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La agresión en plena calle al fotoperiodista Jordi Borràs por parte de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía traerá cola. Pero, especialmente, a la Administración municipal. Se da la circunstancia de que uno de los primeros defensores que tuvo Borràs fue el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, histórico abogado defensor de okupas y de círculos radicales. El motivo de la personación del Ayuntamiento como acusación particular fue que es un delito de odio.

Pero por la boca muere el pez. Cuando tres adolescentes simpatizantes de la plataforma Barcelona con la Selección fueron agredidos violentamente en 2016 por un grupo independentista filonazi, Asens se negó a comparecer como acusación, señalando incluso que no había habido agresión física y que no era un delito de odio (pese a los gritos xenófobos y a los golpes recibidos por los jóvenes). Todo ello, claro, desmentido por vídeos de ciudadanos que fueron profusamente difundidos.

MALVERSACIÓN DE DINERO PÚBLICO

De lo que no hay duda es de que para el teniente de alcalde de Barcelona hay agredidos de primera y de segunda. “Cuando un joven propinó una patada a una embarazada musulmana, Asens se apresuró a encargar a los servicios jurídicos un informe sobre el tema. Y ahora dice que la agresión a Borràs es un delito de odio, pero las agresiones de las chicas de Barcelona con la Selección no lo eran. Lo grave es ese diferente rasero, la diferente vara de medir para unas agresiones y para otras”, relata a Metrópoli Abierta Carina Mejías, presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona.

Pero hay más: en el pleno del mes pasado, Ciudadanos presentó una iniciativa para condenar las agresiones de grupos radicales independentistas y, en concreto, de la organización Arran (los cachorros de la CUP) a intereses turísticos. En la iniciativa, pedían a Asens que el Ayuntamiento se personase como acusación particular para defender el mobiliario urbano y los bienes de interés público, ya que habían resultado dañados autobuses e incluso la fachada de la iglesia de Santa Maria del Mar. La respuesta del Ayuntamiento fue que éste no podía personarse para defender el interés general porque eso podría ser considerado como malversación de dinero público. “Si defender el mobiliario urbano, solicitando multas para los que lo destrozan y exigiendo indemnizaciones es malversar el dinero, ¿qué es presentarse como acusación en una agresión a un ciudadano que, además, ya tiene su propia acusación particular?”, recrimina la líder de Ciudadanos.

En realidad, cuando se trata de antisistema, okupas o independentistas, el equipo de gobierno municipal se muestra siempre reacio a actuar; es más: siempre que ha podido, el Ayuntamiento ha beneficiado a los radicales, actitud que contrasta con la de otros colectivos que no tienen esa ideología.

LAS FOTOS PRESTADAS

Pero el intríngulis de la situación va más allá: Asens encargó la elaboración de un informe sobre los acontecimientos del 1 de octubre y las situaciones que hubo en los colegios electorales durante la celebración del referéndum ilegal. Ese documento, que costó dinero a las arcas públicas, fue encargado a asociaciones la mayoría de las cuales habían estado vinculadas, de alguna manera, al teniente de alcalde y que siguen dirigidas por amigos y socios suyos.

El informe en cuestión también se nutrió de fotografías realizadas por Jordi Borràs para subrayar la violencia policial durante aquella jornada. La intención era presentar luego ese informe –como si hubiese sido confeccionado por organizaciones independientes y ajenas a intereses políticos- en foros internacionales y provocar una condena contra España. Ninguna de las instancias internacionales donde se presentó ese informe criticó o realizó condena expresa alguna.

Pero el trabajo sirvió para algo más: las fotos de Borràs –el reportero hizo luego un libro sobre el tema, que el president Quim Torra regaló al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su primera entrevista- sirvieron para tomar nota de las placas de muchos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que participaron en los dispositivos policiales de aquella jornada y dieron pie a las querellas de ciudadanos para exigir indemnizaciones y condenas por la brutalidad policial.

UN AGREDIDO DE PRIMERA CLASE

Las denuncias no prosperaron. Esta misma semana se archivaron medio centenar de las mismas. En algunos casos, no se identificaba bien a los agentes; en otros, no existían pruebas; y en otros, el juez determinó que la actuación de las fuerzas policiales fue proporcional y no hubo brutalidad.

Las fotografías del agredido, sin embargo, sí habían podido identificar algunos números de placa. “Por eso, ahora Asens quiere personarse como acusación particular cuando agreden al fotógrafo”, critica Mejías. Para la dirigente de Ciudadanos, “lo que se trasluce de sus actuaciones es que Asens utiliza el Ayuntamiento para beneficiar a sus antiguos clientes. Ha hecho personarse al Ayuntamiento en procesos que llevaba antes su despacho y ahora ya entra en el terreno personal”. Pero lo que parece en última instancia su última determinación es, simplemente, que Borràs puede considerase un agredido de primera clase.