Cuando a mediados del mes de noviembre Roger Español anunció que se querellaría contra un agente de la Policía Nacional y dos mandos por haber sido herido en un ojo durante las cargas del 1 de octubre  parecía un pleito más. Español, según la versión que mantuvo ante el juez, había participado en la defensa de la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre y volvía a su casa, cerca de la escuela Ramon Llull cuando recibió el impacto de una bola de goma en el ojo. Según la querella presentada por su abogada, Anaïs Franquesa, un agente le disparó a unos 15 metros de distancia, en presencia de dos mandos policiales.

Nada tendría de extraño esta querella si no fuera por las implicaciones ulteriores que comportó. Días después de presentada, el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, apareció en una rueda de prensa junto al herido, su abogada y la acusación popular –representada por Laia Serra- para anunciar que el Ayuntamiento se personaba también en esta causa. Es en este punto donde la historia adquiere cierto interés ya que Asens no era ajeno a los protagonistas del pleito: resulta que la abogada particular, Anaïs Franquesa, había sido su socia en otras denuncias similares, antes de que Asens se dedicase a la política.

En realidad, Franquesa y Asens fueron hace un tiempo los abogados de Carles Guillot, otro joven que había perdido un ojo por el impacto de una bala de goma en el año 2013. Los dos llevaron el tema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acusando al Estado español, después de que la Audiencia, el Supremo y el Constitucional archivasen sucesivamente el asunto.

El hecho de que el teniente de alcalde de Barcelona haga que el consistorio se persone como acusación popular en un procedimiento en el que constan como parte sus antiguos socios ha despertado críticas incluso dentro de las filas de los comunes, formación a la que pertenece Asens. “Se debería ser más cuidadoso con estos casos. No se trata de que se beneficie o no de su cargo. No es eso. Es que puede entenderse que hay un favoritismo hacia determinados casos en los que, casualmente, figuran como parte personadas amigos suyos”, dice a Metrópoli Abierta un compañero de profesión y de partido de Asens.

DISCRIMINACIÓN DE VÍCTIMAS

El tema ha sido comentado en petit comité en algunos círculos del partido y comienzan a levantarse críticas al modo de proceder del teniente de alcalde. Esas críticas se sustentan en el personamiento del consistorio en pleitos que se pueden evitar, lo que redundaría en beneficio de las arcas públicas. Además, algunos de los críticos ven una utilización política de la institución para beneficio partidista.

“En el caso del herido el 1 de octubre, Asens hace que el Ayuntamiento se persone. En otros casos de vulneración de derechos fundamentales, sin embargo, se negó a personarse porque las víctimas no eran de su ideología”, critican algunos de sus colegas. El caso más clamoroso es el de la agresión por ultras independentistas a dos chicas que tenían una parada de apoyo a la selección española. Hubo agresiones a las futboleras y destrozos en su carpa, pero el consistorio se negó a personarse en la causa. Paralelamente, en cambio, se personó como acusación en la agresión a una mujer marroquí en Terrassa.

En esta ocasión, con el referéndum de fondo y agentes de la policía española en el punto de mira, el Ayuntamiento de Barcelona toma otra decisión polémica. Y, además, agravada por el hecho de que, en esta ocasión, actúa como acusación popular la plataforma Iridia, una entidad mimada por el poder municipal entre otras cosas, por los intereses que hay alrededor de ella: tanto Franquesa como Asens han aparecido vinculados a intereses de grupos de abogados que crearon una serie de plataformas que ahora son utilizadas por el consistorio para distintos fines.

Iridia no es sólo la plataforma que ejerce la acusación popular en el caso de Roger Español, sino que es una de las que ha elaborado un informe sobre las cargas policiales del 1 de octubre. El informe no constata hechos, sino que incorpora rumores sin verificar –y así lo reconoce en su redacción--, con acusaciones tan graves como abusos sexuales a votantes del 1-O.

En el Ayuntamiento, en cambio, Asens tiene buena prensa. Quienes le conocen dicen que es accesible y amable, aunque ideológicamente esté considerado un radical. “No hay que olvidar que es el tradicional abogado defensor de los okupas de Barcelona, junto con algún otro”, matizan.