El Ayuntamiento de Barcelona gastará prácticamente 215.000 euros en el mantenimiento ordinario de los sistemas de geolocalización de la Guardia Urbana, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de la gerencia de Seguridad para los próximos dos años. El contrato fue adjudicado el pasado 11 de noviembre a la firma Adasa Sistemas, que, sorpresivamente, fue la única licitante del concurso. La adjudicación firmada se extinguirá a finales del 2022, pero en los informes municipales se prevé que pueda haber una prórroga de dos años más, hasta finales de 2024, por lo que el presupuesto puede elevarse a un máximo de 473.000 euros, contando con eventuales modificaciones de incremento de coste.

Un informe interno del consistorio, firmado por el jefe del Departamento de Logística de Infraestructuras, Enric Pintor, destaca la necesidad de disponer de un sistema de geolocalización en tiempo real de la flota de vehículos operativos de los departamentos citados “mediante el sistema GPS y el aplicativo de gestión de emergencias Mycellium en la Sala Conjunta de Mando de forma permanente”.

CONTROLAR COCHES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

Los vehículos de la Urbana de Barcelona tienen en la actualidad 592 sistemas GPS, mientras que los Bomberos tienen sólo 15. En motos, los equipos tienen antenas combinadas especiales combinadas GSM/GPS, mientras que en los coches se han instalado antenas combinadas GSM/GPS/TETRA. Todas ellas llevan amplificados de bajo ruido integrado. Todos esos vehículos son controlados desde distintas ubicaciones, dependiendo de la unidad a la que pertenezcan. Incluso la unidad canina o la unidad montada tienen sus propios receptores (una en la calle Wellington y la otra, en Zona Franca), que se mantienen en contacto permanente con cada uno de sus equipos.

Pero el servicio a prestar va más allá de los coches que circulan por la ciudad: el equipamiento y el programario de la Guardia Urbana tiene un total de 1.203 elementos, mientras que el de los bomberos tiene 107. Estos equipamientos incluyen no sólo vehículos, sino también pockets (herramientas informáticas), donde se incluyen servidores de comunicaciones, de seguimiento de comitivas o de servidor SDS de conexión con los equipos Tetra de los coches patrulla. También incluye los programarios de gestión de comunicaciones, o de seguimiento de vehículos en tiempo real.

INFORME JURÍDICO FAVORABLE

El sistema deberá permitir detectar cualquier incidencia o avería, que son calificadas en tres niveles, según el pliego de prescripciones técnicas del contrato: crítica, importante y leve. La primera es cuando se trata de averías que provocan fallos en los sistemas considerados críticos, “los cuales no pueden dar sus servicios mínimos necesarios para el desarrollo de la actividad operativa”. Se considera una avería crítica cuando un sistema o una aplicación está fuera de servicio “o cuando una de sus funcionalidades básicas no funciona, lo que provoca una degradación del servicio superior al 50% de las pr4staciones o capacidades”. Una avería importante es cuando falla entre el 20 y el 50% de las prestaciones pero que no impide el normal funcionamiento y una avería leve es la que no afecta al servicio.

Dos coches de la Guardia Urbana de Barcelona, en una imagen de archivo / EFE
Dos coches de la Guardia Urbana de Barcelona, en una imagen de archivo / EFE

Para justificar el contrato, el Ayuntamiento encargó también un informe jurídico, que establece que se trata de un contrato de servicios y que la empresa adjudicataria puede subcontratar como máximo un 5% del presupuesto base. El resto debe ejecutarlo con personal propio. Los servicios jurídicos informaron favorablemente a la licitación del contrato y sobre las condiciones en que se había realizado ésta.

EMPRESA DE SKION GMBH

Adasa Sistemas es una compañía que pertenecía a COMSA Corporación, un holding que fusionó las constructoras de cabecera de los Miarnau y los Sumarroca, dos de las poderosas familias que crecieron en Cataluña durante las últimas décadas a la sombra de las adjudicaciones públicas de la Generalitat. Directivos de este grupo están imputados tanto en el denominado caso 3% como en el caso Pujol. Josep Miarnau, uno de los cabezas visibles de ese grupo, aparece también como uno de los interlocutores de CDC en el caso de la adjudicación de las obras del túnel de Glòries, que luego la alcaldesa Ada Colau anuló. En 2015, los empresarios Jordi Sumarroca Claverol, Joaquim Sumarroca Coixet y Susana Sumarroca Dachs fueron detenidos acusados de sobornos y cohechos por haber obtenido presuntas adjudicaciones ilegales a través de su empresa Teyco. En abril de 2019 Adasa fue vendida a la firma de inversión alemana SKion GmbH.

Según las últimas cuentas depositadas, Adasa en el 2018 tuvo unos ingresos de casi 13 millones de euros (sensiblemente superiores a los 10,6 millones del ejercicio anterior), pero el ebitda resultó negativo en 324.000 euros y el resultado de explotación estaba en 390.000 euros de números rojos. Aún así, había mejorado ostensiblemente los resultados del año anterior, cuyo ebitda era de -2,6 millones y el resultado negativo, de casi 3 millones de euros.

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