La memoria histórica es un concepto posmoderno para, presuntamente, identificar y denunciar los desmanes ocurridos en el pasado. Sirve, entre otras cosas, para restituir la dignidad a hechos y personas y, como instrumento, tiene una innegable utilidad. Como vigilante, no deja títere con cabeza y puede acabar siendo el hijo que devora al padre. Así pues, la memoria histórica es el filtro implacable que recuerda a cada quien su verdadera naturaleza. Y hacer uso de la memoria histórica revela, a veces, algunas sorpresas.

Una de ellas es la cuarta edición del curso de Derechos Sociales, organizado por el Observatorio DESC en 2009. Aunque este abril hace 12 años del citado evento, Metrópoli Abierta ha rescatado del baúl de los recuerdos el folleto de esas jornadas, que tuvieron lugar entre el 15 de abril y el 10 de junio, en las que participaron un grupo de especialistas, sobre todo abogados, que luego confeccionaron un libro (no todos los ponentes participaron en la obra) de 135 páginas titulado Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis, igual que las jornadas. Ahí se encuentra el nudo gordiano del pensamiento de los comunes, la piedra filosofal de porqué el Ayuntamiento de Barcelona ha actuado como ha actuado durante los últimos seis años. Porque Barcelona ha estado en manos de una gran familia (política) que ha aplicado sus criterios de transformación como si de un rodillo se tratara.

UNA GRAN FAMILIA

La coordinadora de esa obra fue Vanesa Valiño, una de las personas denunciadas en la querella presentada por la plataforma Abogados Catalanes por la Constitución en la que acusan a la alcaldesa, Ada Colau, a la propia Valiño, asesora municipal de Vivienda, a las exconcejalas Laia Ortiz y Gala Pin, a la actual concejala Laura Pérez y a Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC, de favorecer a diferentes entidades vinculadas a éste con subvenciones y contratos sospechosos. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto expediente, cifra en 3,4 millones el dinero recibido que considera la plataforma que ha de ser investigado para dilucidar si se entregó correctamente. Y es que algunas de esas subvenciones habían sido puestas en duda por el propio interventor del Ayuntamiento de Barcelona, quien llegó a advertir de su posible irregularidad.

Ada Colau y Gala Pin, alcaldesa y regidora, las dos máximas responsables del ayuntamiento en el tema vecinal / Archivo
Ada Colau y Gala Pin, ex concejal responsble de Ciutat Vella / EP

En las jornadas de 2009, queda al descubierto que el grupo de personas que entonces manejaba el Observatorio DESC es el mismo que años más tarde aterrizó en el Ayuntamiento de Barcelona. “Que nadie se crea que esto es una secta. Es una familia, una gran familia, con toda la amplitud que se le quiera dar a la palabra”, explica una persona que conoce de cerca las entradas de este grupo de activistas/políticos.

EL NÚCLEO DURO DEL COLAUISMO

Allí se encontraba, por ejemplo, Gerardo Pisarello, pareja de Vanesa Valiño, primer teniente de alcalde de 2015 a 2019, entonces vicepresidente de DESC. También estaba Jaume Asens, que ofició asimismo de teniente de alcalde y que en las jornadas de 2009 se presentaba como representante de esa entidad. Pero también participó Ada Colau como miembro de ese Observatorio. No hay que olvidar que Colau, Pisarello y Asens conformaron el núcleo duro del consistorio barcelonés durante la primera legislatura de los comunes en el poder.

Hay más nombres a tener en cuenta: ahí participaba, por ejemplo, Zaida Muixí, pareja del exconcejal de Vivienda, Josep Maria Montaner. Curiosidades de la vida, el 3 de junio del 2015, pocos días después de las primeras elecciones que ganó Ada Colau, El País publicaba una entrevista con Montaner, que reconocía que “en Barcelona en Comú estoy desde el principio, desde mayo de 2014, cuando nos invitaron a Joan Subirats, Jordi Borja, Zaida Muixí y a mí”.

El concejal del distrito de Sant Martí, Josep Maria Montaner, frente a los antiguos cines Pere IV / EUROPA PRESS
Josep Maria Montaner, ex concejal del distrito de Sant Martí / EP

Y la memoria histórica arroja luz en la coincidencia de todos ellos: Subirats, excomisionado de Cultura y actual concejal del mismo ramo, también enchufó a su pareja, Carme Ribas, en el Ayuntamiento de Barcelona como alto cargo. Y Jordi Borja fue el alma mater de Observatorio DESC, su padre ideológico. Visto desde el exterior, el panorama de activismo político de los comunes semeja un grupo endogámico que ahora maneja con mano de hierro los intersticios municipales.

NOMBRES RECURRENTES

Son nombres recurrentes. Zaida Muixí participaba el pasado mes de noviembre en un acto bajo el lema Hablemos de Ciudad Educadora, donde participaban representantes de Barcelona, Bilbao, Granollers y Rosario. En ese mismo acto tomó la palabra Ada Colau como alcaldesa de la capital catalana. Curiosamente, Colau es la presidenta y una de las impulsoras de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). La filosofía de los comunes quedó meridianamente clara con los planteamientos de Muixí en esa jornada: es preciso trabajar para poner la vida en el centro de las ciudades y para hacerlas “espacios adecuados para las personas, no para el consumo”.

Quizás ese planteamiento sirva para comprender algunas de las extrañas decisiones de los munícipes barceloneses durante los últimos años, desde su empeño en poner en circulación una red decimonónica de transportes (tranvía) hasta la indolencia ante las reivindicaciones de gremios y asociaciones de vecinos. Se trata, como decía Muixí, de “priorizar el bienestar ante la mercantilización de las ciudades”.

ENTIDADES CONECTADAS

Los nombres de Ada Colau, Jordi Borja, Vanesa Valiño, Josep Maria Montaner, Zaida Muixí y Gerardo Pisarello, entre otros, aparecían también en los títulos de crédito de otra obra, El derecho a la ciudad, confeccionada por el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) en colaboración con el Observatorio DESC. Se trata de un informe de 160 páginas del 2013. ¿Y quién maneja el IDHC? David Bondia, otro de los participantes en las jornadas de DESC de 2009.

Fragmento de un documento del Observatori DESC / CEDIDA

Doce años después, Bondia sigue rigiendo los destinos del instituto y además ahora es aspirante a Síndic de Barcelona en sustitución de Maria Assumpció Vilà. La familia DESC se mantiene unida. Otro de los nombres que aparecen, el del profesor de la UB Xavier Pedrol, no tiene cargo en el Ayuntamiento, pero forma parte del comité de garantías de Barcelona en Comú en la actualidad, aunque en el año 2005 ya publicó un libro conjuntamente con Gerardo Pisarello titulado La Constitución europea y sus mitos.

El núcleo primigenio de DESC ya llevaba años trabajando. En el segundo curso de Derechos Sociales del IDHC, que tuvo lugar en 2006, la entidad ya reunió, entre otros, a Pisarello, Valiño y Bondia, por ejemplo. Y Valiño, en 2003, ya había realizado para DESC el informe Vivienda e inmigración en Barcelona. El caso de las Casernes de Sant Andreu, en colaboración con la abogada argentina Celeste Arella, también participante en las jornadas de 2009 como representante de Dones Juristes y de DESC.

LA FAMILIA Y UNO MÁS

No es mala interpretación: es memoria histórica. Otra de las participantes, la jueza Amaya Olivas, fue invitada en varias ocasiones a actos del Ayuntamiento en los que participó junto al entonces teniente de alcalde Jaume Asens. En diciembre de 2017, la web del Ayuntamiento de Barcelona se hacía eco también de un encuentro organizado por el Observatorio DESC y por el Instituto TransJus bajo el lema Una mirada integral al problema de la vivienda y se explayaba en las reflexiones de Marco Aparicio, presidente de DESC, y Juli Ponce, director del citado instituto. Casualidades de la memoria histórica: ambos también estaban ya como ponentes en las jornadas de 2009.

En este encuentro de finales de 2017 tomó parte también Vanesa Valiño, asesora del Ayuntamiento de Barcelona, Carlos Macías, técnico de vivienda de DESC y Núria Colomé, miembro de la Cooperativa Celobert, que curiosamente tiene la misma sede que DESC. Colomé participó en la redacción del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona (PDHB 2016-2025), según la web municipal. En otras palabras, fue una de las redactoras del plan municipal de vivienda diseñado por los comunes. Macías, por su parte, era también portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la entidad desde la que Colau dio el salto a la política. Apenas unas semanas después de la jornada citada, el técnico que comenzaba a criticar abiertamente a sus antiguos compañeros ahora colocados en la Administración local, fue fichado por Colau como jefe de departamento de la alcaldía con un salario de algo más de 51.000 euros. La familia y uno más.

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