La alcaldesa de Barcelona realiza su propio seguimiento de afectados por el coronavirus que estén integrados en grupos de riesgo. Aprovechando el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el consistorio que dirige Ada Colau acaba de adjudicar dos contratos para el “servicio de detección, prospección, mediación, intervención y apoyo a personas vulnerables integrantes de grupos de riesgo para garantizar su seguridad y su salud, evitando el contagio del virus Covid-19”.

Los dos contratos, lejos de diversificar a los beneficiarios, fueron a parar a las mismas manos: la cooperativa Progess, una de las niñas mimadas del Ayuntamiento, que desde la llegada de los comunes al consistorio incrementó considerablemente su facturación con la Administración local. Sólo a finales del año pasado se hizo con un contrato de 9,5 millones para la gestión de un Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona.

UN INFORME PARA DOS CONTRATOS

Los dos recientes contratos se adjudicaron a dedo y fueron concedidos en el mes de mayo, aunque se mantuvieron en un cajón hasta el pasado 26 de junio, sin que pasasen a la mesa de contratación como es preceptivo por la Ley de Transparencia. El primero fue por un monto de 224.723 euros y el segundo, de 117.849 euros. Se da la circunstancia de que los informes realizados para justificar ambos contratos son idénticos en su exposición de motivos. Es decir, se utilizó el mismo documento, aunque con distinto logotipo, para conceder los contratos. Uno de ellos lleva el escudo del Ayuntamiento de Barcelona, mientras que el otro carece de logotipo, aunque detalla que es de la Dirección de Servicios a las Personas y Territorio del Distrito de Ciutat Vella.

El informe de justificación señala que el servicio otorgado a Progess es “de necesidad urgente inaplazable” y explica que “en el Distrito de Ciutat Vella, en el momento de situación alarma en que nos encontramos, se están dando una serie de situaciones que incrementan el riesgo de contagio de ciertos colectivos, en particular los más vulnerables”.

LAS ZONAS CONFLICTIVAS

Añade el texto que “en los diferentes puntos de atención para apoyo alimentario a personas vulnerables solas y en casales de ancianos se producen situaciones conflictivas “que ponen en peligro la salud de las personas que están haciendo cola para acceder a este servicio. El Centro de Servicios Sociales del Raval también presenta una actividad muy alta y genera aglomeraciones de usuarios en su entrada”.

Asimismo, hay algunos espacios públicos de alto riesgo, como la plaza de la Gardunya, Baluard de Migdia o Voltes d’en Cirés “en que se han detectado muchas personas haciendo esperas en la calle, la mayoría vulnerables, también menores. Es urgente realizar una prospección y detección de estas personas sin techo y orientarlos hacia los recursos asistenciales que se pongan en funcionamiento para colectivos vulnerables”.

TRABAJAR SIN COBERTURA LEGAL

La mayoría de las personas a que se refiere el informe son extranjeras, sobre todo pakistanís, bangladeses, árabes y filipinos, “con diferentes necesidades y es preciso impulsar acciones de mediación. En este contexto, es necesario también dar apoyo educativo a las familias con menores a su cargo”. El informe detalla 12 espacios donde se generan colas peligrosas, como las sedes de la parroquia Santa Anna, la Comunitat de Sant Egidi, el Chiringuito de Dios, Barcelona Actúa, el gimnasio Sant Pau, Arrels o la Iglesia de Filadelfia, entre otras. También ubica como puntos conflictivos el Arc del Teatre o el paseo de Picasso.

Lo grave de esta situación, sin embargo, no es eso. El primero de ellos, el más oneroso, fue adjudicado el 8 de mayo pasado, pero se especifica que el plazo de ejecución era entre el 4 de mayo y el 30 de junio, por lo que su adjudicación fue posterior al inicio de la actividad para la que se realizó la contratación. El segundo fue adjudicado el 22 de mayo pasado, pero sin embargo, el plazo de ejecución fue entre el 3 de abril y el 3 de mayo. En otras palabras: se realizó un trabajo para el Ayuntamiento sin que mediase contrato alguno ni adjudicación, por lo que no había cobertura legal durante su ejecución.

ESPACIO DE ACOGIDA

Esta cooperativa ya se hizo el pasado 25 de marzo con un contrato de 471.836 euros para “un servicio de atención de 24 horas a mujeres sin hogar, que incluye alojamiento, manutención, atención social y sanitaria, duchas y ropero en el equipamiento ubicado en el pasaje de dos de Maig”. Esta actividad, según se especifica en un informe urgente realizado por técnicos municipales, implica dar atención a 59 mujeres “para ofrecerles principalmente alojamiento, atención social, enfermería, cobertura de necesidades básicas (alimentación, higiene y medicación, consigna y ropero. Se trata de un espacio de acogida que se pone en marcha de forma temporal y de manera excepcional para poder atender a mujeres sin hogar de la ciudad durante el periodo de confinamiento obligatorio”.

La duración de este contrato era desde el 25 de marzo (el mismo día en que se adjudicó) hasta el 30 de junio y el importe máximo diario que se pagaría a la empresa era de 4.814,65 euros. Lo curioso es que el informe justificativo de la actividad fue realizado el pasado 4 de mayo, cuando ya llevaba trabajando la cooperativa más de un mes en ese tema. Otra grave irregularidad municipal. La adjudicación fue realizada por el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Así, por contratos adjudicados directamente sin pasar por concurso, acogiéndose al estado de alarma, el consistorio acaba de adjudicar a una de sus niños bonitas la anda despreciable cifra de más de 814,000 euros.

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