Antoni Vives, regidor de Urbanismo durante el mandato de Xavier Trias, es uno de los encausados de Barcelona Regional / ARCHIVO
Antoni Vives, regidor de Urbanismo durante el mandato de Xavier Trias, es uno de los encausados de Barcelona Regional / ARCHIVO

Los principales encausados de Barcelona Regional se niegan a ir a la comisión de investigación

Antoni Vives y Willy Müller están acusados de provocar un agujero de casi dos millones de euros

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A. FERNÁNDEZ

Los principales acusados en el escándalo de Barcelona Regional no se presentarán en la comisión de investigación que sobre el tema tiene abierto el Ayuntamiento de Barcelona. Al menos, así se lo han hecho saber al presidente de la comisión. El exdirector general de Barcelona Regional (BR), Willy Müller, notificó su intención de no comparecer ante la comisión, mientras que Antoni Vives, exconcejal y mano derecha de Xavier Trias cuando éste era alcalde, también manifestó su intención de no acudir, aunque esa decisión no está ratificada.

La comisión, que preside el concejal de Ciudadanos Santiago Alonso, inició su andadura a primeros de este mes de noviembre y su cometido era fiscalizar las supuestas irregularidades de este ente municipal por parte del anterior equipo de Gobierno, encabezado por Trias. Vives era el presidente de Barcelona Regional y Müller, su director general. Durante el periodo de 2012 a 2015, el agujero económico generado en el ente se acercó a los dos millones de euros.

A los máximos directivos de BR se les responsabiliza de iniciar proyectos ruinosos, como inversiones en Moscú, Río de Janeiro, Lima, Viena o China. Por si fuera poco, ambos fueron acusados por la Fiscalía por enchufar en Barcelona Regional a dos hombres muy cercanos a Convergència: Antoni Miquel, más conocido como Leslie, exconcejal de CiU y cantante de los Sírex, percibió 59.544,83 euros en salarios entre 2014 y 2015 (hasta mayo de ese año, en que se celebraron elecciones); y Jesús Arévalo, se embolsó 155.067,59 euros entre 2012 y 2015 en salario de BR. Vives también hizo que Barcelona Regional asumiese la deuda total de 900.000 euros del ente BSUS, formalizado entre el Ayuntamiento, el Port de Barcelona, el Consorcio de la Zona Franca y la Fundación Abertis.

La líder de Ciudadanos en el consistorio, Carina Mejías, señaló a Metrópoli Abierta que su formación estudiará “si la negativa a presentarse es legal o no. Cuando se pide una comparecencia en una comisión del Parlament, el citado está obligado a comparecer. Ya veremos si ocurre lo mismo con una comisión de un Ayuntamiento. De lo que no hay ninguna duda es que es éticamente reprobable que un exalto cargo del Ayuntamiento no acuda a una comisión de ese Ayuntamiento para dar explicaciones sobre su gestión”.

MANIOBRAS POLÍTICAS

Los encausados sostienen que como hay una investigación judicial abierta, no están obligados a comparecer en la comisión. “Desde el primer minuto hubo la discusión de que todas aquellas acciones que estuvieran sub iudice no era necesario que se llevasen a una comisión de investigación, porque entendían que ésta es una investigación política. Pero en realidad esa excusa era para evitar que la comisión pidiese responsabilidades al anterior equipo de Gobierno, que encabezaba el propio Trias”, explica la concejala de Ciudadanos.

De hecho, los convergentes ya trataron desde el primer momento que la comisión no se creara y el propio Trias intentó pactar la paralización de la iniciativa con varios grupos municipales. No le falta razón para el temor. Un informe interno del propio Ayuntamiento relata que BR “realizaba proyectos para el extranjero sin que esta posibilidad estuviese prevista en sus estatutos, aspecto que además es incompatible con el carácter me medio propio; las decisiones de participar en proyectos internacionales o en participar en la creación de otros entes no las adoptaba el consejo de administración; y no contaba con la aprobación de la financiación necesaria para llevar a cabo proyectos internacionales”. En otras palabras, la gestión de CiU fue no sólo nefasta, sino, a todas luces, ilegal.

LAS IRREGULARIDADES

Las primeras comparecencias, de funcionarios, ya dejaron claro que algunos de los movimientos de dinero que hubo en la filial pública de urbanismo podían ser legales, pero ética y moralmente no se sostenían por ninguna parte. Los funcionarios, además, se mostraron escandalizados por las decisiones tomadas por la cúpula política del ente. Según un informe interno realizado por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento, durante la etapa de gestión de Vives se adjudicaron contratos por cantidades de dinero sospechosas: es lo que se llama el troceado de adjudicaciones, otorgando contratos a dedo a empresas amigas. Si se hubiese computado el coste total del gasto, se hubiese tenido que convocar un concurso público, al sobrepasar determinado baremo (por ejemplo, se adjudicaban contratos por 59.900 euros porque si sobrepasaban los 60.000 se hubiese tenido que convocar concurso). Pero luego se adjudicaba otro contrato a la misma empresa con el mismo objeto, lo que evidencia el favoritismo del adjudicatario.

“El principal encausado, Antoni Vives, se quitó de en medio cuando estalló el escándalo y ahora vemos que todo lo que tocó es objeto de polémica”, resume Mejías. No hay que olvidar que el exconcejal de Convergència fue detenido en febrero de este año en el marco de la Operación 3%, que investiga un juzgado de El Vendrell. En esa ocasión, el motivo de la detención fue la adjudicación, por parte de la empresa municipal Bimsa, del túnel de Glòries a varias empresas que estaban bajo sospecha y que podrían haber pagado la mordida del 3% a Convergència. Esta investigación sigue su curso.

En resumidas cuentas, hay evidencias claras sobre adjudicaciones sospechosas, materialización de contratos ilegales, actividad internacional injustificada y contratos externos también sin justificación alguna. Pero los principales responsables prefieren, de momento, no dar la cara ante el propio Ayuntamiento.

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