La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pagó más de 21.600 euros a una empresa privada para “dinamizar la Xarxa BCN Antirumors”. Esta entidad, según consta en su propia web, tiene más de 1.000 socios (entre particulares y entidades), pero sólo una de estas se llevó ayudas para trabajar en la red: la empresa QSL Serveis Culturals, una de las más activas en cuanto a contratos con la administración local barcelonesa. La Xarxa Antirumors fue creada en el año 2010 por el consistorio que entonces encabezaba Jordi Hereu con el objetivo de “generar herramientas y discursos para desmontar rumores y estereotipos para, de esta manera, avanzar hacia una convivencia intercultural cohesionada”.

Entre otras cosas, la Xarxa BCN Antirumors organiza campañas de sensibilización (con la distribución de comics, chapas, vasos, manuales, etcétera), ofrece servicios y actividades gratuitas a entidades barcelonesas y también “formaciones gratuitas que permiten compartir con la ciudadanía argumentos y herramientas comunicativas antirumores”.

Lo que llama la atención es que, a pesar de las múltiples asociaciones y entidades que trabajan para la Xarxa, sólo se haya concedido una ayuda y esa fuese a través de una sociedad multiadjudicataria. Fue QSL Serveis Culturals, que por esa labor recibió en 2017 exactamente 21.620,53 euros. A la alcaldesa le debió de gustar el trabajo que hacía la empresa, porque la dotación del 2016 por el mismo concepto fue de sólo 13.092,95 euros (por lo que el aumento del contrato fue del 66%).

Por si fuera poco, el mismo día recibió 20.933 euros por otro contrato firmado para el apoyo en la “planificación y evaluación del programa BCN Interculturalidad”. Este programa genérico es el paraguas en el que se incardina la Xarxa Antirumors y el que dicta las líneas maestras de esta última. En total, pues, solo por este programa, que depende de la gerencia de Drets de Ciutadania, Cultura. Participació i Transparència, se embolsó la nada despreciable cifra de más de 42.000 euros.

EL GRAN CONTRATO

QSL Serveis Culturals se ha embolsado sólo en los nueve primeros meses del año pasado, los que están fiscalizados, más de 386.000 euros. La mayor parte de este dinero corresponde a un contrato del Ayuntamiento para gestionar en régimen de concesión la “dinamización de las actividades del centro cívico, la ludotecas y el bar cafetería Casa Groga”, en el distrito de Horta-Guinardó, según el contrato en poder de Metrópoli Abierta. Este contrato asciende a 277.640 euros y está exento de IVA.

No es el único centro cultural que gestiona: en marzo y abril del año pasado, se embolsó por la gestión del centro cultural La Teixonera un total de 26.399,96 euros. Además de la ayuda para la red antirumores, QSL obtuvo otro contrato (de 21.235 euros) por su “gestión de apoyo a la actividad del Consejo Asesor de Gent Gran”. Este consejo es un órgano oficial del Ayuntamiento de Barcelona meramente consultivo. En él se integran diversas asociaciones, colegios oficiales e instituciones y su función es emitir informes de interés para los mayores, así como promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

QSL también obtuvo un contrato de más de 13.400 euros por el apoyo a entidades de Nou Barris. En este distrito, organizó una audiencia pública para niños y niñas, por la que cobró 4.069,53 euros. Y en abril del 2017 llegó a realizar un servicio de acogida de niños durante un encuentro de los vecinos con la alcaldesa en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, actividad por la que giró al Ayuntamiento una factura de 262,57 euros.

OTRAS MARCAS CON LAS QUE OPERA

Detrás de la empresa está Jesús Poza, un empresario que también controla las empresas QSL Cultural Tours y una tercera que opera bajo la denominación Intersecció, Diversitat, Educació i Cultura SL (IDEC). Bajo esta marca también facturó el año pasado al consistorio barcelonés otros 71.548,94 euros. Los contratos más importantes con esta empresa fueron uno de apoyo a entidades en Nou Barris (con el que facturó más de 21.700 euros) y otro para la realización de talleres en el ámbito de la “diversidad cultural”, por el que se embolsó 15.730 euros. Por el “apoyo a actividades de Red de Turismo RECE” cobró otros 13.682,68 euros.

Por la coordinación y gestión de audiencias públicas con niños de Les Corts, IDEC cobró 5.606,66 euros, mientras que por el mismo trabajo con niños en Gràcia obtuvo otro contrato de 7.673,22 euros, y en Sant Martí, 7.077,59 euros.

El pequeño holding que lo mismo dinamiza bibliotecas que gestiona centros culturales o monta servicios de guarderías se embolsó, así, solo en los tres primeros trimestres del pasado año, más de 457.000 euros de las arcas públicas municipales, una buena parte de los cuales se abonaron por servicios de asesoramiento. Todo un chollo.