Los comunes niegan las coacciones a un fondo de inversión y se escudan en una ley catalana

El concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, y la concejal de Vivienda, Lucia Martín, han negado que el Ayuntamiento coaccionara al fondo de inversión Vauras Investment para que diera en alquiler social pisos de su propiedad que estaban ocupados por familias vulnerables, y se han escudado en una ley catalana.

Los regidores han comparecido en rueda de prensa tras conocerse una nueva querella contra ellos mismos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Fuensanta Alcalá, responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, quienes han sido imputados por prevaricación y coacciones.

Serra ha insistido en que se trata de unos hechos ya archivados previamente. El abogado Álex Solà ha apuntado que la querella fue inadmitida al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y que "esto lo hacía después de analizar la normativa legal y reglamentaria en vigor en el momento de los hechos".

LEY CATALANA

El concejal de Derechos de Ciudadanía ha defendido la actuación del Ayuntamiento, escudándose en una ley catalana: "De lo que se nos acusa realmente es de aplicar la legislación de vivienda, una legislación que se aprobó durante los últimos años en el Parlament, que protege los derechos de los vecinos y nosotros no podíamos hacer otra cosa que aplicarla".

Martín ha asegurado que es un "caso clarísimo de especulación inmobiliaria en el que un fondo de inversión de capital global inicia un proceso de expulsión de vecinas", ante el que el consistorio envió un requerimiento al fondo para que cumplieran la norma y ofrecieran vivienda social. "Ante los incumplimientos reiterados y teniendo en cuenta que continuaban los desahucios, el Ayuntamiento inició los expedientes sancionadores", seis en concreto, por una cuantía total de sanción de "417.000 euros", ha detallado.

DENUNCIAS

Ante la resolución judicial, Serra ha afirmado que el Ayuntamiento tendrá una actitud de "máxima colaboración", y que se enviará todos los expedientes y documentación necesaria, asegurando que la querella "se archivará". "No es nada nuevo, tenemos ya 10 denuncias como ésta. La mayoría responden a perfiles parecidos, fondos de inversión, multinacionales, lobbies de ultra derecha", sobre las cuales ha recordado que han terminado archivadas.

En este sentido, Martín ha lamentado que estas querellas busquen parar la actuación del Ayuntamiento, según ella, y ha asegurado que no lo conseguirán: "Continuaremos cumpliendo la ley, defendiendo el derecho a la vivienda de las vecinas".

VIVIENDAS EN EL POBLE-SEC

Este caso judicial se remonta a otoño de 2020. Ese año, Vauras se querelló contra Colau y los otros tres cargos municipales (los dos concejales son de Barcelona en Comú, como Colau) por la okupación de seis viviendas, propiedad del fondo de inversión, en la calle de Lleida, 38, conocidas como Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec.

En el momento de iniciar el proceso judicial, Vauras aseguraba que los desahucios se habían suspendido hasta cuatro veces, entre otros motivos, por la violencia del movimiento okupa con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona con los okupas. En aquel momento, la querella fue por coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones.