La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30% de las viviendas de las nuevos edificios que se construyan en la ciudad -y también grandes rehabilitaciones- a uso social. La propuesta, impulsada por el gobierno de Ada Colau, ha contado con los votos a favor de Barcelona en Comú, los regidores no adscritos (Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy), ERC y PSC. Los socialistas ya habían avanzado un día antes su intención de apoyar la propuesta. 

La medida debe superar el próximo viernes, 28 de septiembre, el trámite del pleno municipal y después pasar por la subcomisión de Urbanismo de Barcelona, un órgano del que forma parte la Generalitat de Catalunya. Si bien representantes del PDeCAT del Govern autonómico, como la consellera Elsa Artadi, no ven con buenos ojos la medida, la subcomisión no debería poner trabas a la aplicación si la propuesta técnica presentada por el Ayuntamiento es correcta. "La subcomisión no es un órgano político", afirman fuentes municipales.

IMPULSO DE LAS ENTIDADES

La medida, que se podría empezar a aplicar en las próximas semanas, ha sido impulsada por algunas entidades barcelonesas que defienden el derecho a la vivienda, entre otras la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), la PAH, el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio Desc. La propuesta aprobada se aplicará en todas aquellas promociones de más de 600 metros cuadrados de techo construido o para construir en un solar. El Ayuntamiento estima que cada año se pueden obtener unos 330 pisos sociales para Barcelona. La cifra se calcula a partir de los más de 1.100 pisos nuevos que se han levantado en Barcelona cada año entre 2008 y 2016.

El resto de grupos ha dicho que se reservaban el voto hasta el pleno del próximo viernes. El PDeCaT tiene la intención de seguir negociando un acuerdo, Ciutadans y PP han perdido la retirada del punto del orden del día a la espera de las conclusiones de la comisión de estudio de la vivienda en Barcelona, y la CUP no tomará una decisión hasta conocer el punto de vista de sus asambleas.

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