Los desalojos en Barcelona se dispararon tras el verano. Tanto que en el mes de septiembre crecieron un 50%. En la primera semana de septiembre, según los datos del Sindicat de Llogateres, esta plataforma tuvo que atender a más de 150 desahucios. En la semana del 14 al 20 del mes pasado, se programaron más de 80 desalojos en la capital catalana. El pasado 1 de octubre, el Sindicat se quejaba otra vez a través de su página de Facebook que “los últimos días, hemos asistido a un imparable goteo de expulsiones de familias con más de 150 desahucios en una sola semana. Esto se tiene que parar ya. Es preciso prohibir todos los desalojos sin alternativa habitacional. Sólo se necesita voluntad política”. A inicios del curso escolar, algunas plataformas contabilizaron hasta 207 desalojos programados (sin contar los de la primera quincena de septiembre), cifra que se disparó a 327 en la primera semana de octubre. Es decir, en apenas tres semanas, un 50% más.

El alarmante aumento tiene su explicación: durante el estado de alarma, se suspendieron todos los lanzamientos. “La paralización temporal de los desahucios ha estado más relacionada con la paralización de los juzgados que con la moratoria decretada por el Gobierno”, advierten desde el Sindicat de Llogateres. Esta organización explica también que “el Gobierno central ha alargado la moratoria de desahucios por Covid seis meses más sólo para aquellas personas afectadas económicamente por el Covid”.

POBREZA GENERALIZADA

Sin embargo, subraya que la afectación del coronavirus “no se puede medir en base a una disminución de ingresos durante la pandemia, sino que se traduce en una pauperización generalizada que golpea directamente las capas más vulnerables de la sociedad, es decir, a las familias que ya se encontraban en riesgo de exclusión residencial antes de la crisis”.

Es cierto, sin embargo, que aproximadamente el 90% de los desalojos programados no se llevan a cabo por diversos motivos, aunque algunos de los que se efectúan son sangrantes: familias en precario y con niños a su cargo se ven abocadas a un futuro incierto porque la crisis económica se ceba en los más débiles. Algunos, por falta de personal; otros, por cuestiones administrativas; otros por recursos judiciales; y otros por la presión social, como el programado en la Rambla de Cataluña esta semana y paralizado después de una masiva concentración de activistas.

MORATORIA DE SEIS MESES

El Gobierno central publicó el pasado 29 de septiembre el Real Decreto Ley 30/0220 sobre medidas extraordinarias de protección del empleo, de los trabajadores y de los autónomos. Pero esa medida “soluciona pocas cosas”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En realidad, todo seguirá igual que hasta ahora, pero sólo hasta enero del 2021, ya que en materia de suspensión de desalojos, se mantienen los supuestos del Real Decreto Ley 11/2020, que prevé aplazamientos cuando haya una vulnerabilidad sobrevenida a causa de la pandemia, cuando no haya alternativa residencial o cuando el alquiler y los gastos y suministros básicos superen el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Colectivo protestando en contra de los desahucios en Barcelona / ARCHIVO
Colectivo protestando en contra de los desahucios / ARCHIVO

En ese sentido, también se mantienen los supuestos en caso de prórrogas de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses. En el caso de moratoria de la deuda del alquiler, los supuestos prevén también aplazamientos en el caso de vulnerabilidad sobrevenida, cuando se trate de un gran arrendador de más de 10 viviendas y mantiene el deber de escoger entre la reducción del 50% o la moratoria en el pago.

CAÍDA EN PICADO POR LA CRISIS

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre del 2020 las ejecuciones hipotecarias cayeron en picado. Y se moderaron los impagos por alquiler, que fueron de 119 en Cataluña, justamente por detrás de Andalucía (172) y Comunidad Valenciana (131). Ello representa un 90% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Según un informe de este verano del Observatori DESC, el precio del alquiler en Barcelona ciudad subió un 43,6% entre 2013 y 2019. “Actualmente, la mayoría de desahucios son de alquiler: en 2019 supusieron el 65% de los lanzamientos en Cataluña y, en ciudades como Barcelona, el 85%”. En 2018, último año del que existen cifras oficiales, el alquiler medio se situaba en Barcelona en 930 euros. “Según el Observatori d’Emancipació Juvenil, el porcentaje del salario que un joven ha de destinar a alquilar una vivienda a precio de mercado, se sitúa en un 119,7% en Cataluña en 2019. Actualmente, muchas familias catalanas destinan más del 50% de los ingresos a pagar el alquiler, cuando las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a la vivienda, incluyendo los suministros básicos”, añade el informe de DESC.

Según las estadísticas municipales, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) atendió 2.351 casos en 2017, de los que resolvió positivamente 1.362; en 2018, fecha del último año que tiene estadísticas, atendió 2.270 casos y resolvió positivamente 2.088. Por distritos, Nou Barris, con 403 procesos de lanzamiento fue el más afectado, seguido de Sants-Montjuïc (363), Ciutat Vella (313), Sant Martí (252), Horta-Guinardó (250), Eixample (244), Sant Andreu (234), Gràcia (125) y Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi (43 cada uno). Los datos de 2019 no han sido aún hechos públicos.

LA PRÓXIMA LUCHA DE LA PAH

Pero en 2020, en plena crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia del Covid-19, la situación comienza a ser desesperada. La PAH ha anotado en su agenda la fecha del 15 de octubre, es decir, el próximo jueves, como una jornada intensiva: está previsto el desalojo de cuatro familias de un edificio propiedad del fondo Norvet ubicado en la calle Aragó. El litigio dura ya tres años. En 2017, la PAH logró recuperar seis viviendas en ese bloque, para acoger a familias vulnerables. En los últimos meses, ha habido negociaciones con el Ayuntamiento por medio. Dos de las familias pudieron ser realojadas pero quedan las cuatro restantes. Según la PAH, Norvet se comprometió a encontrar pisos de alquiler social para esos cuatro inquilinos, pero ese compromiso nunca se llegó a ejecutar. La organización que antes lideraba Ada Colau quiere que el Ayuntamiento multe ahora al fondo buitre con 360.000 euros por no haber hecho la oferta de alquiler social.

Protesta de la PAH por el derecho a una vivienda digna / ARCHIVO
Protesta de la PAH por el derecho a una vivienda digna / ARCHIVO

Además, la plataforma exige que se aplique la ley para que el propietario destine el 30% de los 28 pisos del edificio a alquiler social, puesto que ha hecho obras de rehabilitación (sin permiso, afirma la PAH). Eso significaría que debe destinar “8 de los 28 pisos a alquiler asequible”.

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