La implantación del coche eléctrico es una de las banderas que los comunes esgrimen desde la cúpula del Ayuntamiento de Barcelona para justificar la particular guerra que tanto la alcaldesa, Ada Colau, como la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, realizan contra el vehículo privado. El motivo, aducen los comunes, es la elevada contaminación. Pero el problema no tiene visos de solución, al menos a corto plazo y el propio ayuntamiento ha sufrido en carne propia la dentellada de la cruel realidad.

La Guardia Urbana dispone de una flota de furgonetas viejas, destinadas a la Unidad de Refuerzo para las Emergencias y la Proximidad (UREP), que es preciso renovar con urgencia. Para ello, el consistorio convocó un concurso, pero pronto se dio cuenta de las limitaciones que tenía: los responsables municipales quieren furgonetas eléctricas, pero eso es pedir peras al olmo, porque no tiene dónde cargarlas. Por tanto, deberá adquirir furgonetas con otro tipo de combustible.

Un punto de recarga eléctrico en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Un punto de recarga eléctrico en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La cúpula municipal había enviado a todos los mandos la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos, basada en un decreto de alcaldía sobre contratación pública sostenible. En esa instrucción, se establecían las prioridades a tener en cuenta a la hora de adquirir vehículos para el consistorio: la máxima prioridad es para los vehículos eléctricos. A continuación, existen otras tres categorías: híbridos enchufables; híbridos no enchufables y térmicos de gas con distintivo Eco; y otros vehículos térmicos de gas y de gasolina con distintivo C.

Ante ese mandato, el responsable del área de Vehículos del departamento de Logística e Infraestructuras, Òscar Redón, emitió un informe, fechado el pasado 28 de junio, que lleva por título Informe expedient 20214235 y donde advertía de la imposibilidad de llevar a la práctica la orden de la alcaldesa. “Actualmente, disponer de una flota con tecnología eléctrica podría comportar un riesgo para el servicio que no se puede asumir. Las infraestructuras de que disponemos no son suficientes para garantizar la disponibilidad de zonas de carga. Las obras de electrificación comportan un gasto económico importante y la necesidad de redactar primero el proyecto correspondiente. Se requieren también muchos meses para poder tener los puntos de recarga funcionales”, señalaba el informe.

Punto de carga de vehículos eléctricos en Barcelona / AJ BCN
Punto de carga de vehículos eléctricos en Barcelona / AJ BCN

MANTENIMIENTO MUY CARO

Los problemas no se quedan ahí: “Adicionalmente, en los estudios de mercado previos al inicio de la tramitación, no se encontró un modelo de vehículo eléctrico con las características específicas, tanto técnicas como de autonomía, que exige la prestación del servicio al cual se destinarán las furgonetas objeto del contrato”. Y, por último, hay una tercera razón por la que los deseos de la cúpula municipal no se pueden cumplir: “Debido a que la implantación de la tecnología eléctrica en los vehículos todavía es muy reciente, el coste de arrendamiento de un vehículo eléctrico es muy superior al de los vehículos sin esta tecnología, sin añadir el coste de la infraestructura de recarga”.

Aún así, para el uso de los concejales del ayuntamiento, la alcaldesa ordenó la contratación de siete vehículos (Nissan Leaf) totalmente eléctricos. Los otros cinco coches (Seat León TGI) destinados a los ediles funcionan con gas natural comprimido y gasolina. Para el servicio de la alcaldesa, se utilizan tres vehículos de gasolina (destinados a la unidad de protección de Colau) y dos para el uso de la primera edil, uno de gasolina (un Seat Alhambra) y otro híbrido enchufable (un Peugeot 3008). Otro Seat Alhambra polivalente (que lo mismo puede servir para la alcaldesa, concejales o visitantes) que también es de gasolina.

Colau junto a un coche que probó, aparcado en el Ayuntamiento / MA
Colau junto a un coche que probó, aparcado en el Ayuntamiento / MA

CADA FURGONETA, 23.000 EUROS POR AÑO

Para la UREP, es imposible adquirir coches eléctricos, pero tampoco similares, puesto que ni siquiera se permiten los enchufables, ya que ello mantendría el problema de falta de lugares de suministro y el elevado coste del servicio. Por eso, al final, los técnicos municipales tuvieron que conformarse con aconsejar la tercera prioridad municipal como condición para adquirir las furgonetas: que sean híbridas no enchufables o térmicas de gas con distintivo Eco.

Esas furgonetas estarán en servicio entre 2021 y 2026. El informe de justificación del concurso especifica que las 12 furgonetas que actualmente tiene la UREP “tendrán más de 10 años de antigüedad antes de que se puedan sustituir y, por tanto, su renovación es prioritaria y muy urgente”.

Esa urgencia está a punto de materializarse: el pasado 17 de noviembre, el Ayuntamiento encargaba el suministro de los vehículos, en modalidad de arrendamiento, a la compañía Fraikin Assets SAS, Sucursal en España, por un monto de 1.393.920 euros, es decir, a unos 278.000 euros por año, o, lo que es lo mismo, a 23.200 euros anuales por cada coche. Cada uno deberá llevar un transceptor de tecnología TETRA y un sistema de gestión de flotas con receptor GPS, además de tener todos los gastos de mantenimiento (salvo el combustible) pagados. Durante los sesenta meses de vigencia del contrato, podrán hacer un máximo de 100.000 kilómetros. Si se hacen más de, el ayuntamiento deberá pagar 0,10 euros por cada kilómetro sobrepasado. Si se hacen de menos, la empresa reembolsará 0,02 euros por kilómetro dejado de circular.

Furgonetas de la UREP
Furgonetas de la UREP / ARCHIVO
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