El fomento de la nueva izquierda, grifo de dinero municipal para los amigos

La implicación de la nueva izquierda es una de las prioridades intelectuales que tiene la alcaldesa de Barcelona. Quizá por eso, durante su mandato, el Ayuntamiento de Barcelona varió sensiblemente la política de ayudas, subvenciones y encargos y desde las arcas municipales comenzó a salir dinero hacia una miríada de pequeñas organizaciones con estrechas vinculaciones a los nuevos políticos con mando en las estructuras del consistorio.

Pero ni la alcaldesa ni Barcelona en Comú (BeC) toman decisiones en caliente. Todos los pasos están perfectamente calculados. Por ello, uno de sus recientes encargos fue un informe sobre el fomento de la implicación de las entidades de la nueva izquierda. La adjudicación, que lleva fecha del pasado 25 de junio, recayó en la empresa Aktes Serveis Integrals, por un importe de 18.149,92 euros.

Esta compañía, creada en el año 2012, realiza “toda clase de servicios en el ámbito del deporte, el ocio, la cultura, el arte, los servicios sociales, la infancia, la juventud, la gente mayor, mujeres, hombres, ámbito LGBT, la prostitución y los discapacitados”. Hasta enero de este año, tuvo como administrador único a Alejandro Sánchez Nofre. Desde esa fecha, este directivo comparte sus responsabilidades, como administrador solidario, junto a Marta Parra Borja.

PASO POR LA POLÍTICA

Alejandro Sánchez es uno de los patronos de la Fundació Catalunya Estat, una organización creada en el año 2011 “para servir al independentismo desde el mundo de la empresa”, promovida por exdirectivos del Cercle Català de Negocis (CCN). Sánchez fue directivo del CCN y, por si fuera poco, fue quien registró el dominio web de la entidad a través de su empresa Singular Scope. Fue militante de Reagrupament y se presentó a primarias por la demarcación de Barcelona en Solidaritat Catalana per la Independència para formar parte de las listas electorales en las autonómicas de finales del 2010. Su nombre quedó en séptimo lugar (los tres primeros puestos fueron para Joan Laporta, Alfons López Tena y Uriel Bertran, elegidos diputados, aunque los votos se contabilizaban por bloques y el del CCN copó los puestos 7 a 10).

Presidida por Jaume Vallcorba (directivo de una multinacional alemana y exvicepresidente del CCN), la Fundació Catalunya Estat editó el libro Un país, un Estado, en el que detallaba la estrategia negociadora para que Cataluña se separase de España. En los primeros compases del procés, esta fundación donó 20.000 euros para fomentar los referéndums independentistas que se realizaron en varios centenares de municipios catalanes. Con posterioridad, prestó toda la ayuda que pudo a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

CONTRATO PARA LOS OKUPAS

Los okupas también se han visto beneficiados por la política de adjudicaciones emprendida desde el 2015. La cooperativa autogestionaria La Ciutat Invisible recibió 18.258 euros por el “diseño y ejecución del diagnóstico Política Activa”. El contrato se concedió desde la gerencia de Derechos Sociales, que depende del teniente de alcalde Jaume Asens, tradicional abogado defensor de okupas.

Quienes recibieron el encargo, además, han estado vinculados a los centros Hamsa y Can Vies, de infausto recuerdo este último debido a los graves altercados que se produjeron durante su desalojo en el año 2014. Según la propia cooperativa, “inspirados por la lectura de El proyecto A, de Horts Stowasser e introducidos en el mundo de la economía solidaria por nuestro mentor, Ferran Aguiló, los invisibles encontramos en la cooperativa una herramienta que nos permitía desarrollar una alternativa al trabajo asalariado, alienante y precario, y al mismo tiempo, nos posibilitaba hacer incidencia política y social en el entorno físico y relacional más directo –el barrio- a partir de nuestro trabajo y actividad económica”.

La Ciutat Invisible tiene una tienda pero también ofrece servicios a través de su cooperativa. “Nuestra actividad está dirigida a crear y difundir contenidos críticos que impulsen procesos de transformación política y social. Básicamente, en dos direcciones: la potenciación y construcción de redes de intercooperación vinculadas con la economía solidaria y feminista; y la extensión de prácticas políticas autoorganizadas y autónomas de reapropiación de la política a nivel local”.