La Sindicatura detecta irregularidades en el Consorcio de Educación de Barcelona / SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA

La Sindicatura detecta irregularidades en el Consorcio de Educación de Barcelona / SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA

Información municipal

La Sindicatura detecta irregularidades en el Consorci d'Educació de Barcelona

Se descubren contratos irregulares que funcionan desde hace decenas de años en colegios públicos

12 abril, 2021 00:00

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La Sindicatura de Cuentas ha detectado algunas irregularidades en la fiscalización del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) correspondiente al año 2018. Así se desprende del segundo informe realizado por esta entidad en el 2021. El CEB gestiona 295 centros educativos, de los que 264 son de la conselleria d'Educació y 31 del Ayuntamiento de Barcelona. El informe fue aprobado por el pleno de la Sindicatura reunido telemáticamente el pasado 9 de marzo. En el trabajo realizado, la Sindicatura encontró distintas irregularidades en el seno del CEB, desde contrataciones que no se ajustan a la realidad hasta la falta de inventario del inmovilizado pasando por pagos recurrentes a personas físicas, faltas de facturas, errores contables, falta de gestión presupuestaria, falta de expedientes de contratación y adjudicaciones indebidas.

Josep Gonzàlez-Cambrey, presidente del Consorcio de Educación, junto a Josep Bargalló / EUROPA PRESS

Josep Gonzàlez-Cambrey, presidente del Consorcio de Educación, junto a Josep Bargalló / EUROPA PRESS


Una de las más graves irregularidades hace referencia a un contrato formalizado en 1983 y que se mantuvo hasta julio del 2018. Se trata de un contrato de limpieza que se tendría que sacar a concurso cada año o cada dos años. No obstante, estuvo en vigor durante nada menos que 35 años. Lo malo es que cuando en ese ejercicio se decidió licitarlo, se volvió a adjudicar de manera directa a la misma empresa que lo tenía irregularmente, “a pesar de que su objeto y el importe requería la tramitación de un procedimiento de contratación”. El CEB abona los gastos de limpieza, agua y energía de todos los centros de primaria y los de secundaria que pertenecen al Ayuntamiento.

TROCEAMIENTOS DE CONTRATOS

No es el único. “En dos centros, los contratos de limpieza incluían una cláusula de prórroga automática y habían superado la duración máxima de los contratos establecida en la normativa”, dice el informe. En ese caso, los contratos se habían mantenido sin ir a concurso durante 18 y 24 años respectivamente. “Uno de los centros tenía contratadas dos empresas para el servicio de limpieza, una para el turno de mañana y otra para el turno de la tarde, por importes individuales y conjuntos superiores a la contratación menor”, dice la Sindicatura. En ese caso, se hubiese tenido que licitar a través de un concurso público.

Otra de las irregularidades detectadas es que en los centros que dependen del CEB se realizan troceamientos de contratos. De esa manera, se evita el enviar determinadas adjudicaciones a concurso y se adjudican por contratación directa. La picaresca de los centros educativos se hace notar de muchas maneras. “Cinco centros realizaron diversos contratos menores con el mismo proveedor que tenían por objeto la misma prestación o bien prestaciones que se podían agrupar. Otros dos centros hicieron contratos menores por el mismo servicio con proveedores diferentes de manera sucesiva o durante el mismo periodo. En uno de los centros, se suscribieron dos contratos de limpieza por un importe inferior al límite del contrato menor por diferentes plantas del mismo edificio”, relata el informe.

Puerta de entrada a las oficinas del Consorcio de Educación de Barcelona en plaza Urquinaona / EUROPA PRESS

Puerta de entrada a las oficinas del Consorcio de Educación de Barcelona en plaza Urquinaona / EUROPA PRESS


SIN COMUNICAR LOS CONTRATOS

Esos casos están relacionados con la “contratación separada de prestaciones que deberían haber sido objeto de un único contrato por el hecho de constituir una unidad operativa o funcional, o están relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles”. Esas incidencias, sin embargo, tuvieron como resultado “la elusión de los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de adjudicación que habrían correspondido. Por este motivo, constituyen un fraccionamiento indebido del contrato y, en consecuencia, un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.2 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

De hecho, en la mayor parte de las contrataciones no queda documentada la selección del proveedor ni la aprobación del gasto, sino que sólo existe la factura. Para colmo, la sindicatura destaca que “ningún centro comunicó los contratos adjudicados durante el año 2018 al registro público de contratos”.

DEFICIENCIAS EN LOS EXPEDIENTES

En uno de los contratos de servicio de apoyo técnico in situ para los sistemas informáticos, por un importe de 44.460 euros, las ofertas de las dos empresas que se presentaron fueron presentadas fuera de plazo, a pesar de que las cláusulas determinaban que las proposiciones presentadas fuera de plazo no serían admitidas bajo ningún concepto. “Esta incidencia podría determinar la nulidad de pleno derecho del contrato”, advierte la Sindicatura. Además, en ese caso, la adjudicación del expediente lleva fecha posterior a la de formalización, lo que administrativamente es imposible.

En otros dos contratos examinados, uno para los servicios de comedor escolar y otro para apoyo técnico de gestión externa (adjudicados por 107.000 y 31.420 euros respectivamente), no se detallaba la propuesta económica y en ambos “sólo se recibió una propuesta económica correspondiente a los adjudicatarios finales, que eran los que ya prestaban el servicio con anterioridad. Esta incidencia podría determinar la nulidad de pleno derecho de los contratos”. En el caso del segundo de los contratos, el importe ejecutado fue un 17,68% superior al importe adjudicado.

Jaume Amat, el Síndico Mayor / RTVE

Jaume Amat, el Síndico Mayor / RTVE


FALLOS EN LAS ACTIVIDADES NO REGLADAS

La Sindicatura destaca también que “se ha observado que no existía en muchos casos una verdadera gestión presupuestaria, como pone de manifiesto la existencia de presupuestos no equilibrados, la no inclusión de las modificaciones presupuestarias, la aprobación del presupuesto fuera de plazo, la inclusión de partidas no presupuestarias dentro del presupuesto o la inexistencia de un seguimiento formal del presupuesto por parte del Consejo Escolar”.

Las irregularidades se extienden también al control sobre actividades del alumnado. Así, los centros “no tenían listas individuales de los alumnos matriculados en cursos y actividades de formación no reglada con indicación del alumno, actividad y previo abonado”. Entre otras disfunciones, la Sindicatura desvela que “en el año 2018 estaban configuradas como tasa los precios de matrícula en los niveles intermedio y avanzado en las escuelas de idiomas, mientras que en el resto de enseñanzas impartidas por estos centros tenían la naturaleza de precio público. La Sindicatura considera que el importe que los alumnos de las escuelas oficiales de idiomas han de abonar por la prestación de servicios