El gobierno de Ada Colau se ha gastado más de 200.000 euros en asesoramientos, estudios, memorias e informes vinculados con la puesta en marcha de la funeraria pública, un proyecto que se encuentra en vía muerta y que, difícilmente, se pondrá en marcha, al menos este mandato. Los datos figuran en las cuentas generales de 2016 y 2017 del Ayuntamiento de Barcelona.

Metrópoli Abierta ha tenido acceso a datos municipales en los que se explicita la existencia de 10 contratos --ocho de ellos adjudicados por la empresa pública Cementiris de Barcelona y dos por el consistorio- por un importe total de 205.757 euros entre 2016 y 2017. Toda la relación de contratos que aparecen son menores, es decir se han autorizado de manera directa, "sin comparar presupuestos ni otras ofertas", afirman las fuentes consultadas. La contratación pública de Cementiris de Barcelona, incluidos los contratos menores de los últimos años, se pueden consultar aquí.

SIN APOYO POLÍTICO

La intención del gobierno de los comuns era crear una funeraria a través de la empresa pública, Cementiris de Barcelona, para rebajar los precios de los entierros en Barcelona, una de las ciudades con los precios más caros. El objetivo era ofrecer, directamente, servicios funerarios y alquilar las salas de velatorio a pequeñas o medianas empresas sin implantación en la ciudad. Para ello, era necesario que se modificarán las ordenanzas de cementerios y de servicios funerarios, informan fuentes bien informadas. Lo cierto es que el proyecto de crear la funeraria, como tantos otros de Colau, se ha quedado por ahora en el cajón del olvido por falta de apoyo político y la incapacidad de los comuns de alcanzar acuerdos.

Para el concejal del PP, Javier Mulleras, estos gastos no han servido para nada. "La creación de una funeraria pública era "una operación que estaba abocada al fracaso y totalmente innecesaria porque no hubiera conseguido rebajar los precios de los funerales". Según Mulleras, los planes de los comuns de crear esta empresa era "un capricho político" fruto del "sectarismo ideológico" y de la "obsesión por remunicipalizar" del gobierno de Colau.

El contrato de mayor importe es una "memoria económica justificativa del servicio de velatorio en Montjuïc" por valor de 50.820 euros. El segundo contrato más caro es de 29.400 euros, que se adjudicó para realizar un análisis del mercado de servicios funerarios en Barcelona. Y el tercer contrato de mayor cuantía es 26.620 euros con el objetivo de hacer una "memoria del impacto económico y presupuestario derivada de modificaciones previstas en las ordenanzas municipales reguladoras de los servicios funerarios y de cementerios de Barcelona".

Otros contratos adjudicados son por el asesoramiento jurídico en la modificación de la Ordenanza de servicios funerarios (20.630 euros) y por un proyecto de modificación de la Ordenanza de cementerios de Barcelona (16.335). También se han otorgado contratos por un estudio de viabilidad de revocación de las concesiones demaniales de servicios funerarios (10.890 euros) y por un estudio de servicios funerarios (20.086 euros).

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA

Finalmente, Cementiris de Barcelona asignó otros tres contratos para una "colaboración profesional para el estudio de viabilidad de Cementeris de Barcelona incorporando la actividad de prestación de servicios funerarios", un estudio de viabilidad económica de la actividad de servicios funerarios, y asesoramientos para alegaciones en servicios funerarios. Los importes de los contratos son 14.520, los dos primeros, y 1.936 euros, el tercero.

El pasado mayo, el PP denunció que el 95% de los contratos municipales adjudicados por el gobierno de Colau en el conjunto del Ayuntamiento fueron a dedo. Según los datos de los populares de los 12.950 contratos del año pasado, 12.284 fueron a manos de una empresa de manera directa. Sólo el 5% del total, 666, se resolvieron siguiendo los principios de transparencia e igualdad.