El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha condicionado negociar los presupuestos de la ciudad a congelar las tarifas del transporte público para 2018. Recientemente, la alcaldesa Ada Colau dijo que su intención era congelar las tarifas, pero advirtió que no era una decisión que tomara en solitario el Ayuntamiento.

"Es una condición para sentarse a negociar", ha dicho el exteniente de alcalde con Colau hasta que los comuns rompieron el pacto de gobierno hace unas semanas. El edil socialista ha sentenciado que no apoyará una subida de precios --que algunas voces apuntan que se podría producir-- que haga "que paguen los ciudadanos lo que tendrían que asumir el gobierno central y la Generalitat".

Recientemente, el Ayuntamiento ha anunciado que ha incrementado su aportación al transporte público hasta los 136,7 millones en 2017 cuando en 2014 era de 90 millones.

En una entrevista a Europa Press, Collboni ha recordado que la T-10, el título más utilizado por los viajeros, lleva varios años sin subir y que la rebaja a 9,95 euros fue un pacto de los socialistas con el exalcalde Xavier Trias. Las tarifas del transporte para el próximo año se conocerán en unos días y son aprobadas por la Autoritat Metropolitana del Transport.

REORIENTACIÓN

Cuando los presupuestos pasaron por la comisión municipal correspondiente, el PSC se abstuvo. Ahora, ya en la oposición, los socialistas pueden defender su posición sin condicionantes. Para Collboni, los presupuestos de la ciudad necesitan una reorientación para tener en cuenta "la coyuntura económica de la ciudad fruto del contexto político", que ha provocado una disminución del turismo y el comercio. "Afecta a muchos sectores y también al paro. Se deberán impulsar ayudas y medidas", agrega el concejal.

Sobre la conexión del tranvía por la Diagonal, el jefe de filas del PSC en Barcelona afirma que no cambiarán de posición pese a no formar parte del gobierno de la ciudad. "Contribuiremos a que haya consensos para avanzar hacia una conexión bien hecha y planificada", defiende Collboni.

ORDENANZA DEL CIVISMO

Recientemente, el PSC, junto a otros partidos de la oposición, forzó al gobierno de Colau a retirar de la comisión del pasado martes la aprobación inicial de la revisión de la Ordenanza del civismo. Collboni reitera que no apoyarán los cambios que quiere introducir la alcaldesa. El principal obstáculo para los socialistas es el tratamiento de la prostitución. "Lo que se hace es legalizar la prostitución por la puerta de atrás".

Según el concejal, no ven con buenos ojos que el redactado no incluya multas a los clientes porque ya lo regula una ley estatal (la Ley de Seguridad Ciudadana). "Nosotros pedimos que la Ordenanza recoja en su articulado el fenómeno de la prostitución y la necesidad de penalizar y sancionar la demanda de los servicios sexuales. La prostitución no es una profesión, sino una forma de explotación", opina Collboni.