Más problemas en el área de Janet Sanz en el Ayuntamiento de Barcelona. Un sindicato ha denunciado este martes a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), una polémica adjudicación por valor de 1,2 millones de euros, concretamente, la del corte del tráfico en las calles.

Según informa Crónica Global, la agrupación sostiene, y aporta documentación para justificarlo, que la tenencia de alcaldía de Ecología Urbana, que lidera la número dos de Ada Colau, falsificó un presupuesto para conceder la licitación sin concurso a la empresa Brothers Control SL, proveedor habitual del consistorio.

LOS MOTIVOS DE LA DENUNCIA

Fuentes cercanas a ADN Sindical, el denunciante, afirman que el expediente de contratación ha sido entregado a la citada institución tras requerir al área de Ecología Urbana que aportara información sobre el procedimiento. Y lo hacen por dos motivos. En primer lugar, porque, según el denunciante, el contrato de 1,2 millones para cortar el tráfico en las calles no encajaría con los supuestos previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite la contratación por la vía de emergencia en situaciones excepcionales, en este caso el estado de alarma.

También consideran que no cuadra la transparencia, la formalización del contrato y la justificación de la emergencia, pues los auxiliares de corte de calle, sostiene ADN, no encajan en este supuesto. Por último, recuerda el denunciante que Ecología Urbana ya abrió una licitación anterior por el mismo motivo y que, después, procedió a la adjudicación sin concurrencia.

Además, el sindicato mayoritario en la seguridad privada catalana ha entrado denuncia a Antifraude (con número de registro E-0818/2020) porque considera que hay elementos indiciarios sospechosos de que el equipo de Janet Sanz falsificó un segundo presupuesto de una empresa del sector para justificar el contrato de 1,2 millones a Brothers Control. En este sentido, ADN Sindical aporta una propuesta de servicio al Ayuntamiento que, según asegura el equipo legal que pende de Sanz, pidió a la empresa CL Serveis Auxiliars el 28 de mayo, un día después de que el sindicato pidiera explicaciones por escrito sobre una licitación que ve sospechosa. Esta fecha sería también seis días después de adjudicar el contrato que está a debate.

PRESUPUESTO FICTICIO

"Entendemos que hay fraude. Creemos que lo hay porque el Ayuntamiento pide presupuesto para el corte de calles a CL Servicios el 28 de mayo, un día después de recibir nuestra queja y seis días después de cerrar la adjudicación. Al día siguiente, el 29 de mayo, solicita a la misma empresa rectificar su propuesta antes de remitirla a este sindicato. Es evidente de que se trata de un presupuesto ficticio", avisa el sindicato.

Pero, ¿cuál sería su objetivo? "No vemos otro fin que aparentar concurrencia en el primer procedimiento que ganó 1,2 millones, cuando el portal de contratación deja claro que hubo solo una oferta", ha añadido el denunciante.

SE ACUMULAN LAS POLÉMICAS

La denuncia a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) no presupone culpabilidad del Ayuntamiento. De momento, ha recalado en el fiscalizador de las administraciones públicas, que verificará si es o no verosímil y decidirá si actúa. Estas acusaciones se suman a tres polémicas más a la política de corte de calles al tráfico en Barcelona. La primera es el hecho de que se haga en plena pandemia pero que siga a cortes anteriores de grandes vías, en una política abiertamente anticoche en la capital catalana. La segunda es la contrata en si misma, que prevé que las interrupciones de circulación las operen auxiliares de servicios cuya remuneración es de solo seis euros la hora.

La última parte polémica es el encaje de las calzadas peatonales en una batería de medidas que penalizan al automóvil en la Ciudad Condal. En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha aprobado el alza del coste de las zonas verde y azul, una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en vigor desde el 1 de enero y cuyas multas entrarán en vigor en breve.

El gobierno municipal también ha lanzado una campaña para multar a las motos que aparquen en algunas calzadas, lo que ha provocado la aparición de una plataforma contra la persecución del vehículos de dos ruedas. Por último, la propia Janet Sanz se mostró partidaria de "no reactivar" la industria del automóvil en abril. Fue semanas antes que Nissan anunciase oficialmente el cierre de tres plantas en Barcelona, decisión que dejará sin empleo directo a 2.800 personas y afectará el trabajo de unas 20.000 personas más.

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