Catalana Occidente, a través de su filial de servicios funerarios, el grupo vasco Asistea, y el Ayuntamiento de Barcelona cerraron el pasado lunes (1 de marzo de 2021) la venta del 15% de las acciones de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) que todavía tenía consistorio barcelonés. Catalana Occidente abonado 28 millones de euros al Ayuntamiento, que dio luz verde a la operación en febrero de 2020. El 85% de las acciones restantes siguen en poder de Mémora, según han confirmado fuentes de SFB a este medio.

El gobierno de Ada Colau, que desde 2015 ha defendido la remunicipalización de los servicios básicos, aprobó la privatización de Serveis Funeraris de Barcelona después de seis años de muchas tensiones entre las dos partes por la actitud beligerante de Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Badia también es el presidente de Cementiris de Barcelona (CBSA), empresa de titularidad municipal que gestiona.

LA PRIMERA COMPRA

En España, los servicios funerarios empezaron a liberalizarse a partir de 1996. En 1998, Mémora compró el 49% de Serveis Funeraris de Barcelona y el Ayuntamiento se quedó con el 51% restante. La siguiente operación se realizó en 2011, cuando el operador privado adquirió un segundo paquete y abonó 63,8 millones por el 36% de las acciones.

Mémora, que trasladó su sede a Barcelona un año antes, controló desde entonces el 85% de SFB. Esta operación contempló también el pago de 18,6 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Barcelona al operador privado para controlar el 100% de Cementiris de Barcelona. Hasta 2011, el consistorio tenía el 51% de las acciones y Mémora, el 49%. Ahora, Catalana Occidente ha comprado el 15% restante.

Instalaciones de Mémora Sancho de Ávila / MÉMORA
Instalaciones de Mémora en Barcelona / ARCHIVO

EL COLAPSO DE CEMENTIRIS

El Ayuntamiento ingresa 28 millones de euros en un momento de grandes incertidumbres económicas. Durante la pasada primavera, en plena crisis del coronavirus, los crematorios de Cementiris de Barcelona se colapsaron. La incineración fue la opción escogida por el 78% de las muertes y el tiempo medio de espera se fijó entre siete y 10 días.

En plena crisis, Mémora gestionó la instalación de un nuevo horno, procedente de Gran Bretaña, que cedió a la empresa municipal. El operador privado también transformó un aparcamiento de vehículos de tres plantas en Collserola en un gran depósito de ataúdes de personas fallecidas en los momentos más duros del coronavirus.

DESPLANTES DE BADIA

El Ayuntamiento de Barcelona se desvincula totalmente de SFB. Desde el nombramiento de Badia como presidente de Cementiris de Barcelona, las relaciones entre el operador público y el privado han sido muy tirantes. El concejal, año tras año, asumía las tarifas pero se ausentaba de las reuniones del consejo de administración de SFB.

Durante el primer mandato de Colau también fracasó el proyecto de Badia de crear una funeraria pública. Pero su gestión como máximo responsable de Cementiris de Barcelona quedará marcada por el hundimiento, el 15 de septiembre de 2017, de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc, dos semanas después de que se registraran algunas grietas y temblores y la empresa no tomara medidas.

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