Ada Colau ha puesto al zorro a guardar las gallinas. La alcaldesa de Barcelona concedió recientemente un contrato a una empresa para que borrase los ordenadores del Instituto Municipal de Informática (IMI). La cosa no tendría mayor problema, si no fuese porque el holding al que pertenece esa empresa está en el punto de mira por los sospechosos contratos que ha obtenido de las administraciones públicas catalanas (también del Ayuntamiento de Barcelona).

El grupo Seidor forma parte de una investigación que lleva desde hace tiempo la UDEF y que trata de discernir si ha habido tratos de favor en las adjudicaciones de contratos de las administraciones catalanas hacia las empresas que conforman este holding. Se da la circunstancia de que Juan Antonio Rakosnik, cuñado del expresidente de la Generalitat Artur Mas es uno de sus ejecutivos. Además, los encargos públicos se multiplicaron desde la llegada al poder de Convergència. Primero, fue la Generalitat; luego, el Ayuntamiento de Barcelona, ya en manos de Xavier Trias.

Fuentes cercanas a las investigaciones señalan a Metrópoli Abierta que “las investigaciones siguen su curso” y aseguran que no hay nada definitivo todavía, aunque se niegan a dar más detalles de cómo están las pesquisas. Si reconocen, sin embargo, que éstas afectan a más empresas del ámbito de las telecomunicaciones.

En esas investigaciones se tratará de dilucidar si las compañías relacionadas con familiares de Artur Mas han tenido trato de favor por parte de las Administraciones públicas. Pero otra rama de la investigación apunta directamente a altos cargos de Convergència que estarían detrás de las empresas que se han llevado la mayor parte de los contratos públicos, entre ellos los dirigentes de la sectorial TIC de CDC. Precisamente quien estuvo al frente de las adjudicaciones desde el 2012 es Jordi Puigneró, recientemente nombrado consejero de Políticas Digitales del Govern. En su equipo de la consejería ha integrado a sus principales colaboradores al frente de la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.

UN HOLDING POTENTE

El grupo Seidor, sin embargo, sigue trabajando -y mucho- para el consistorio barcelonés. Una fuente municipal explica a este diario que “fue Antoni Vives el que introdujo a Seidor y a sus empresas en el Ayuntamiento, porque antes de la llegada de Convergència apenas trabajaban con nosotros”. Vives, hombre de confianza del entonces alcalde, está siendo investigado por varias concesiones municipales, entre ellas las de los túneles de Glòries, cuando era el hombre fuerte de Bimsa. De él dependía también el control del IMI. De hecho, en febrero del año pasado llegó a ser detenido en el marco de la instrucción del caso 3%, que antes llevaba un juez de El Vendrell.

Curiosamente, el actual consistorio adjudicó el contrato del borrado de la información de los ordenadores del Instituto Municipal de Informática a la sociedad Trinitech Europe, sociedad administrada por Santiago Benito, que ocupa el mismo cargo en la mayoría de las sociedades del grupo. Por el trabajo de borrado, Trinitech percibió 19.965 euros.

MÁS DE 3,2 MILLONES AL AÑO EN CONTRATOS

Durante el ejercicio del 2017, seis compañías del holding se llevaron de las arcas del municipales del IMI más de 3,2 millones de euros. Son Seidor SA, Seidor Consulting SL, SBS Seidor SL, Microsistemes SA, Innovadag SL y Trinitech Europe SL. La que más dinero se llevó fue la matriz del grupo, Seidor SA (1.127.328,59 euros), mientras que Microsistemes, una de las firmas más activas, facturó 1.072.611,66 euros.

Microsistemes, por ejemplo, fue quien vendió al Ayuntamiento los ordenadores para la sala conjunta de mando. También le facturó 15 portátiles por 20.107,78 euros. Asimismo, fue la proveedora de 40 docking stations (duplicadores de puertos) y de ordenadores para distritos, pantallas de ordenador y diverso material informático. En noviembre pasado, Seidor SA también fue la proveedora del material informático para las nuevas salas de reuniones. Seidor Consulting, por otra parte, es la empresa que lleva el servicio automatizado de las quejas de los usuarios del IMI.

La elevada facturación que las empresas de este grupo comenzaron a tener provocó que la oposición municipal se interesase por el tema y dirigiese preguntas al equipo de gobierno

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