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El sindicato de Agentes de la Policía Local (Sapol) pidió este jueves a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el cese del teniente de alcalde de Derechos Sociales, Jaume Asens. El motivo no era otro que haber defendido al okupa Rodrigo Lanza, protagonista del documental Ciutat Morta y actualmente encarcelado por haber matado en Zaragoza al motero Víctor Laínez, por supuestamente llevar unos tirantes con la bandera de España. Al mismo tiempo, el mayor sindicato de la Guardia Urbana pide que se retiren los premios Ciutat de Barcelona al documental protagonizado por Lanza.

Se da la circunstancia de que Asens había sido abogado defensor de Lanza y uno de los mayores valedores a la hora de premiar el documental referido con el principal galardón de la ciudad de Barcelona. Este nuevo episodio de desencuentro entre las fuerzas del orden y el teniente de alcalde se suma a una situación ya muy tensa que se volvió delicada tras el 1 de octubre pasado.

El pasado mes de octubre, el Servicio de Atención a Víctimas de Agresiones Policiales del 1 de octubre, que controla Asens, emitió un informe preliminar de 12 páginas en el que concluía que “las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre, a pesar de enmarcarse en la ejecución de órdenes judiciales para impedir la votación en el referéndum, supusieron un uso excesivo de la fuerza”. Otra de las conclusiones señalaba que “la violencia ejercida tuvo un marcado carácter sexista”, ya que “varias de las víctimas entrevistadas (tanto hombres como mujeres) manifestaron que los agentes ‘iban a por las mujeres’, para remarcar un trato especialmente vejatorio contra ellas e incluso un uso de la fuerza aún mayor”. También denunciaba “el disparo de balas de goma y el uso de otro material antidisturbios contra manifestantes pacíficos en ejercicio de derechos fundamentales””.

RUMORES SIN CONFIRMAR

El informe es inmisericorde con las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. “Parece ser que las actuaciones policiales iban dirigidas a generar el pánico entre la población civil y así tener un efecto desmovilizador”, dice el texto. Y luego señala que cargaron “con altas dosis de violencia para posteriormente abandonar el colegio electoral sin ni siquiera entrar a requisar el material de votación (como las urnas y las papeletas); el uso de bastones policiales, empujones, puñetazos y patadas contra personas que se encontraban en el suelo o incluso querían abandonar el lugar, o las cargas contra personas que no se encontraban bloqueando ni los accesos ni las salidas de los colegios electorales”.

El punto más polémico es el segundo, que afirma que “la violencia ejercida tuvo un marcado carácter sexista” porque varias de las víctimas manifestaron que “los agentes iban a por las mujeres”. Y continúa que “al menos dos de las víctimas (mujeres) atendidas, a su vez, relataron agresiones sexuales como tocamientos de pechos y de otras partes del cuerpo con violencia acompañadas de expresiones vejatorias (…) Relatos parecidos de al menos dos personas más han llegado a conocimiento del personal del Servicio, sin que por el momento se hayan podido entrevistar directamente a las mujeres afectadas”.

Este informe preliminar tomaba como base otro informe de 57 páginas titulado “Violación de derechos civiles y políticos. Cataluña. Septiembre y octubre 2017”. Se da la circunstancia de que este informe primigenio fue impulsado por el centro Iridia, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Lafede.cat, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el International Institut of Nonviolent Action, con el “apoyo necesario e imprescindible de Defender a quien Defiende”. El informe destaca agresiones truculentas en diferentes colegios electorales. Paradójicamente, recoge que en el IES Pau Claris se identificaron dos víctimas pero “los testimonios recogidos refieren lanzamiento de personas por las escaleras con grave riesgo, empujones, arrastramientos de personas por el suelo, golpes indiscriminados, tiradas de pelo, patadas, puñetazos, personas agarradas por la nariz, así como rotura deliberada de dedos de la mano y agresión sexual en los pechos de una mujer, entre otras”. La rotura deliberada de los dedos fue un bulo que hizo correr la concejala de ERC Marta Torrecillas, que tuvo que retractarse después de las acusaciones que había realizado. Sin embargo, en el informe fueron asumidos los hechos como ciertos, lo que indica la poca profesionalidad del mismo.

El consistorio animó a los ciudadanos a denunciar y puso a su disposición un correo electrónico para centralizar las quejas. Estas denuncias, en buena parte, debían ser gestionadas por el Centro Iridia.

José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que pidió que el Ayuntamiento se retractara del informe, señaló a Metrópoli Abierta que “es increíble que un Ayuntamiento serio y responsable sea vocero de rumores. Eso es lo penoso: recoge rumores y encima dice en el informe que ni siquiera ha hablado con las afectadas. Ello sólo indica el ánimo de echar basura encima de las Fuerzas de Seguridad”. Cobo apunta directamente a una utilización política del consistorio. “¿Cómo puede alguien pretender que, cuando están actuando como antidisturbios, vas a separar a los hombres de las mujeres a la hora de cargar? ¡Es inconcebible!”, enfatiza.

LA TRAMA DE AMIGOS

Pero no hay más que echar un vistazo a los autores del informe para saber porqué las cosas son como son: un puñado de amigos del teniente de alcalde controla una red de plataformas cívicas que le hacen los informes a medida para que Asens los pueda utilizar políticamente.

El paraguas del proyecto del informe sobre el 1-O, la plataforma Defender a quien Defiende, está coordinada por David Bondia. Esta plataforma nació en octubre de 2014 en la Universidad de Barcelona. En ella, se invitó a participar a varios profesionales. Se da la circunstancia de que David Bondia es también presidente de IDHC, otra de las organizaciones firmantes del informe.

En la presentación de la plataforma, se encontraba como invitada la abogada Anaïs Franquesa, amiga y socia de Jaume Asens. A éste, le encargaron el módulo dirigido a juristas, “en el que se analizarán las diferentes vulneraciones de derechos humanos y se identificarán las instancias nacionales e internacionales donde denunciarlas”. Esa experiencia no cayó en saco roto: ahora Asens materializa esos proyectos. Por si fuera poco, Franquesa es directiva de otra de las plataformas que firma el informe, la plataforma Iridia. Vamos, que todo queda en casa.

Asens y Franquesa fueron los que presentaron al alimón la querella contra el Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013: Carles Guillot había perdido un ojo por el impacto de una bala de goma durante un desalojo en el barrio barcelonés de Gràcia (la patria de los okupas) en 2001 y su denuncia fue archivada. Ese archivo fue confirmado sucesivamente por la Audiencia, el Supremo y el Constitucional.

Hay más coincidencias entre las entidades firmantes y los amigos de Asens: Franquesa y Jaume Saura son, respectivamente, consejera y tesorero del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). Ambos, junto a su amigo Jaume Asens, participaron el pasado mes de junio en las jornadas ‘Del civismo al Derecho a la Ciudad, organizadas por el propio consistorio barcelonés. En estas jornadas participaron también Gemma Calvet (exdiputada de ERC y recolocada en el Ayuntamiento barcelonés) y Stavros Stravides, arquitecto griego y activista de Sintagma y del 15-M, donde todos los intervinientes coincidieron en algún momento.

Los contactos entre todos ellos son más intensos. En mayo del 2016, se presentó en Barcelona la Red de Ciudades Libres de Mordazas, cuya presentación patrocinó el Ayuntamiento barcelonés en la persona de Jaume Asens. En el acto participaron representantes de varias organizaciones: International Instituto of Nonviolent Action (Felip Daza), IDHC (David Bondia), Defender a quien Defiende, Sos Racisme, Iridia (Anaïs Franquesa) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, Marta Sargot).Y vaya curiosidad: cuatro de estas organizaciones firman el estudio sobre el 1-O.

Lo más curioso, sin embargo, es que sólo un puñado de personas controlan las plataformas que le hicieron el trabajo de campo al teniente de alcalde. En ese núcleo, los nombre clave son Bondía y Franquesa, están vinculados a tres de las plataformas que figuran como firmantes del informe, por lo que la presencia de los nombres de las organizaciones en éste es un mero formalismo propagandístico para hacer ver que hay una diversidad de intereses tras los estudios.

PEREGRINACIÓN A BRUSELAS

Lo cierto es que el voluminoso informe (de dudosa credibilidad) sobre los hechos ocurridos el 1 de octubre, ha provocado que el Ayuntamiento de Barcelona se posicione sobre el tema y que lo haya enviado incluso a organismos comunitarios: hace escasamente un mes, Asens se reunió en el Parlamento Europeo con el vicepresidente de este órgano, Dimitrios Papadimoulis, con dirigentes políticos europeos del grupo Verde o del Bloco de Esquerda y con representantes de Humans Right Watch para denunciar con el polémico texto las actuaciones policiales del 1 de octubre.

Con ello, Asens aplica la estrategia expuesta en la inauguración de la plataforma Defender a quien Defiende: identifica vulneraciones (más bien, se las identifican sus amigos) y las traslada a instancias internacionales (las lleva él mismo como teniente de alcalde). Una táctica perversa que implica la utilización de la administración pública municipal como herramienta partidista al servicio de intereses muy determinados.

La intención última de Asens (que, curiosamente, en aquel viaje se entrevistó en Bruselas con el huido expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont) era que las autoridades comunitarias abran una investigación en el marco de la comisión de Derechos Civiles del Parlamento europeo. Lástima que las conclusiones del informe y los datos recogidos tengan tan poca rigurosidad.