El Tribunal de Cuentas destapó el pasado mes de enero en un informe que el gobierno municipal que lidera Ada Colau adjudicó en el año 2016 al menos 64 contratos a empresas a los que restó tan solo un euro (y, en algunos casos, un céntimo) para tratar de eludir la normativa que rige la contratación pública.

Cinco de ellos corresponden a contrataciones menores, de servicios o de obras, en Gràcia. En este caso, quien tuvo la responsabilidad final para decidir si se llevan a cabo este tipo de prácticas es el concejal de distrito, Eloi Badia, de Barcelona en Comú.

EL DESGLOSE DE LOS 64 CONTRATOS

Según avanzó el pasado mes de enero el medio Vozpópuli, a lo largo de ese año la primera edil de la Ciudad Condal aprobó la adjudicación de 51 contratos de servicios y otros 9 de suministros por importe de 17.999 euros.

También firmó cuatro contratos de obras por 49.999 euros. Los importes coinciden prácticamente con el límite legal de la contratación menor, establecida en cantidades inferiores a 18.000 y 50.000 euros para esos tipos contractuales.

266 CONTRATOS ANALIZADOS

El ente fiscalizó hasta 266 contratos menores adjudicados por el Ejecutivo local en 2016 por un importe total de 4,5 millones de euros, de los que 64 han llamado la atención del organismo. Algunos ejemplos de estas adjudicaciones fueron obras de arreglos de aceras o de actividades culturales, como acciones menores para fiestas mayores.

En el caso del distrito de Gràcia, en el informe del Tribunal de Cuentas aparecen unas obras de renovación del pavimento de la calle de la Perla (por 49.999,99 euros), la dinamización de la plaza Olivereta (por 17.999,99 euros), el contrato dirigido a los controladores de accesos durante la Fiesta Mayor del barrio (por 17.999 euros).

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto al concejal Eloi Badia en una imagen de archivo / BCOMÚ
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto al concejal Eloi Badia en una imagen de archivo / BCOMÚ

Además, también hace referencia a otro genérico de infraestructuras de actos y actividades en la zona (también por 17.999 euros) y un quinto dirigido a los servicios de control de acceso a los actos y actividades en el distrito (por la misma cantidad que los dos anteriores).     

Aunque sea éticamente reprobable, esta manera de funcionar en el día a día por parte de estos ayuntamientos se suele hacer por no tener que pasar cada decisión menor por una votación en la reunión ejecutiva y luego aprobarla en el pleno municipal. Si no se hiciese así, la Administración local iría a un ritmo mucho más lento de lo que ya normalmente va.  

NO SOLO EN BARCELONA

Ello consta en un reciente informe del citado organismo, que ha fiscalizado los contratos menores que se han realizado durante el ejercicio del año 2016 por los ayuntamientos españoles de mayor población. Es decir, en los municipios de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador supremo de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español. Su función principal es la de ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos.

LOS PALOS DEL TRIBUNAL A COLAU Y BADIA

"Cabe deducir que su celebración podría no haber respondido a un cálculo de las necesidades públicas a satisfacer (...) sino a las ventajas prácticas de la utilización de la contratación menor desde el punto de vista de la simplicidad de su tramitación (...)", indica en su informe el tribunal.

Entrada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid / EP
Entrada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid / EP

Según detalla el documento, el uso del contrato menor sobre los casos detectados en Barcelona "aporta menores garantías que los procedimientos generales de contratación" puesto que en estos no se requiere "la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, ni la redacción de un documento de formalización".

¿BURLANDO LA LEY?

El texto concluye con un serio aviso e indica que "conlleva un menor grado de control por parte de la Administración" y es "un riesgo desde el punto de vista de una buena gestión pública".

Además, el tribunal advierte que en el caso del Ayuntamiento de Barcelona "se han detectado contratos menores sucesivos con el mismo objeto y adjudicados a la misma empresa, lo que equivale a una prórroga de los mismos", una actuación que está prohibida por la ley.

A lo largo de este miércoles, Metrópoli Abierta se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer su punto de vista sobre el citado informe pero no ha obtenido respuesta alguna.