La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha arremetido este viernes contra los pisos colmena. Lo ha hecho en la presentación del informe anual de quejas de 2018 ante el pleno municipal. Vilà, que lleva como defensora desde 2010 y ha estado con tres alcaldes distintos (Jordi Hereu, Xavier Trias y Ada Colau), ha definidido estos pisos -por llamarlos de alguna manera- como "infraviviendas" que funcionan de manera "clandestina". La síndica, como no puede ser de otra manera en esta cuestión, ha instado a Colau a acabar con este negocio, que no tiene "licencia de actividad" y no cumple con los mínimos requisitos para vivir dignamente. Vilà ha recordado que hay personas que ya viven en pisos colmena y ha exigido al Ayuntamiento buscar "una alternativa viable" a estas personas para acceder a una vivienda. 

El acceso a la vivienda ha sido un año más uno de los principales motivos de queja a la síndica. Vilà ha recordado "el déficit histórico" en políticas sociales del consistorio y ha criticado la "gentrificación", que expulsa a los vecinos de sus barrios ante la imposibilidad de pagar la vivienda, y ha instado a las distintas administraciones a llevar a cabo los cambios legislativos necesarios en la Ley de Arrandamientos Urbanos (LAU) para garantizar a todas las personas una vivienda digna. La síndica ha denunciado que a finales de 2018 había 442 familias con el expediente aprobado esperando una vivienda de emergencia social. El motivo no es otro que la falta de pisos sociales en el parque público de la ciudad. Metrópoli Abierta ya lo denunció a finales de 2018.

FALTA CLARIDAD EN CEMENTIRIS DE BCN

En la presentación del informe de 2018 ante el pleno, la síndica ha criticado la falta de claridad de la facturación en algunos de los servicios de Cementiris de Barcelona, una empresa con capital 100 x 100 municipal. Vilà ha alertado también de los elevados costes en la contración de los servicios funerarios. En 2015, la síndica ya avisó de este problema y propuso al Ayuntamiento facilitar la entrada de nuevos operadores en el mercado funerario para garantizar una competencia real y reducir los costes de los servicios, algo que en estos tres años largos el gobierno de Colau tampoco se ha hecho. La síndica apoya ahora el proyecto de Colau de la funeraria pública "para garantizar unos precios asequibles". El proyecto, con total seguridad, acabará enterrado por la falta de apoyos.

A FAVOR DE LA MULTICONSULTA

En su discurso, la síndica ha criticado la decisión del pleno de la pasada primavera de no aprobar la celebración de la multiconsulta. Vilà ha considerado que la denegación fue indebida y ha acusado a los grupos municiapales que votaron en contra "por utilizar razonamientos políticos y no jurídicos". En octubre de 2018, el pleno volvió a votar la multiconsulta, que fue aprobada tras la abstención del PSC y PDeCAT. La multiconsulta, sin embargo, no se celebrará este mandato.

En una de las pocas cuestiones que Vilà se ha mostrado discrepante con la gestión de Colau ha sido con la poca colaboración municipal con la oficina que encabeza, un tema que no es nuevo y que se repite año tras año. La síndica ha puesto sobre la mesa que el tiempo respuesta de las quejas de 2017 y 2018 se ha situado en 98 días pese a que el reglamento de la Sindicatura de Greuges de Barcelona indica que será de 15 días.

El pasado enero, Vilà denunció que el Ayuntamento tardó un año y medio en responderle a una queja sobre Sant Andreu. La síndica ha reclamado también poder acceder a la información de los expedientes relacionados con las denuncias que está supervisando. Al respecto, la defensora ha dicho que cuenta con un dictamen de la Autoridad Catalana de Protección de Datos que lo avala. Pero por ahora el Ayuntamiento no ha facilitado el acceso a la defensora.