede de la empresa Aigües de Barcelona / EFE
Sede Central de Aigües de Barcelona, en la Zona Franca.

Los precedentes de otras capitales europeas, como Berlín, desaconsejan la remunicipalización del agua. El servicio empeoró y los precios incluso aumentaron en la capital alemana. Tras la sentencia del Supremo, Agbar remarcó que era “la única empresa capaz de llevar este servicio a tres millones de ciudadanos” de Barcelona y su área metropolitana.

Eloi Badia se estrelló con la remunicipalización del agua y con su deseo de crear una funeraria pública en Barcelona, rechazada mayoritariamente por la oposición. El concejal de Emergencia Climática, uno de los más dogmáticos de los comunes, simboliza gran parte de los grandes errores de Colau como alcaldesa de Barcelona.

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