Los cortes de calles del Ayuntamiento de Barcelona se han organizado con un repóker de contratos a dedo y con un servicio de vigilancia que ha acabado denunciado ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por, presuntamente, ser irregular. Una de las medidas estrella de Colau, Obrim carrers, empieza con un abuso de licitaciones sin concurrencia ni publicidad.

Fuentes de la oposición se quejan de que las interrupciones de tráfico en Barcelona muestran poca transparencia. Solo en los primeros meses de este año, el equipo de Colau asignó cinco contratos menores –sin concurso ni publicidad– para organizar Obrim carrers por valor de 18.143 euros.

BENEFICIARIOS DEL CONTRATO

Según relata Crónica Global, el resto de contratos fueron de 18.143 euros para la coordinación; 18.089  por el evento; 14.520  por la imagen de campaña; 17.968 y 907 por las actividades de ocio infantil. Pero, tras estos acuerdos, ¿quién sale beneficiado? Tati Inti SCCL; Utopía Barcelona; Atomic Matthews Haba; La Taula SCCL y Mucho Diseño SL. ¿El licitador? Ecología Urbana, el área de Janet Sanz, la número dos de Colau.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Por lo tanto, el gobierno liderado por Ada Colau ha concretado una medida de mandato con adjudicaciones a dedo y otro de vigilancia, por un valor de 1,2 millones de euros y asignado por procedimiento de urgencia.

ADN Sindical, mayoritario en el sector, lo ha denunciado ante Antifraude por la falta de transparencia y posibles irregularidades con la presentación de las ofertas.

CONTRATOS A DEDO

La organización de los cortes en la capital catalana no tendría mayor importancia salvo por dos hechos: ha sorprendido a los comerciantes y generado rechazo en el empresariado y se suma una vez más a la política de dedazos, contratos menores sin concurso, que ya viene poniendo en práctica el consistorio desde hace tiempo.

De hecho, el ejecutivo local de Barcelona en Comú asignó el 94% de contratas públicas a dedo en su primer mandato, de 2015 a 2018​. Ello generó críticas de partidos como Ciudadanos. En el pleno de febrero el grupo municipal presentó una iniciativa para limitar este tipo de tramitación. No prosperó con los votos en contra de BComú, PSC y ERC.

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