Colau echa el resto y dedica una millonada para intermediar en desahucios

La candidata de los comunes, Ada Colau, ha encontrado un gancho infalible para apuntalar la campaña electoral de las municipales en 2023 y movilizar su tradicional electorado: el recurrente tema de la vivienda. Este jueves, Barcelona en Comú (BeC) distribuyó un mensaje en el que se jactaba de que “el parque gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2015 era de 7.500 viviendas. Hoy son 11.500 viviendas (el parque municipal más grande de España). Entre diciembre del 24 y diciembre del 25 (solo con acabar las obras en curso) serán más de 15.000. De 2016 a 2025 se está generando el mismo parque que de 1927 a 2015”.

Son datos, a priori, objetivos, que le permiten a Colau construir un discurso progresista y buenista de la situación de la vivienda, aunque la otra cara de la moneda no es tan optimista. Según la asociación AICEC-ADICAE, en 2021 hubo en Barcelona 3.585 lanzamientos, 611 más que los 2.969 del año 2020.Son datos también objetivos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también presenta números no tan optimistas. En su informe del último año, alertó de que los lanzamientos por impago de alquiler se incrementaron en Cataluña en un 37,1% (llegaron a 9.398). En su último informe trimestral, el CGPJ apuntaba a que se producen en toda España 117 desahucios al día y durante este año, los desalojos no pararon de crecer respecto al año anterior, en una escalada infernal.

UN CONTRATO MILLONARIO

Colau no tiene la llave para frenar esa sangría, pero tiene otra llave aún más poderosa: la del dinero. Por eso, acaba de adjudicar un contrato de 3.679.038 euros para mediar ante situaciones de pérdida de vivienda en la ciudad de Barcelona. Se trata del servicio SIPHO (Servei d’Intervenció en la Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació). El contrato tendrá una duración de dos años, pero podría ser prorrogado por otros dos años más, por lo que el monto total se situaría en casi 7,4 millones de euros.

La tajada se la ha llevado la Associació per a la Recerca i Acció Vincle, una entidad que preside Francesc Xavier Rodríguez Burch, un profesional omnipresente en casos en los que hay minorías étnicas en juego. Este servicio, cuya principal tarea es mediar en las “unidades de convivencia afectadas por un proceso de desahucio”, quiere dar cobertura al Plan por el derecho a la Vivienda 2016-2025 y se estructura en cuatro ejes de actuación. Pero también sirve a los responsables municipales para maquillar la política de vivienda que no se ha gestionado con la debida rentabilidad: llega en un momento en que estamos a tiro de piedra de las elecciones municipales, por lo que la iniciativa se transforma en munición electoral, pero además, difumina el hecho del aumento de desalojos en Barcelona. El ruido de fondo permite a Colau desaparecer de escena y presentarse como la defensora de los afectados, desviando las iras hacia sus socios de gobierno.

UN BALÓN DE OXÍGENO

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que la propia Colau había fundado, subraya que de los 9.398 desalojos de Cataluña (en toda España, 41.259, por lo que la comunidad catalana va muy por delante de los restantes territorios en esta materia), 1.755 son de la ciudad de Barcelona. “Queremos poner el foco en los desahucios producidos por consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que aunque sean pocos, son desahucios que no deberían haberse producido nunca, ya que en Cataluña tenemos una ley vigente, la ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que obliga a los bancos y fondos de inversión a hacer un alquiler social y así evitar el desahucio. Estos datos corroboran que aún existen bancos que hacen caso omiso de la ley y que la Generalitat y ayuntamientos no aplican las sanciones correspondientes”.

La alcaldesa Ada Colau inaugurando las obras de 155 viviendas públicas de alquiler en el distrito de Sant Martí / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El ayuntamiento barcelonés, en cambio, mira para otro lado en este tema. El caso del edificio Orsola, en el Eixample, ha sido un balón de oxígeno para los comunes, que han vuelto a hacer de administración y de oposición a la vez. La propia alcaldesa acusó a la propiedad del edificio de levantarse de la mesa de mediación que estaba liderada por el consistorio y lanzó una advertencia asombrosa en boca de quien ha alentado siempre a la desobediencia: “¿Qué es eso de menospreciar al Ayuntamiento? ¡Se ha de respetar la autoridad!”.

LOS PEONES DE LA ALCALDESA

Pero mientras Ada Colau se convierte en oposición, se enfrenta a los fondos y moviliza a sus bases, también mueve sus peones sibilinamente: desde la PAH hasta diversas plataformas claramente alineadas con los comunes (como los sindicatos de vivienda de barrios o los de inquilinos, así como la FAVB, Elite Taxi o las redes solidarias de los distritos) o con otros grupos antisistema, como la CUP, Endavant o la CGT, han tomado partido y han situado a los socialistas como los responsables de la situación. Argumentan que sólo en la ciudad de Barcelona, --aseguran estos colectivos--, hay 20 desahucios diarios. Pero en su diana sólo aparece como culpable el PSC y no el socio mayoritario.

Una de las últimas acciones fue la protesta ante la celebración del salón The District los pasados 19 y 20 de octubre, en los que Colau cogió la bandera de la protesta y fue la más belicosa contra el salón que había permitido la Fira de Barcelona, una institución que está bajo su control.

LA EXTRAÑA PROTESTA DE LA ‘IZQUIERDA’

Pero lo más curioso es que esta semana la protesta se focalizó ante la sede del PSC, el socio en minoría del gobierno municipal. “Los socialistas proponen legislar en base a un relato promovido por la ultraderecha”, argumentan las plataformas que alientan la protesta. En este sentido, destacan que la reforma de la Lecrim será para poder desalojar a familias que ocupan una vivienda en precario en 48 horas y sin juicio. “El objetivo de esta acción es forzar a los socialistas a retirar estas medidas e impulsar otras que den respuesta a la crisis habitacional y dejen de criminalizar la pobreza”. Aseguran también que “el 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fondos; esos grandes tenedores son, en buena parte, responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por tanto, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración”.

Fotomontaje de Sánchez Llibre frente a la casa Orsola, con la que Colau "fomenta la ilegalidad" / METRÓPOLI

Cierto es que argumentan que es el PSOE quien tiene que cambiar la ley, pero también lo es que existen competencias autonómicas que dependen de la Generalitat y las corporaciones locales tienen su grano de responsabilidad. Hay otro componente extraño en esta movilización: las múltiples plataformas de la izquierda activista sólo apuntan hacia el principal rival de Colau. El Ayuntamiento de Barcelona está dominado por los comunes y el Gobierno central está formado por socialistas y comunes. En cambio, la protesta se focaliza en los socialistas exclusivamente, obviando la responsabilidad de sus socios. Todo apunta hacia una guerra sucia que hace vislumbrar una cierta manipulación de un tema que toca de cerca la fibra emocional de los más débiles.