La desidia de Janet Sanz: tarda tres años en responder a un informe de la síndica

Maria Assumpció Vilà, que acaba de terminar su mandato como síndica de Barcelona y ha sido relevada por David Bondia, se despidió de su cargo con un crítico informe sobre los accesos al cementerio de Montjuïc con transporte público. Dicho informe nació de una denuncia presentada en 2018 y, desde entonces, la síndica investigó, recabó información y documentos y comprobó in situ la deplorable situación en la que se encuentran muchos ciudadanos que quieren acudir a la necrópolis.

En un informe que lleva fecha del pasado mes de agosto, Vilà recoge las quejas que un ciudadano de Barcelona le hizo llegar el 2 de marzo de 2018. Este ciudadano “exponía su disconformidad con las ubicaciones y condiciones (falta de marquesina) de las paradas de autobús de la línea 21 de ida y vuelta del cementerio y, en general, con la accesibilidad en transporte público al recinto”. ¿Cómo es que una queja de hace tres años y medio se sustancia ahora? Por varios motivos, pero entre ellos destaca la desidia de los altos cargos municipales, que boicotearon la labor de Vilà durante este tiempo.

Ada Colau con la actual síndica Maria Assumpció Vilà en el pleno / TWITTER SINDICABCN

La síndica Maria Assumpció Vilà en un pleno municipal / TWITTER SINDICABCN 

LEJOS DE LAS OFICINAS Y DE LAS TUMBAS

El 18 de julio de 2017 y el 6 de noviembre de ese mismo año, el ciudadano había contactado con la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y con el área de Ecología del Ayuntamiento para exponer sus quejas: la parada del autobús (dirección El Prat), decía, “tiene el emplazamiento justo en la entada del recinto, lejos de las oficinas de atención y del inicio del espacio donde reposan los difuntos. Esta parada no dispone de ninguna marquesina para poder refugiarse en caso de mal tiempo”. La parada del autobús 21 coincide con la del 107, que sólo los domingos y festivos realiza un recorrido por el interior del cementerio. La parada de vuelta (dirección Paral·lel), está en medio de la pendiente de salida de coches de la Ronda Litoral y tampoco tiene marquesina ni ningún tipo de resguardo.

El equipo de la síndica comenzó a trabajar inmediatamente en la queja y en marzo de 2018 hizo la primera visita personal al lugar, al tiempo que pedía información a TMB y a la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad. Los meses siguientes, el tema durmió en un cajón, pero en abril de 2019 se reactivaron las pesquisas y desde esa fecha hasta noviembre de 2020 se celebraron varias reuniones de la propia síndica o de sus colaboradores con responsables y cargos de la empresa y del Ayuntamiento, reiterando la petición de la información que se le escamoteaba.

UN INFORME TARDE Y MAL

La insistencia de Vilà y sus asesores provocó que, finalmente, el consistorio le enviase, el 17 de junio de 2021, “un informe emitido el 26 de julio de 2018 por TMB”. La teniente de alcalde del ramo, Janet Sanz, evitaba dar ninguna información de su área. Eso sí: desde el Ayuntamiento se pedían disculpas por el retraso en enviar la documentación, lo que achacaban a “problemas técnicos”. Pero lo cierto es que ese informe ya estaba confeccionado prácticamente desde que la investigación comenzó en 2018, hacía más de 3 años, y ni empresa ni Administración habían hecho mención a él ni lo habían entregado.

En el informe, sin embargo, había algunos datos para reflexionar: la propia TMB reconocía que en los últimos años había recibido 12 quejas por los intervalos de paso de los autobuses y 4 quejas para solicitar una nueva parada. Apelaba también a que la parada en dirección El Prat no se puede mover de sitio y resta importancia a la ausencia de marquesina. El Ayuntamiento, por su parte, no contestó a los requerimientos de Vilà sobre la posibilidad de realizar mejoras en la accesibilidad del transporte público al cementerio o a la reordenación general de la zona para facilitar la llegada de los ciudadanos.

TIRÓN DE OREJAS A JANET SANZ

El ‘toreo’ de TMB y el Ayuntamiento a la síndica provocó las quejas de ésta, que en el informe resalta con letra destacada que “el tiempo transcurrido desde la petición de información municipal, sobre la queja de referencia, hasta que se ha recibido una parte de las respuestas solicitadas, en concreto la correspondiente a TMB, ha sido de más de 3 años. Este plazo supera con creces lo que puede considerarse un tiempo razonable, de acuerdo con los principios de eficiencia y buena Administración con que se han de regir los servicios municipales y desvirtúa la información recibida”.

Vilà da un doloroso tirón de orejas a los responsables municipales por “la falta de respuesta” de la teniente de alcalde, Janet Sanz, afirmando que su falta de respuestas “dificulta poder profundizar sobre el caso concreto, al mismo tiempo que no se corresponde con el deber de colaboración con la Sindicatura ni con los principios de actuación de una buena Administración”. Les recuerda, así, al consistorio y a TMB “su obligación de colaborar con esta Sindicatura para que pueda desarrollar adecuadamente su tarea de supervisión de los servicios municipales y al mismo tiempo velar por los derechos de la ciudadanía”.

Janet Sanz en el Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS

LAS CONTRADICCIONES DEL CONSISTORIO

En su informe, Vilà asegura que las respuestas recibidas al principio del caso por el ciudadano que presentó la queja eran “muy genéricas e inconcretas, sobre todo teniendo en cuenta que posteriormente no han ido acompañadas del resultado de posibles valoraciones a las sugerencias y propuestas efectuadas por parte de los servicios correspondientes, como se indicó al ciudadano”. Y añade que transcurridos más de 3 años, “con la información aportada por los servicios municipales no es posible conocer si actualmente se prevé alguna modificación o valoración sobre la oferta de transporte o posibles cambios de ubicación de las paradas”. En otras palabras, la desidia municipal hace imposible que la propia Sindicatura pueda realizar su trabajo con normalidad.

Pero constata que por las comprobaciones efectuadas, la Sindicatura verificó “las dificultades para acceder al cementerio mediante el transporte público” y que, pese a que el Ayuntamiento promociona el transporte público y la movilidad sostenible, ese acceso “se convierte en un paradigma de la necesidad del vehículo privado para la realización de desplazamientos a espacios de uso público, a los cuales pueden necesitar acudir personas de diferentes edades y condiciones de movilidad”. Y a ello hay que añadir los problemas para personas con movilidad reducida, ya que en la entrada del recinto hay una cuesta que difícilmente puede subir una silla de ruedas.

LECCIÓN A LOS CARGOS MUNICIPALES

Se queja también de que la movilidad por el interior del recinto, que sólo tiene transporte público domingos y festivos, se realiza de 9.30 a 14 horas y con una frecuencia de paso de entre 30 y 45 minutos. Y además de la propia inseguridad de acceso a las paradas de autobús, sin pasos claros para los viandantes, “no consta que se hayan tenido en cuenta criterios para mejorar la seguridad en rincones y paradas poco transitadas”. Recuerda la síndica también que “es preciso tener en cuenta que a menudo las personas que visitan los cementerios pueden tener cierta edad y ser mujeres (…) sería importante incorporar una visión en perspectiva de género en la ubicación de los puntos de parada en el cementerio de Montjuïc y en las paradas de bus en general”.

Los servicios de atención telefónica no se quedan al margen, ya que los colaboradores de Vilà comprobaron que cuando solicitaban por teléfono información sobre la frecuencia de paso de un autobús no sabían qué responder. Y respecto al bus 107, el de recorrido interno, ni Ayuntamiento ni TMB ni Cementiris de Barcelona supieron dar información sobre el mismo. Critica luego la falta de marquesinas (en lugares donde no hay edificios o servicios donde poder guarecerse) y termina con una frase demoledora: “Es difícil que la ciudadanía tenga presente la opción del transporte público para desplazarse el cementerio de Montjuïc”. La resolución se comunicó al Ayuntamiento, se envió al plenario del Consell Municipal, integrará el informe anual reglamentario y se le envió a la persona interesada que había interpuesto la queja.