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El Ayuntamiento de Barcelona triplicó durante el año pasado las adjudicaciones a la empresa que en el 2017 hizo fracasar un referéndum contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Se trata del Club Lleuresport, una de las mayores adjudicatarias del consistorio barcelonés en la actualidad, aunque hace dos años no podía decir lo mismo.

En el 2017, esta empresa obtuvo 13 contratos públicos por un monto total de 672.000 euros, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento. Así figura también en la relación de proveedores de gerencias y distritos de  aquel ejercicio. Pero esa cantidad se quedó pequeña en el último ejercicio: Lleuresport se embolsó 2.038.000 euros distribuidos en 20 contratos durante el 2018, según los estadillos del consistorio barcelonés. En otras palabras, triplicó su facturación pública municipal en un solo ejercicio.

EL REFERÉNDUM DE VENEZUELA

La firma fue utilizada políticamente por el equipo municipal, para hacer fracasar un referéndum (no vinculante) del exilio venezolano que preguntaba sobre si el presidente de aquel país, Nicolás Maduro, debía adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2018. El referéndum debía celebrarse el 16 de julio y en él se preguntaba también si apoyaba la propuesta de Maduro de modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.

En aquel momento, Venezuela atravesaba una delicada situación política y, aunque la consulta no era vinculante, la iniciativa levantó la airada protesta del mandatario sudamericano y la acusación de su Gobierno de inconstitucionalidad de la convocatoria. No obstante, no impidió que se realizara. La votación, pues, se extendió a la nutrida colonia de exiliados venezolanos repartidos por todo el mundo. En Barcelona, estarían llamados a ese referéndum alrededor de 16.000 ciudadanos de aquel país.

RESERVADO Y PAGADO

La Asociación Movimiento Libertador, de la oposición venezolana, fue la que organizó la consulta en Barcelona. Para ello, esta asociación cívica reservó y pagó 858 euros por la sede del casal Joan Oliver Pere Quart, del distrito de Les Corts, con el objetivo de realizar la consulta en él.

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Pero la utilización política de las influencias municipales se hizo notar enseguida. Enterados los miembros del equipo de gobierno, prohibieron a la empresa Lleuresport que se hiciera la consulta en el casal porque es de propiedad municipal. Esta compañía era la que se había hecho con el contrato de gestión de este equipamiento municipal. La historia es similar a la reserva y pago del Palau Sant Jordi al partido de34 extrema derecha Vox, que pensaba realizar un acto multitudinario en él el pasado 30 de marzo. Días antes de esa jornada, el Ayuntamiento se echó atrás y adujo que aquel día el Palau estaría en obras y no se podía utilizar. Vox tuvo que realizar su mitin en plena calle, en la avenida Reina Maria Cristina.

URNAS EN LA CALLE

Con motivo del referéndum contra Maduro, adujeron los miembros del equipo de gobierno municipal que no sabían cuánta gente podría acceder al edificio para votar, aunque las sospechas de censura política afloraron de inmediato: apenas dos meses más tarde, el mismo consistorio permitió la cesión de escuelas para celebrar el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. La consulta de los venezolanos, sin embargo, tuvo que hacerse en la calle debido a la gran afluencia de gente hasta el centro cívico. La Guardia Urbana no tuvo más remedio, entonces, que cortar la circulación en la vía pública para que los ciudadanos extranjeros pudieran ejercer su derecho al voto.

Lleuresport es una empresa que gestiona equipamientos y que cuenta con 300 profesionales, según su página web. Esta firma gestiona los Centres de Recursos per Emprenedors i Ciutadans (CREC) de Eixample y Poble Sec, el Sinèrgics (primer espacio de coworking de retorno social), además de la instalación deportiva municipal Espai Mar de Barcelona, los centros deportivos (también municipales) Colom y Can Ricart, o los centros cívicos de Navas, Can Deu, Josep M. Trias i Peitx, Can Verdaguer, Joan Oliver y La Sagrera.

En julio del año pasado, la compañía se hizo con la gestión del centro cívico Joan Oliver por un monto de 432.527 euros, según consta en la plataforma de contrataciones del Estado. En esta plataforma también consta que la compañía se hizo con el contrato de gestión y explotación del Espai Mar en abril del 2018 por 265.720 euros, así como con otra adjudicación por 154.427 euros por la “prospección y gestión del espacio de cotrabajo La Clota. En el listado de contratos menores del Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, figuran sólo tres adjudicaciones a esta empresa por varias decenas de miles de euros.