Ada Colau no dará permisos de ocupación de la vía pública para las manifestaciones y concentraciones de la ultraderecha en Barcelona. La medida, propuesta por la CUP, se ha aprobado este miércoles en la comisión municipal de Presidencia con una amplia mayoría, ya que ha contado con los votos a favor de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC, el de Gerard Ardanuy (concejal no adscrito) y del propio partido antisistema. 

Fuentes municipales explicaron a Metrópoli Abierta que "las licencias de ocupación de la vía pública son discrecionales y se pueden denegar por causas motivadas", por ejemplo si la entidad o el partido convocante tiene antecendentes por incidentes, como agresiones de extrema derecha. A la práctica esto se traducirá en el hecho de que el Ayuntamiento no dejará colocar ni escenarios, ni pantallas en estos actos, aunque eso no evitará las manifestaciones, que las entidades o partidos convocantes comunican a la Generalitat. Únicamente se pueden prohibir en casos motivados.

ACUSACIÓN PARTICULAR 

Esta proposición de la CUP iba acompañada de la petición que el consistorio se persone como acusación particular en las diferentes agresiones racistas, clasistas o fascistas, "que se han producido fruto de las diferentes movilizaciones convocadas por la extrema derecha", y que también lo haga en un futuro. La medida también se ha aprobado.

En la mísma línea, la comisión ha ratificado una proposición de ERC para "aumentar la seguridad y la prevención en manifestaciones organizadas o participadas por entidades fascistas". El texto ha contado con los votos favorables de los republicanos, Barcelona en Comú, PDeCAT, PSC y la CUP, y prevé también dar acompañamiento jurídico a las víctimas de violencia fascista o xenófoba.