La gestión del derrumbe de Montjuïc fue la "peor posible"

Peor imposible. Ese es el resumen del peritaje encargado por las familias afectadas por el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc en 2017 sobre la gestión de la administración. "Mal, muy mal", señala el informe.

Alrededor de 60 familias encargaron el informe pericial, que este miércoles han entregado en el Ayuntamiento de Barcelona. En el se califica la actuación posterior al hundimiento "lejos, no solo de cualquier protocolo de los muchos que hay establecidos, sino del más elemental sentido común", de forma que "la manera en que se llevó a cabo fue la menos indicada".

FALTA DE METODOLOGÍA

El informe lo ha elaborado el catedrático de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada Miguel Cecilio Botella López, quien señala que el tratamiento aplicado para recuperar y estudiar los restos humanos en el momento posterior al derrumbe de los nichos fue "apresurado y sin metodología específica alguna" y lo realizaron personas que no eran expertas en antropología física y forense.

"No se siguió protocolo alguno, no participó ningún arqueólogo ni antropólogo, no se empleó sistemática alguna y se mezclaron los restos humanos en montones en completo desorden por operarios sin conocimientos específicos en antropología física y forense", sostiene el perito entregado este miércoles en el Ayuntamiento.

RESTOS SIN IDENTIFICAR

Considera además que, debido a la "deficitaria" tarea de selección de los restos humanos, "no va a ser posible la identificación de la mayoría de individuos", muchos de los cuales cree que siguen mezclados entre los restos del derribo. "No cabe duda", agrega, de que "en los escombros tiene que haber todavía un número considerable de huesos mezclados con los cascotes, ladrillos, restos de ataúdes".

Las familias mantienen su pulso con el Ayuntamiento, pese a que el titular del juzgado e instrucción número 18 de Barcelona desestimo en octubre la demanda de los afectados contra el concejal responsable de cementerios, Eloi Badia, y el director general de Cementiris, Jordi Valmaña. El juez alegó que no existían indicios de delito que permitieran abrir una investigación por negligencia y descartó que el hundimiento fuese provocado por el estado de abandono del cementerio.