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Las empresas eléctricas convencionales no lo tendrán fácil para volver a sacarle un euro al Ayuntamiento de Barcelona. Este domingo, 1 de julio, el gobierno de Ada Colau pone en marcha Barcelona Energía, su propia empresa comercializadora de electricidad pública. Eso significa que desde ahora el alumbrado público y los edificios municipales únicamente consumirán energía de la comercializadora impulsada por los comuns. Colau calcula que el ahorro para las arcas municipales será de unos 710.000 euros al año.

Barcelona Energia suministrará electricidad a través de la empresa pública TERSA. La creación se aprobó en el pleno municipal del 31 de marzo de 2017, con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el PP, que se abstuvo. Según Colau, es la comercializadora pública más grande de España. En Pamplona y Cádiz ya se habían puesto en marcha proyectos similares. El encargo de gestión a TERSA es por un año prorrogable otros 12 meses más.

CAMBIO DE PARADIGMA

La puesta en marcha de Barcelona Energía permite al consistorio no depender de las eléctricas de toda la vida. En opinión de la alcaldesa, es un "cambio de paradigma" y un primer paso de la ciudad hacia la soberanía energética y la desconexión del oligopolio. Los comuns llevaban la creación de la eléctrica en su programa electoral y se empezó a materializar en julio de 2016 con una medida de gobierno. La electricidad que comercializará el Ayuntamiento "será 100% verde". Se generará a través de la incineración de residuos y a partir de placas solares.

Desde este domingo, y de manera progresiva, la eléctrica de Colau dará servicio a 3.908 instalaciones municipales y a 19 organismos y entidades del grupo de empresas del Ayuntamiento. En un periodo relativamente corto, el edificio consistorial de la plaza de Sant Jaume, los semáforos de la ciudad, las bibliotecas y el alumbrado público recibirán el suministro eléctrico para funcionar desde Barcelona Energía. 

20.000 HOGARES MÁXIMO

Los ciudadanos podrán contratar los servicios de Barcelona Energía a partir de enero del próximo año. Sin embargo, habrá un tope. Únicamente 20.000 hogares de la ciudad podrán contrar el suministro eléctrico al consistorio. El máximo viene fijado por la ley estatal. Lo que se pague dependerá del consumo y del número de personas que vivan en la casa.

El importe total de la puesta en marcha de la comercializadora es de 29,3 millones de euros, de los que 28,59 corresponden al suministro de electricidad de acuerdo a la situación actual, y 711.399 euros a posibles modificaciones derivadas de subidas del mercado eléctrico, nuevas altas y aumento de potencia, entre otros aspectos.