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La asociación Impulso Ciudadano denunció este martes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante los juzgados por haber colocado el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento el pasado 17 de junio, apenas 48 horas después de haber tomado posesión como alcaldesa. La entidad cívica considera que el lazo es un símbolo partidista y político y no puede pender de un edificio oficial, que se ha de mantener neutral. La asociación ya había pedido su retirada a Colau, por lo que ésta tenía un plazo de 10 días hábiles para hacerlo. Dicho plazo vencía el pasado 5 de junio y, como no lo ha retirado, Impulso Ciudadano ha ido al contencioso-administrativo, interponiendo una denuncia que ha recaído en el juzgado de primera instancia número 7 de Barcelona.

Una nota oficial de la asociación señala que la denuncia se basa en el hecho de que “la presencia de pancartas con imágenes de lazos amarillos en administraciones públicas altera las reglas de la neutralidad política y atenta gravemente contra el pluralismo político y la libertad ideológica de los ciudadanos en su conjunto. Por ese motivo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento no debe jugar en el delicado terreno de los símbolos y, desde luego, pedimos que cese su colaboración con las entidades o personas que atentaron contra el ordenamiento constitucional y se burlaron del principio de legalidad”.

MEDIDAS CAUTELARES

Fuentes de Impulso Ciudadano señalaron también a Metrópoli que “hemos pedido medidas cautelares sobre la cuestión, esto es, que los tribunales decreten que procede retirar los lazos o pancartas de los edificios públicos momentáneamente y hasta que se dicte sentencia. Si la justicia accede a imponer esas medidas cautelares ya sería una pequeña victoria”.

También ha pedido a los grupos municipales que reflexionen “sobre la improcedencia de estos comportamientos díscolos y acuerden retirar los símbolos favorables a la excarcelación de los presos independentistas”. Asimismo, les pide que no contribuyan “con este tipo de actitudes partidistas, a generar más tensión en una sociedad ya de por sí muy crispada”.

YA HABÍA DENUNCIADO A TORRA

La misma entidad ya había denunciado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por haber colgado una pancarta en la fachada del Gobierno catalán con el lema “Libertad de los presos políticos y exiliados”. El procedimiento seguido ene se caso por la organización cívica antiindependentista fue similar: pidió su retirada y, una vez vencido el plazo, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que Torra es aforado. La denuncia fue aceptada por el alto tribunal catalán. En este caso, también se pidió la medida cautelar de la retirada de los símbolos.

Según Impulso Ciudadano, “cuando el recurso contencioso-administrativo se interpone para acabar con una situación de vía de hecho provocada por la Administración, la presunción de legalidad del acto es favorable al administrado que acude a los tribunales y no a la Administración. Por tanto, consideramos muy probable que los juzgados accedan a la petición”.

ASESORÓ EN VARIOS CASOS

La entidad también subraya su “decepción por el comportamiento insumiso de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y pide a las citadas corporaciones que respeten la legalidad democrática y que no caigan en peligrosas provocaciones que pueden dar lugar, incluso, a condenas en el ámbito penal por desobediencia”. La alcaldesa tiene ahora 10 días para presentar alegaciones ante el tribunal. Una vez pasado ese plazo, el tribunal decidiránsi se interponen medidas cautelares  y luego continuará con la tramitación de la denuncia.

Esta asociación fue la que asesoró en la presentación de sendas denuncias contra las investiduras del alcalde de Reus, Carles Pellicer, y de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, al entender que se habían empleado fórmulas contrarias al acatamiento a la Constitución por parte de algunos concejales. El TSJC ordenó repetir el pleno en el que fue elegido el primero (lo que se hizo la semana pasada) y falló en contra del recurso del segundo, al entender que en este caso no se habían vulnerado los principios constitucionales y legales.