Los problemas de convivencia vecinal en Barcelona no son pocos. Desde los conflictos con narcopisos hasta los sucedidos con los ocupantes de algunas viviendas destinadas a uso turístico, han requerido en más de una ocasión la intervención de servicios de mediación o policiales.

Al margen de los sucedidos en viviendas, se dan otros problemas de convivencia a pie de calle, fruto de un incivismo que complica el día a día de barrios y distritos.

En Sant Andreu, el Ayuntamiento quiere evitar las situaciones conflictivas entre residentes. Por ello, ha realizado una inversión para la promoción de la convivencia en el espacio público y las comunidades vecinales que se aplicará a todo el distrito.

PARTIDA

El consistorio ha desembolsado la cuantía de 313.835,93 euros, que ha recaído en la Fundació Pere Tarrés. Esta propuesta ha superado en concurso público a la segunda compañía licitadora que se ha presentado, Progess.

El servicio se llevará a cabo en la totalidad de barrios de Sant Andreu durante los próximos dos años. Una vez finalizado este plazo, habrá opción a ampliar el contrato hasta cuatro años adicionales.

Sobre el total del monto económico, se destinarán 56.722,59 euros a la actividad de este año, 171.408,90 euros al próximo, y 85.704,44 euros para cubrir el servicio en 2022.

VENTAJA ECONÓMICA

El factor determinante para que la Fundació Pere Tarrés se haya hecho con esta adjudicación ha sido su ventaja económica, cuya valoración ha superado en 29,8 puntos a la oferta presentada por Progess.

Pese a no haber sido la propuesta ganadora, la empresa adjudicataria de numerosos contratos por parte del Ayuntamiento ha obtenido un mayor reconocimiento respecto a su “metodología para detectar conflictos emergentes y reducir la conflictividad social en el espacio público”.

La oferta de Progess también ha recibido mejor puntuación en el concurso en cuanto a su “metodología para garantizar el conocimiento de la situación de las viviendas en los barrios y su implicación en la convivencia vecinal”.

CONFLICTIVIDAD

Fuentes municipales han indicado a Metrópoli Abierta que se trata de un servicio "que se presta en el distrito desde 2013", así como que la adjudicación "viene motivada por la finalización del plazo del contrato". Pese a ello, no se ha dado respuesta sobre si esta adjudicación se debe a un aumento de la conflictividad en Sant Andreu.

El presidente de la AV Sant Andreu de Palomar, Santi Serra, asegura no saber "nada de este servicio", que los vecinos no han "utilizado nunca". En este sentido, explica que "desde el Ayuntamiento" no les han informado sobre "este tema". Además, niega que se haya producido un incremento de la conflictividad que pudiera justificar la presencia de estos trabajadores.

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