El pleno ha acordado este viernes instar por unanimidad al gobierno municipal a elaborar un Informe jurídico que detalle las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento durante el periodo del estado de alarma.

Esta petición surge tras una doble polémica del Ejecutivo de Colau: al hecho de que una parte importante de los contratos adjudicados por el gobierno de Barcelona durante el Estado de Alarma ha ido dedicada a propaganda (un 32,49%) y a la contratación del asesor Nacho Padilla justo unos días después de haberle ofrecido un contrato de 17.000 euros por la campaña Barcelona té molt poder.

Pero es que lo más sorprendente de esta cuestión ha sido que, cuando se ha tratado esta cuestión en la sala Carles Pi i Sunyer esta mañana, la alcaldesa de Barcelona ha optado por el silencio y ha delegado las intervenciones del gobierno a la concejal Montserrat Ballarín, que ha intentado rebajar la importancia del tema de las polémicas adjudicaciones. Entre otras cuestiones, Ballarín ha calificado de "anécdota" la contratación de Padilla como nuevo director creativo del Ayuntamiento de Barcelona.

FALTA DE TRANSPARENCIA

La propuesta ha sido elaborada por el PP y presentada por su portavoz, Josep Bou, que cree que han usado el margen de maniobra que les daba el contexto de emergencia de sociosanitario para cosas que "nada tienen que ver" con las necesidades sociales, económicas y sanitarias de los barceloneses sino que son "prescindibles".

Jordi Coronas (ERC) ha exigido "un ejercicio de transparencia", puesto que el 32,49% del total de las contrataciones se han dedicado a publicidad por la vía de urgencia. Y ha lanzado una pregunta, que Ballarín no ha respondido y ha sido la siguiente: ¿es ética, como responsables políticos, la campaña Barcelona té molt poder? Además, Coronas ha añadido que "la ciudadanía no necesita coaching sino soluciones a sus problemas".

LLUEVE SOBRE MOJADO

Para Jordi Martí Galbis (JxCAT), se trata de un "error político mayúsculo de primer orden y ha agregado que, en este tema, "llueve sobre mojado". También ha recordado el caso de la cancelación del concierto de 250.000 euros gracias a la presión de los artistas.

Por todo ello, desde su punta de vista, "la falta de transparencia es políticamente inadmisible y ha anunciado que elevarán una consulta al Comité Ético del Ayuntamiento", ha asegurado. "Están a las antípodas de ser un gobierno de regeneración como se presentaron por primera vez hace cinco años", ha lamentado.

ROURES? NO SABE, NO CONTESTA

El concejal de Ciutadans, Paco Sierra, ha exigido "transparencia" y que se les dé acceso "a los 197 contratos firmados desde el decreto del Estado de Alarma por el gobierno municipal y podamos fiscalizarles". “Debe usted dar la cara”, refiriéndose a que la alcaldesa no ha respondido a las graves acusaciones de la oposición.

El portavoz de BCN pel Canvi, Manuel Valls, ha recordado que la mayoría de los contratos "no responden a las necesidades del actual contexto de emergencia sanitaria". Además, ha formulado la siguiente reflexión en voz alta: "Cómo es que se ha podido hacer un contrato con Mediapro (que tiene filiales en hasta siete paraísos fiscales)? ¿Entra dentro de la normativa del Ayuntamiento sobre las contrataciones públicas?". Ninguna de las dos preguntas ha sido respondida por ningún miembro del Ejecutivo barcelonés.

BALLARÍN SE DEFIENDE

Por su parte, Ballarín ha optado por responder solo las peticiones menos polémicas. Ha empezado defendiendo la actuación de su gobierno en materia de contratación pública y ha dado cifras oficiales. Concretamente, se han adjudicado 316 contratos de 11,6 millones de euros a lo largo de estas últimas diez semanas.

Si alguien quiere revisarlos, la política socialista ha respondido que "está todo publicado en la web de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona". Además, el informe que se exigía en esta proposición por el PP "ya está hecho y está a disposición de los grupos municipales", ha concluido.   

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