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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cedido espacios a entidades y colectivos antisistema en 8 edificios comprados por el Ayuntamiento de la capital catalana, además de mantener dos edificios más de titularidad municipal okupados irregularmente. El líder del PP en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández Díaz, ya denunció esta semana que Colau “invierte 35 millones en embajadas radicales para favorecer a entidades y colectivos afines ideológicamente a la CUP y a su gobierno municipal”. El dirigente popular aseguraba que en los presupuestos municipales para 2018 que fueron aprobados la pasada semana gracias a la cuestión de confianza “se puede observar un incremento de las subvenciones ideológicas, que en tan solo un año han crecido un 122%, pasando de los 11 millones de 2017 a los 24,4 millones de euros este año”.

De los 35 millones gastados en edificios, más de 20 millones fueron destinados a la compra de edificios por parte del Ayuntamiento y otros 15 millones fueron gastados en rehabilitaciones, entre las que destaca los más de 67.000 euros destinados a reformar el Hort de la Vila, en Sarrià, okupado por miembros de la CUP y de su organización juvenil, Arran, tras finalizar las obras.

Pero, ¿cuáles son los edificios cuyos espacios se regalan a los ‘amigos’ de la alcaldesa? Un detallado informe especifica las características de cada uno de los edificios comprados y reformados por el consistorio barcelonés:

1.- Can Seixanta. Ubicado en la calle Riereta 18-20-22 del barrio del Raval. En septiembre de 2016, se aprobó por la comisión de Gobierno la adquisición de este edificio, que costó a las arcas municipales un total de 6.130.000 euros por la compra y 3 millones más para rehabilitación, con la intención de albergar un equipamiento de barrio. El edificio, en cambio, está okupado por entidades y colectivos varios.

Túnel de entrada al bloque de Can Seixanta, en el Raval / Google
Túnel de entrada al bloque de Can Seixanta, en el Raval / Google

2.- Espacio del Inmigrante. Ubicado en el pasaje Bernardí Martorell, 2 y Hospital, 99, en el Raval. Este espacio fue creado en 2013 y pretendía ser un punto de encuentro entre la población inmigrada del barrio y activistas. Ofrecía atención médica y jurídica a inmigrantes irregulares. En septiembre de 2016, Colau anunció la compra del edificio, catalogado con nivel B y con 9 pisos y tres locales, para destinarlo a vivienda pública. El coste para las arcas municipales fue de 1,4 millones de euros. Con esa compras, evitó el desalojo de inmigrantes del edificio y luego cedió una parte como sede del Sindicato de Manteros. Según Fernández Díaz, a ello hay que añadir la compra de Can Seixanta por 9,1 millones de euros, lo que totaliza el gasto en estos espacios del Raval en más de 10 millones de euros, “destinados básicamente para que sean sedes de grupos afines ideológicamente”.

3.- Ateneu de l’Eixample. Ubicado en la calle Nàpols, 268. En marzo de 2017, el Ayuntamiento aprobó la compra por 2,4 millones de euros de un local de 1.350 metros cuadrados para ubicar el Ateneo de la Sagrada Família, respondiendo a la demanda y movilización de la plataforma Recuperem el Niza. En sus instalaciones deberán ir un auditorio, locales de ensayo, una ludotecas y espacios para entidades. En el anexo de inversiones del presupuesto municipal para 2018, se incluyeron 1.473.968 euros para la ludotecas, casal del barrio y PIAD Sagrada Família. El pasado 25 de enero, se aprobó definitivamente la conversión del local en el Ateneu de l’Eixample con un coste de 2.349.028 euros. Según Fernández Díaz, los grupos que apoyaron a Colau en su campaña electoral no querían el derribo del cine Niza, pero la alcaldesa, “para compensar el derribo, los silenció promoviendo el Ateneu de la Sagrada Família, gastando 4,7 millones en adquisición del local y rehabilitación”.

4.- Antigua Comisaría. Ubicada en Nil Fabra, 17. Alberga el Ateneu Tres Lliris de Gràcia. El Ayuntamiento gastó en su reforma 94.623 euros. El edificio fue okupado en noviembre del 2015 por activistas del Casal Popular Tres Lliris, que había sido desalojado tres días antes de otra ubicación. En abril de 2017, el Ayuntamiento barcelonés alcanzó un acuerdo con el colectivo antisistema para que éste pueda utilizar el local como sede de la entidad Associació de Joves de Gràcia durante 4 años prorrogables dos años más. Según las condiciones del contrato de la cesión de uso del local, los antisistema sólo deberán abonar a las arcas municipales 550 euros anuales (más IVA). Los gastos de la comunidad y el IBI correrán a cargo del Ayuntamiento, lo mismo que el agua y la luz. En la Fiesta Mayor Alternativa de los okupas de Gràcia el año pasado, el consistorio abonó 10.492 euros por las conexiones eléctricas de la juerga.

5.- Bloc 17. Ubicado en la plaza Eivissa, 17, del distrito de Horta-Guinardó. Colau invertirá un millón de euros en su compra, según un acuerdo del pasado 15 de febrero. El edificio fue legado en 1979 por su propietario a una entidad bancaria para destinarlo a la promoción del asociacionismo y la cultura catalana. Se trata de un edificio de 881 metros cuadrados de 4 pisos, dos de los cuales están destinados a vivienda y el resto acoge a 25 colectivos, entre ellos la organización Arran Horta. Alberto Fernández Díaz recordó, en un comunicado oficial esta misma semana, que “la CUP afirmó en la última comisión de Derechos Sociales de febrero que el Bloc 17 es punto de reunión habitual para su formación, en especial de sus juventudes, Arran”.

El llamado Bloc 17, en la plaza Eivissa / Google
El llamado Bloc 17, en la plaza Eivissa / Google

6.- Flor de Maig. Ubicado en la calle Doctor Trueta 195, del distrito de Sant Martí. En julio de 2014, se aprobó la adquisición de este edificio, con planta baja y planta principal, por 1.057.000 euros, para que se pudiesen desarrollar en el mismo actividades del Ateneu Flor de Maig. En febrero de 2016, tuvo que ser desalojado por peligro de derrumbe a causa de daños estructurales. Las obras costarán 758.722 euros a las arcas municipales y, una vez acabadas, al edificio volverán las cooperativas Estèvia y La Unió.

7.- Edificio Borsí. Ubicado en la plaza de la Verònica con la calle Avinyó, este edificio, construido en el año 1881, fue sede del Casino Mercantil, de la Borsa de Barcelona y de la Escola de Belles Arts. Desde los años 60 del siglo pasado hasta el 2009, acogió la Escola Llotja de Disseny i Art. El 1 de mayo de 2016, el edificio fue okupado ilegalmente y desalojado dos días después. En diciembre de 2016, Generalitat y Ayuntamiento firmaron un acuerdo de compra-venta por el que el consistorio pagaría al Govern 40 millones de euros para la puesta a punto de las estaciones de Foneria y Foc Cisell, del tramo sur de la L10 del metro. A cambio, la Generalitat cedería espacios patrimoniales (el edificio está protegido como Bien de Interés Local) para destinarlos a equipamientos de barrio. Uno de esos edificios adquiridos es el del Borsí, valorado en 8,02 millones de euros. En febrero de 2017, se anuncia una inversión de 3,5 millones para rehabilitarlo y destinarlo a equipamiento de titularidad municipal que acogerá la biblioteca Gòtic-Andreu Nin y espacios vecinales. En estos momentos todavía se está licitando el proyecto.

Edificio Borsi, en la plaza de la Verónica / Google
Edificio Borsi, en la plaza de la Verónica / Google

8.- Casal de Barri Ateneu l’Harmonia. Ubicado en la calle Sant Adrià, 20, es la antigua fábrica de Fabra i Coats. Convertida en Casal de Barri. Costó 5,65 millones de euros y dispone de cuatro plantas con 2.175 metros cuadrados que incluyen salas para talleres y exposiciones, buques de ensayo, almacenes y un auditorio. En el 2014, se le cede la gestión al Ateneu l’Harmonia. En noviembre del 2015, se renueva ese convenio hasta el 2018, pero en enero del 2016 el Ayuntamiento firma un nuevo convenio de gestión con la Federación de Entidades Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu del Palomar para que lo gestione esta entidad durante 2 años por 174.273 euros.

EDIFICIOS MUNICIPALES OKUPADOS ILEGALMENTE

Paralelamente, el informe recoge dos ocupaciones de edificios municipales. Uno de ellos es el de Can Vies, en la calle Jocs Florals 40-42. En el 2014, se intentó desalojar a los colectivos okupas de este emblemático edifico de Sants-Montjuïc. Aunque se aprobó su demolición, no ha podido ejecutarse hasta ahora y allí se celebran fiestas y conciertos sin permisos y obras sin ningún tipo de licencia. Además, dice el informe, por parte de los ocupantes ilegales, “se ha impedido que los funcionarios municipales puedan acceder a la finca”. En otras palabras: los funcionarios han intentado inspeccionar un edificio de propiedad municipal, pero los inquilinos no los han dejado nunca y el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida sobre ello.

Por último, el dossier denuncia la “ocupación irregular de las casas Hort de la Vila, en el barrio Sarrià-Sant Gervasi. En diciembre de 2015, se okuparon ilegalmente. El texto señala al primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, como la persona que decidió no intervenir en el tema, a pesar de que en las 24 horas posteriores a la ocupación se incoó expediente de recuperación de la posesión. Desde entonces, “se han hecho obras sin licencia, se han vendido bebidas alcohólicas y se han celebrado conciertos sin ningún tipo de licencia”. Desde octubre de 2016, se desalojó el edificio para hacer un diagnóstico integral de la finca, que concluye que hay patologías estructurales considerables y riesgo de daños para las personas. A pesar de todo, se permitió desde el consistorio su reokupación, a la que asistió incluso un concejal de la CUP. En ese año, el Ayuntamiento gastó 67.829,58 euros en reformas en este edificio, que volvió a manos de colectivos antisistema.