Ada Colau quiere que el Estado aporte 40 millones más al transporte público del área metropolitana para poder llevar a cabo una congelación de tarifas. Así lo ha anunciado en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Barcelona este sábado. Lo que le gustaría a la alcaldesa es que el Gobierno incrementara su aportación al Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) de 108 a 148 millones de euros. Según denuncia en el comunicado, “el Estado ha dejado de invertir 540 millones en el transporte público en los últimos siete años”.

Metrópoli Abierta revelaba esta semana que la T-10 subirá por encima de los 10 euros este 2018. En realidad, no sería la primera vez que sucede, pues en 2014, antes de la bajada que pactaron el alcalde Xavier Trias y el socialista Jaume Collboni, la T-10 costaba 10,30 euros y el precio bajó a 9,95 euros. Para impedir una subida, la alcaldesa ha mandado una carta al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedirle que se haga efectiva esta inversión, después de que el gobierno municipal haya incrementado un 86% el dinero que destina al transporte público desde 2010.

Según los datos difundidos este sábado por el Ayuntamiento, mientras que en el período 2010-2017 el Ayuntamiento ha incrementado en un 86,7% sus aportaciones, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) un 21,8% y la Generalitat un 26,9%; el Gobierno del Estado ha recortado el -45,8% de sus aportaciones al sistema. Por eso, han tendido la mano al diálogo con el Gobierno, tanto el Ayuntamiento, como la Generalitat y la AMB pero, según dice, aún no han recibido respuesta.

MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE

El Ayuntamiento especifica en el comunicado que “apuesta por un modelo de ciudad sostenible que permita afrontar el reto de mejorar la calidad de vida de las personas”. En este sentido, el consistorio defiende que trabaja para cumplir los objetivos del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2013 a 2018 fomentando los desplazamientos a pie, en transporte público y en bicicleta y reduciendo el vehículo privado.

De este modo, manifiesta la necesidad de trabajar para disminuir los niveles de contaminación atmosférica y subraya en el comunicado la movilidad como uno de los elementos clave para combatir la generación de partículas contaminantes. "Garantizar una transporte público de calidad constituye la mejor alternativa a los desplazamientos en vehículo privado", argumenta el consistorio de Ada Colau.

Por ello, Colau defiende que es imprescindible que la financiación del transporte público "no dependa de las fluctuaciones en las inversiones de las administraciones implicadas" y resalta que España es el único país europeo que no tiene una ley estatal de financiación en este ámbito y que las prioridades de inversión no están orientadas al transporte público de proximidad, "que es el más usado a diario por millones de personas".

El próximo 28 de diciembre se reunirá el consejo de administración de la ATM en el que la Generalitat, con un peso del 51%, y las administraciones locales que representan el 49%, que son el Ayuntamiento de Barcelona, la AMB y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU), fijarán las tarifas del transporte público para 2018 "en función de las aportaciones recibidas por las diferentes administraciones".