Comedor y cocina de un piso turístico en Barcelona / IDEALISTA
Comedor y cocina de un piso turístico en Barcelona / IDEALISTA

Barcelona suaviza las sanciones para infractores de pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento cambia los criterios de las multas para que sean "proporcionadas"

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Periodista

El Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado los criterios en las sanciones a pisos turísticos ilegales para que sean "proporcionadas". El consistorio aprobará una instrucción que tiene en cuenta factores como la reincidencia, el número de alojamientos comercializados o la situación económica del infractor a la hora de aplicar las cantidades de las multas.

Con esta acción se busca ajustar las sanciones a la realidad de personas individuales que han alquilado su piso de forma ocasional y esporádica y tienen que afrontar sanciones que ponen en riesgo la economía familiar.

INFRACCIONES GRAVES

Las infracciones muy graves podrán pasar a ser graves y de 6.001 euros si se acreditan una serie de condicionantes, se podrán reducir a 3.000 en caso de situación de vulnerabilidad y se incrementarán si se detectan circunstancias agravantes.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha explicado que estas condiciones sirven para distinguir quién es un multi infractor y quién no y ajustar estas sanciones, que en algunos casos llegaban a los 60.000 euros y ponían en riesgo la economía familiar.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

PLAN DE CHOQUE

En 2016 el Ayuntamiento puso en marcha un plan de choque "para poner freno y orden al descontrol que había en la ciudad en cuanto a los pisos turísticos irregulares". Por aquel entonces, las plataformas de alquiler turístico tenían publicados más de 6.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia y desde 2016 se han impuesto 9.077 sanciones.

Hasta enero de 2017, el Ayuntamiento castigaba esta práctica en la mayoría de los casos con importes que iban de 30.000 a 300.000 euros, aunque a partir de 2017 la cifra aumentó de 60.001 a 600.000 euros.

La actualización de criterios y las circunstancias, que se recogen en la nueva instrucción municipal que se ha elaborado, se aplicarán a las nuevas sanciones que se impongan partir de ahora y también se revisarán las impuestas en los últimos años para modularlas.

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