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Todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, excepto la CUP, han comparecido juntos en una rueda de prensa para denunciar el abandono que el equipo de gobierno que preside Ada Colau mantiene sobre los agentes de la Guàrdia Urbana que han sufrido alguna discapacidad permanente en acto de servicio y han sido expulsados del cuerpo.

Todos los representantes de los grupos han destacado el hecho de que la actitud de la alcaldesa en este asunto ha provocado la unión de todos ellos para defender el cambio de reglamentación y el fin de los despidos de los agentes del cuerpo municipal que, además de sufrir un doloroso trance de padecer una discapacidad permanente, se quedan sin trabajo.

La comparencia ha estado motivada para exigir cambios en el Reglamento de Segunda Actividad que permita a los agentes que han sufrido alguna discapacidad física permanente reincorporarse a la Guàrdia Urbana realizando las tareas que puedan llevar a cabo de acorde con su situación. Actualmente, el Ayuntamiento despide a los agentes que sufren alguna discapacidad permanente, que se quedan con una pensión del 55 % de su sueldo.

El acto lo ha abierto el exguardia urbano Vicenç Flores, que sufrió un accidente y estando de baja ayudó a una mujer que estaba siendo atracada, lo que le provocó una recaída en sus lesiones y una discapacidad fìsica permanente que motivo su despido. “Me lo comunicaron por carta”, cuenta, que desde entonces ha luchado en los tribunales reclamando su derecho a regresar al cuerpo, lucha que le ha llevado hasta la ONU.

“NI NOS RECIBE”

La principal queja de Vicenç Flores, presidente de la Asociación por la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (Ailpold), que ha visto pasar a tres alcaldes desde que se produjo su accidente, “y cada vez que han cambio de gobierno tenemos que volver a empezar”, es que la actual alcaldesa, Ada Colau, “se parapeta detrás de los técnicos, ni ha querido escucharnos. Hemos presentado dos demandas por vulnerar la Convención de Derechos Humanos y nuestro caso ha llegado a la ONU. Además, hay informes de la Síndica favorables a nosotros. Lo que tiene que hacer es respetar los derechos laborales y dejar de ultrajar a la Guàrdia Urbana. Por eso pedimos su dimisión”.

Representantes de ERC, PSC, PDeCAT, CD's y PP han dado su apoyo a Vicenç Flores, en el medio / CR
Representantes de ERC, PSC, PDeCAT, CD's y PP han dado su apoyo a Vicenç Flores, en el medio / CR

El exguardia urbano ha cifrado en unos 200 los agentes que ha sido retirados del servicio por problemas de discapacidad física permanente en los últimnos años, pero que son unos 30 los que quieren que se les readmita en el cuerpo con un nuevo reglamento de segunda actividad.

QUEJAS UNÁNIMES

El representante de ERC, Jordi Coronas, ha pedido que ”se haga un Reglamento de Segunda Actividad para la Guàrdia Urbana y los Bomberos, por dignidad y derechos humanos”, y ha recordado que ya hay varios municipios de Catalunya que ya han puesto en marcha este reglamento, entre los que se encuentran Tarragona, Palamos, Vic, Castelldefels, Viladecans, Esplugues o Gavà.

Desde el PDeCAT, Jordi Martí ha exigido a Colau que reciba a los miembros de la asociación y que resuelva “los problemas crónicos de recursos humanos y materiales de la Guàrdia Urbana, ya que tenemos un déficit importante. Y si se aprueba el nuevo reglamento de jubilación se perderán entre 200 y 300 más. Por eso se debe aprovechar a la gente para la segunda actividad, no menospreciar este recurso”.

El representante de Ciutadans, Francisco Sierra, ha afirmado que “esto es una conjura para defender la seguridad de los ciudadanos de Barcelona”, y ha acusado a la alcaldesa de “dejación de funciones”, cuya consecuencia es que “hoy en día tenemos menos guardias urbanos que antes de los Juegos Olìmpicos, aunque tenemos más población y más turistas, por lo que hay más problemas de convivencia y delincuencia”.

Por su parte, Carme Andrés, del PSC, ha reiterado que su partido tiene “compromisos con las personas con discapacidad y con la Guàrdia Urbana y pedimos más plantilla para el cuerpo y que Colau cumpla con las decisiones que se toman en el Ayuntamiento, ya que en su día se acordó la revisión del Reglamento de Segunda Actividad, aunque luego Barcelona en Comù decidió en solitario que no lo hacía”.

Xavier Mulleras, del PP, ha defendido que a los agentes que sufren un accidente “deberían darles una medalla y no una jubilación. Hay que reparar algunas injusticias históricas y hacerlo con carácter retroactivo y permitir que los agentes con discapacidades físicas permanente se puedan reincorporar con un nuevo Reglamento de Segunda Actividad”.

A todas estas reivindicaciones de une el sindicato CSIF, que ha vuelto a reclamar que se revise el Reglamento de Segunda Actividad para incorporar los casos de invalidez permanente por accidente o enfermedad.