La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se gastó 160.615 euros en una solución para que el personal directivo del Ayuntamiento pudiese realizar reuniones virtuales “mediante las herramientas de correo corporativas”. Este dispendio, sin embargo, no se realizó a comienzos de la pandemia, cuando hubo la orden de adaptar el teletrabajo ante el decreto de alarma dictado por el Gobierno central: la decisión municipal se produjo, precisamente, al final de la pandemia, ya que el contrato para ello fue adjudicado el día 12 de junio y la orden de ejecución del gerente del Instituto Municipal de Informática (IMI), Francisco Rodríguez, lleva fecha del 15 de junio.

Un informe técnico de emergencia redactado por Jordi Cirera, director de Operaciones y Sistemas del IMI, detalla que “este periodo de crisis sanitaria ha incrementado exponencialmente la necesidad de los trabajadores municipales de reunirse virtualmente y ha surgido la necesidad de realizar eventos y hacer formaciones de forma remota”.

Luego, señala que “dado el incremento de estas reuniones virtuales, relacionado directamente con el incremento exponencial del teletrabajo en la organización, necesitamos incrementar con urgencia los servicios contratados actualmente para satisfacer esta nueva necesidad de los trabajadores municipales”. Lo curioso es que esta necesidad es argüida precisamente cuando se apunta en el calendario al retorno a la nueva normalidad.

EN BUSCA DE UNA “SOLUCIÓN COMPLETA”  

Hasta ahora, el servicio era cubierto con Cisco Webex (una plataforma de colaboración que conecta diversos usuarios), “que es la herramienta que estamos utilizando en la organización para posibilitar esta conexión entre todos los trabajadores municipales”.

De esta manera, el directivo municipal afirma que “necesitamos una solución completa que permita a los trabajadores municipales hacer reuniones, eventos y formaciones de manera virtual, juntamente con un desarrollo detrás que permita convocar reuniones virtuales mediante las herramientas de correo corporativas. Todo esto lo encontramos dentro del ámbito de aplicación de la declaración de emergencia tal y como aparece en el anterior apartado, en el cuarto supuesto”.

Se refiere Cirera al contenido del decreto de la Alcaldía de fecha 11 de marzo en el que declara la tramitación de emergencia para la contratación de servicios y suministros con motivo de la pandemia del coronavirus. Y el supuesto 4 del citado decreto establece que se pueden hacer contrataciones a dedo, sin pasar por concurso, de “servicios, obras, transportes o suministros de todos tipo, telefonías o redes telemáticas…”.

ADJUDICADA DIRECTAMENTE SIN CONCURSO

Fue el propio IMI quien encargó directamente a la empresa Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones (SIRT) el buscar una solución. La compañía tiene ahora un mes para iniciar su trabajo. Esta firma está administrada por Froilán López y ha trabajado a menudo con el Ayuntamiento de Barcelona. El pasado mes de febrero, por ejemplo, se hizo con un contrato para renovar los nodos Backbone de la red MPLS. Esta red hace que funcionen los sistemas de vídeo, megafonía, radio, telefonía, ofimática o wifi de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB). Se da la circunstancia de que se debían de cambiar porque los actuales entran en obsolescencia este mes de julio. Ese contrato costó a las arcas municipales 242.649 euros.

Esta compañía también se alzó hace un año con un contrato de suministro e ingeniería para la instalación y configuración de los equipos para dotar de wifi a los depósitos del Metro de Barcelona. Este contrato le supuso un pellizco a las arcas públicas de 403.707 euros, ya que se llevó uno de los dos lotes de la adjudicación, El otro fue a parar a la firma Acuntia, que se llevó algo más de 303.000 euros.

En enero de 2020, SIRT provisionó de licencias antimalware para móviles a la empresa municipal Transports de Barcelona, mediante dos contratos por dos años que le supusieron 36.908 euros por un lado y 9.438 euros por otro. En ejercicios anteriores, SIRT ya había tenido diversas adjudicaciones, aunque de cuantías más reducidas, como la provisión de equipamientos para la mejora del nudo de telecomunicaciones del Instituto Municipal de Informática (IMI), el suministro de servidores y su instalación en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) o la construcción de un kit de desarrollo de software para la centralita del propio Ayuntamiento de Barcelona. Todos estos contratos oscilaban entre 35.000 y 61.000 euros.

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