Es sólo el principio, pero se trata también del primer paso para acabar, de una vez por todas, con la polémica de las terrazas de bares y restaurantes barceloneses, que viene enfrentando al ayuntamiento y a sus propietarios desde hace años.

La comisión extraordinaria de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona ha aprobado inicialmente este jueves una modificación de la Ordenanza de Terrazas que la hace más flexible; asimismo, ha dado luz verde a la suspensión cautelar de las obligaciones sobre distancias y lavabos que establece la normativa y que entraron en vigor el pasado 1 de enero.

La teniente de alcalde Janet Sanz ha destacado las dificultades debidas a la rigidez que planteaba la ordenanza, basada en criterios iguales para la ciudad. No obstante, la edil se ha encargado de asegurar que la garantía de accesibilidad en todas las calles “ha sido primordial e inamovible”  y que la nueva normativa es sostenible en el tiempo y tiene apoyo político mayoritario.

Para Sanz, la modificación es una propuesta “aplicable, adaptable y flexible que permite la actividad económica en los barrios y el uso vecinal” y  que se mantendrá la comisión técnica para apoyar más a los distritos con la ponencia técnica”.

Sobre este apoyo, Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, ha recordado que con los dos años de debates y la comisión extraordinaria de este jueves se “manifiesta que existe un acuerdo”, y ha añadido que siempre existirán contrarios a la nueva regulación pero cree que no condicionarán esta decisión.

La reforma -apoyada inicialmente por todos los grupos excepto el rechazo de la CUP y la abstención del concejal no adscrito- también establecerá zonas de excelencia con estándares de calidad superiores, y se eliminarán las ordenaciones singulares.

El pleno del próximo abril prevé abordar la aprobación definitiva de este cambio de la ordenanza, que plantea criterios generales para toda la ciudad pero con singularidades y criterios de distancias y ubicación orientativos. Uno de los aspectos más destacados es que las terrazas estarán preferentemente frente al local… aunque no será obligatorio mientras mantengan una distancia de 1,8 metros con la fachada, o de 1,5 en casos excepcionales.

LO QUE DICE LA OPOSICIÓN

Los diferentes grupos de la oposición al gobierno de Ada Colau han dicho cada uno la suya. Así, Raimond Blasi, del Grupo Demòcrata, ha recordado que la ordenanza ya fue aprobada durante el mandato de Xavier Trias (con el apoyo del PP)- y que “parece que ustedes hayan despertado ahora”. Y ha vuelto a reiterar que desde su grupo no hay confianza en el gobierno de Ada Colau.

Por su parte, Koldo Blanco (Ciudadanos) ha pedido algunos cambios para la aprobación definitiva de la Ordenanza, que hasta ahora sido una “espada de Damocles para los restauradores, siempre pendiendo sobre sus negocios” y generando intranquilidad, porque cree que ponía en peligro sus locales y empleos si se aplicaba rigurosamente.

El republicano Jordi Coronas ha pedido trabajar en una modificación para “que no se deba volver a rehacer” porque satisfaga tanto a restauradores como a la ciudadanía, para lo que ve indispensable garantizar la accesibilidad, unas condiciones de trabajo justas para los empleados e introducir elementos de autorregulación para asegurar la convivencia.

Desde el PSC, Daniel Mòdol ha dicho que la modificación es un proyecto de equilibrio y consenso sobre el espacio público, por lo que ha felicitado al gremio por su capacidad de acuerdo y de presionar al Ejecutivo, aunque “lo difícil viene ahora, y es la aplicación”.

Javier Mulleras (PP) ha tachado la situación de 'culebrón' que ha durado demasiados años, y ha añadido que el Gobierno de Colau ha cambiado su actitud en un giro argumental en el último capítulo, que ha permitido cerrar el asunto desde el consenso. “Estos días están acabando muchos procesos. Esperemos que este también acabe”, ha ironizado refiriéndose también al independentista.

Por su parte, Maria José Lecha (CUP) ha criticado que el acuerdo está sometido a intereses de los 'lobbies' del sector, que fomenta una concepción neoliberal del espacio público y que se hace de espaldas a los vecinos. Lecha ha acusado a Colau de seguir en la línea de ejecutivos municipales de derechas. “Es una decepción”, ha remarcado, “comprobar que BComú continúa haciendo estas políticas pese a que haya terminado su gobierno con el PSC”.

Por último, el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha sugerido que la Ordenanza debe ser un instrumento que busque el punto medio entre la actividad comercial y la convivencia vecinal.