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Los costes de la multiconsulta ciudadana que el gobierno de Ada Colau quiere convocar antes del verano se disparan hasta los 3,6 millones de euros. El Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto preguntar a los ciudadanos en junio sobre la remunicipalización del agua, el cambio de nombre de la plaza de Antoni López por el de Idrissa Diallo (un joven muerto en el CIE de la Zona Franca), y si se debe construir vivienda social sobre el gimnasio Sant Pau, para a su vez salvar el proyecto social que se desarrolla en este equipamiento privado de Ciutat Vella.

Según documentos a los que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, la multiconsulta planteada por los comuns costará a la ciudad 3,6 millones de euros. Los gastos contemplan 1.998.149 euros para los servicios técnicos de participación electoral, 918.652,16 euros para la producción y logística de la multiconsulta y otros 53.205,20 euros para la elaboración y diseño de guías para la multiconsulta, que no será vinculante ni exige un mínimo de participación.

La partida presupuestaria también contempla 39.931,31 euros para el servicio de impresión y manipulado del código personal de votación, 100.000 euros para el servicio de impresión, manipulado y ensobrado de la guía para la multiconsulta municipal, y, finalmente, otros 535.642,80 euros para el servicio de envío del código personal de votación. Todos los gastos descritos suman unos 3,6 millones de €, IVA incluido.

Las cifras a las que ha tenido acceso Metrópoli Abierta no coinciden con las que el gobierno de Colau ha presentado a la oposición, que se mueven en torno a los dos millones de euros. Las partidas principales son un millón de euros para la parte informática y 600.000 para la producción de la multiconsulta, detallan desde el Ayuntamiento de Barcelona.

PLENARIO EXTRAORDINARIO

Las preguntas de la multiconsulta se debían aprobar en el pleno del próximo viernes, pero la propuesta no se debatirá ese día, sino en un plenario extraordinario que tendrá lugar en abril, probablemente el día 6, después de Semana Santa. Al tratarse de una consulta impulsada por iniciativas ciudadanas para la aprobación, requiere la mitad más uno de los votos de los regidores, 21 concejales sobre los 41 que tiene el pleno en la actualidad.

Aparentemente, las plataformas que impulsan la multiconsulta han conseguido las firmas necesarias para seguir con el proceso. El reglamento de participación pide 15.000 firmas y se han entregado entre 17.000 y 28.000, según la pregunta. Ahora falta comprobar y validar que todas las rúbricas son válidas.

FIRMAR POR LA MADRE

Sin embargo, las dudas sobre cómo se ha llevado a cabo la recogida de firmas pone en tela de juicio todo el proceso. El pasado 2 de marzo, la plataforma Rescatem Barcelona publicó un vídeo, grabado con cámara oculta, en el que se puede ver como ni tan sólo se pide el DNI para comprobar que la persona que firma es quien dice ser. La escena más asombrosa de la filmación es cuando alguien dice si puede firmar por su madre y, sorprendentemente, el interlocutor responsable de la recogida accede a ello.

A las chapuzas detalladas en el vídeo, que se puede visualizar en el enlace azul, se unen otras, como firmas y datos que no cumplen con los requisitos. Según publicó elNacional.cat, un altísimo número de firmas han sido invalidadas, al punto de que alguna de las preguntas que se pensaba presentar en la multiconsulta corre el riesgo de no poder ser incluida. Las preguntas donde se han detectado más irregularidades son las que hacen referencia a la plaza de Antoni López y al gimnasio Sant Pau.

EXPEDIENTE INFORMATIVO

La mayor parte de las irregularidades detectadas van desde el hecho de que el número de DNI resulta ilegible, por lo que la firma debe considerarse nula, hasta que la persona que se supone que ha avalado con su firma la pregunta para la multiconsulta ni siquiera está empadronada en Barcelona ciudad, otro requisito imprescindible para poder firmar. A Metrópoli Abierta le consta que el Ayuntamiento ha abierto un expediente informativo para investigar estas posibles irregularidades.

Otro aspecto al que se tiene que enfrentar la multiconsulta de Colau son los dos contenciosos interpuestos contra el Reglamento de Participación Ciudadana, que incorpora la posibilidad de hacer una multiconsulta anual. Quienes han presentado los contenciosos son la Delegación del gobierno español en Catalunya y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES).

El presidente del CCIES, Francesc SibIna, muestra discrepancias sobre cómo puede afectar el resultado de algunas consultas a contratos vigentes entre los ámbitos público-privado, que son de obligado cumplimiento. "Nos preocupa cómo puede verse afectada la preservación de la seguridad jurídica en esta colaboración", subraya Sibina, que cita como ejemplo el suministro del agua y la gestión de cementerios.

INDEMNIZACIÓN MILLONARIA

Precisamente, la pregunta que más ampollas levanta es la que plantea la remunicipalización del agua. ¿Usted quiere que la gestión del agua en Barcelona sea pública con participación ciudadana? es la pregunta que plantea la plataforma Aigua és Vida. Según Sibina, en la información que se ofrece no se informa de los costes que una iniciativa como ésta puede tener para la ciudad en concepto de indemnización a la empresa Agbar, que cifra entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que el gobierno lo que dice es que no tiene calculado qué podría costar a la ciudad una posible remunicipalización del agua. 

Esta misma semana, el exconseller de la Generalitat Santi Vila advertía en una entrevista en Metrópoli Abierta sobre no hacer "populismo" con la remunicipalización del agua. Vila pide "un debate sereno y racional" sobre esta cuestión y no tomar decisiones precipitadas para evitar quedarse con una idea superficial.

"La administración tiene que hacer la planificación y el control de los servicios, pero la gestión puede ser pública o privada. Puede ser tercializada", afirma Vila. En opinión del exconseller, ha habido empresas prestadoras de servicios vinculadas a la gestión de carreteras, a la gestión del agua o a la recogida de basuras "que han aportado mucho valor y que han ahorrado dinero al bien común", asegura. Y añade: "Con el dinero que una buena gestión privada permite ahorrar, la alcaldesa Colau o el alcalde de turno pueden hacer políticas sociales, políticas de educación, o políticas de protección de la gente mayor".