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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, regó con unos 109.000 euros a la plataforma que denunció el proyecto Castor y que interpuso una querella criminal contra los exministros de Industria Miguel Sebastián y Joan Clos (que, paradójicamente, también fue alcalde de Barcelona), contra el exministro popular José Manuel Soria, contra la exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez, contra la exministra de Agricultura y Medio Ambiente Elena Espinosa, contra el exsecretario general de Industria Ignasi Nieto, contra el exconsejero de Urbanismo valenciano Juan Cotino, contra el presidente de Escal UGC, Recaredo del Potro, y contra el presidente de ACS, Florentino Pérez.

La querella fue interpuesta por la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) en febrero del año pasado por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. La denuncia acusaba a Florentino Pérez de haber urdido un plan delictivo para obtener un “altísimo beneficio empresarial ilícito derivado de la construcción de la infraestructura, su explotación y la materialización de su financiación sin riesgo para la empresa”. El plan consistía en almacenar subterráneamente el gas frente a la costa de Tarragona.

BENEFICIOS DE 203 MILLONES

Tras detectarse cientos de temblores de tierra en el sur de Cataluña y el norte de Valencia, el proyecto fue cancelado, por lo que ACS reclamaba una indemnización millonaria que superaba los 3.300 millones de euros. La querella denunciaba también que ACS obtuvo unos beneficios de 203 millones de euros a pesar de que la inversión total en el Castro fue de 1.461 millones.

Denunciaba, asimismo, que los trabajos de construcción tuvieron sobrecostes añadidos y que ACS subcontrataba empresas de su mismo grupo para camuflar los beneficios. El coste de la factura del Castor se iba a repercutir, en un primer momento, en la factura del gas de todos los consumidores, aunque esta iniciativa se paró. En junio del año pasado, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivó la querella al no apreciar delito alguno.

CHARLAS TRAS EL 15-M

ODG fue quien corrió con la responsabilidad de interponer la querella, una iniciativa apoyada por todas las organizaciones soberanistas catalanas y por organizaciones de izquierdas en el conjunto de España. Esta organización también se implicó en actividades del 15-M, participando en conferencias o impartiendo charlas durante la efervescencia de ese movimiento social.

En 2018, justamente cuando decide interponer la querella contra el proyecto Castor, esta organización resultó ser una de las beneficiadas con subvenciones del Ayuntamiento barcelonés, disparando los ingresos de dinero público. Por un informe sobre la precariedad laboral del turismo en Barcelona, Colau le pagó 45.138,50 euros.

Por otro informe sobre “acciones para una soberanía energética con justicia, se embolsó otros 30.000 euros. Por un estudio sobre “conocimiento y codiseño para un nuevo modelo turístico”, el consistorio le concedió otros 29.087,10 euros. Y para su propia gestión (el concepto de la subvención es “La ODG enraiza y germina”), la entidad recibió otros 4.320 euros. En total, pues, prácticamente 109.000 euros de dinero público en un ejercicio donde la alcaldesa acabó recortando ayudas a los más necesitados en el último trimestre del año.

TRIPLICÓ LAS AYUDAS

Cabe recordar que, en 2017, Colau premió a esta entidad con una subvención de casi 29.000 euros por un informe sobre niños en la calle en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. También tuvo una ayuda de casi 12.000 euros por un estudio de ciudades, por lo que el total embolsado en el ejercicio anterior era de sólo 41.000 euros. Eso significa que en el 2018 casi triplicó las ayudas oficiales.

ODG no había tenido algunas ayudas municipales en contadas ocasiones. En el 2014, recibió casi 40.000 euros por hacer un estudio de un nuevo modelo energético, cuando Xavier Trias era aún alcalde de la ciudad. Y hasta finales del 2015, cuando Colau ya llevaba medio año al frente del Ayuntamiento, no recibió otro encargo: casi 39.000 euros de subvención por un informe sobre “La relocalización energética en Barcelona”.

En 2016 fue cuando comenzó un despegue  importante: en el primer trimestre de ese ejercicio, recibió una subvención de 37.942 euros por “la relocalización energética en Barcelona”. En el cuarto trimestre de ese año, volvió a tener una subvención de 24.000 euros para “promover nuevos modelos de gobernanza y financiación”, además de otra ayuda de 11.381 euros por un trabajo titulado “Los impactos del gas y sus infraestructuras”.