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La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado la querella contra el regidor Eloi Badia y el director general de Cementiris, Jordi Valmaña, por el hundimiento de 144 nichos -que afectó a 350 cuerpos- en el camposanto de Montjuïc, en septiembre de 2017. La noticia la han dado a conocer los despachos de José Maria de Palacio Lassaletta y Miguel Durán que defienden los intereses de unas 60 familias disconformes con la gestión que el consistorio y la empresa pública hicieron del siniestro.

La querella penal contra Badia, Valmaña y la directora antropóloga Dominika Nociarova, que encabezó la exhumación y la identificación de los restos humanos, se presentó el pasado verano por los delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación ante el Juzgado número 18 de Primera Instancia de Barcelona, que ya no admitió a trámite la denuncia.

NUEVAS ACCIONES LEGALES

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso presentado por las familias. Pese al nuevo portazo judicial a la querella, Durán y Palacio Lassaletta no dan por zanjado el caso y tienen previsto reiniciar nuevas acciones legales que detallarán en una rueda de prensa este viernes en Barcelona, ha avanzado Crónica Global.

Los hechos se remontan al 15 de septiembre de 2017 cuando se desplomó un bloque de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc. Dos días antes se detectó una grieta en la estructura, pero Cementiris de Barcelona no avisó a los bomberos, el cuerpo que hubiera podido determinar si existía un riesgo inminente de derrumbe.

MEZCLA DE RESTOS HUMANOS Y ESCOMBROS

Uno de los grandes errores de esta crisis fue dejar entrar en la zona 0 del derrumbe una retroexcavadora que mezcló los restos humanos y todo tipo de escombros. Hasta el quinto día después del desplome, el 20 de septiembre, no llegaron los antropólogos. "Los primeros días no había nadie capaz de diferenciar entre un cascote y un hueso", aseguró el letrado De Palacio a Metrópoli Abierta

La propia síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, criticó la gestión municipal del caso y alertó de la falta de mantenimiento y del mal estado de muchas de las construcciones del cementerio. Vilà también denunció que no se avisó a los bomberos dos días antes del hundimiento y la falta de información a las familias por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

Según detalló hace cerca de un año el director general de Cementiris de Barcelona, los estudios de ADN para identificar a los cuerpos sepultados por los escombros costaron cerca de unos 800.000 euros. Un año y medio después, las familias aseguran que siguen habiendo decenas de cuerpos sin identificar. 

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