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La funeraria pública que el gobierno de Ada Colau quiere construir se cae a pedazos antes de empezar a levantarse. A cuatro días del pleno, parece prácticamente imposible que el proyecto pueda aprobarse, aunque los comuns celebrarán el debate para escenificar que lo han intentado. Si en cuatro días no cambían las ternas, CiutadansPPPSC y PDeCAT votarán en contra y el proyecto quedará enterrado, al menos hasta después de las elecciones. Colau ha tenido cuatro años para sacar adelante la iniciativa, pero ha sido incapaz de alcanzar los acuerdos necesarios. 

La razón que el gobierno municipal esgrime para crear la funeraria publica es el elevado precio de los entierros en Barcelona, que el Ayuntamiento sitúa en unos 6.000 euros. El consistorio asegura que el precio del servicio estándard de la operadora pública sería de 2.380 euros y la tarifa superior de 4.700 euros. A finales de 2015, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recomendó facilitar la entrada de nuevos operadores en el mercado para garantizar una competencia real y reducir los costes de los servicios, algo que en cuatro años tampoco se ha hecho.

PRECIOS ASEQUIBLES YA EXISTENTES

Fuentes municipales recuerdan que sepelios que rondan los 2.000 o 2.100 euros, incluidas las tasas municipales, ya existen en Barcelona. Los tienen tanto Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) como la empresa Áltima. En SFB, por ejemplo, el servicio coral cuesta unos 1.800 euros más tasas. Otra cosa es que este precio apenas se publicite. El Ayuntamiento tiene el 15% de SFB y, perfectamente, podría informar de estos importes en su web, algo que no hace. Desde el PSC, además, se recuerda que Colau no ejerció su derecho a veto el año pasado al aumento del 16% de los entierros más económicos aprobados por SFB.

Ante la falta de apoyos, este jueves el regidor Eloi Badia retiró los puntos del orden del día del pleno del viernes referentes a la funeraria. Tiene a Ciutadans, PP, PSC y PDeCAT en contra, la mayoría absoluta del Ayuntamiento, y ERC ya ha manifestado su intención de abstenerse. Con Alfred Bosch como jefe de filas, no ha dado comba a Colau durante tres años y medio con este tema y no parece que con Ernest Maragall las cosas vayan a llegar a mejor puerto. Los comuns solo cuentan con los apoyos de los regidores no adscritos (Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy) y la CUP. 

ACOSO AL PSC

Si no se producen nuevos cambios, la creación de la funeraria se votará el próximo miércoles en un pleno extraordinario. Con el cambio de fecha, Badia busca ganar tiempo para convencer a algún grupo municipal y escenificar sus diferencias con la oposición -especialmente con el PSC, a quien lleva varios días acosando en las redes- y darle todo el protagonismo mediático al proyecto en un debate sin otros temas sobre la mesa a tres meses para las elecciones. Algunas fuentes municipales opinan que el pleno se celebrará con toda probabilidad, aunque los comuns sepan que no aprobarán la iniciativa, para mostrar a su parroquia que lo han intentado. 

Los puntos que se someterán a votación no presentan cambios de los que se aprobaron en comisión en diciembre de 2016. El gobierno plantea iniciar los trámites para que la empresa municipal Cementiris de Barcelona pueda operar como servicios funerarios. También pone sobre la mesa la venta del 15% de las participaciones que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en la empresa publico-privada Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), cuyo accionariado principal está en manos de Mémora, con el 85%. Si el pleno lo aprueba, el consistorio podrá desprenderse de su parte en SFB  a través de una subasta pública. Si nadie compra la parte a un precio ya pactado, el 15% deberá ser adquirido por Mémora, admiten fuentes de la compañía.

Desde la oposición municipal, la venta del 15% de las participaciones se ve como un error porque de concretarse el Ayuntamiento perdería el control que ahora tiene sobre las tarifas y supondría que SFB dejaría de pagar los entierros de beneficiencia o sociales -la empresa sería 100 x 100% privada- y los tendrían que asumir las arcas municipales.

EL ACUERDO CON LA CUP EN EL AIRE

El pasado 8 de febrero, a tres meses y medio de las elecciones, el gobierno municipal anunció que quería volver a llevar al pleno el proyecto de la funeraria. Para ello escenificó un acuerdo con la CUP que plantea  la construcción de tres tanatorios antes de 2022, junto a los cementerios de Sant AndreuPoblenou y Montjuïc, con un máximo de 26 velatorios entre los tres y una inversión de 15,9 millones. Colau y CUP plantean también recuperar la gestión de las instalaciones de Les Corts, Collserola y Sant Gervasi, cuando acaben las concesiones, entre los años 2048 y 2054. Esto elevaría hasta los 60 los velatorios municipales. Sin embargo, Badia vendió humo a la CUP. La propuesta que se someterá a votación solo contempla abrir entre cuatro y seis velatorios, probablemente en Montjuïc. Es decir, el acuerdo entre Colau y la CUP no se votará. Metrópoli Abierta ha requerido al partido antisistema si seguirá  apoyando la funeraria de Colau sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.

"El expediente está de origen, no se producido ninguna modificación desde que se aprobó en comisión", dicen desde la oposición. Con seis velatorios, la capacidad de la operadora pública para incidir en los precios sería residual si entrara en funcionamiento, aseguraba hace unos días el concejal del PDeCAT, Jaume Ciurana, al desvelar que su partido votará negativamente. El columnista Toni Aira explicaba este viernes en un artículo de opinión que la alcaldable de la CUP, Anna Saliente, se quedó de pasta de boniato cuando Colau les dijo que el proyecto no tendrá más de seis velatorios. Tampoco el calendario acompaña a los comuns. De aprobarse el proyecto, en el mejor de los casos la funeraria estaría operativa en tres o cuatro años puesto que el tanatorio todavía tiene que levantarse.