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La revisión de la Ordenanza de civismo de Ada Colau se ha convertido en un nuevo punto de conflicto y de discrepancia con los partidos de la oposición. El gobierno de Barcelona en Comú pretendía este martes llevar a cabo la aprobación inicial del texto en comisión y, posteriormente, someter la norma a información pública. Pero la falta de apoyo de la oposición ha obligado a retirar el punto del orden del día. Colau tendrá que volver a sentarse con los partidos de la oposición para consensuar un texto.

Como explicó Metrópoli Abierta hace unas semanas, la alcaldesa plantea, entre otros aspectos, una rebaja de las multas y no perseguir la pobreza. Pero, por ahora, PDeCAT, Ciutadans, PP y PSC dan la espalda a la propuesta de Colau, y la CUP, en reiteradas ocasiones, se ha mostrado más parrtidaria de derogar la norma. Quien, en principio, iba a apoyar a la alcaldesa era ERC, aunque había condicionado su voto a que se alargara el período de información pública a 50 días. Finalmente, el teniente de alcalde, Jaume Asens, que forma parte del nucleo duro de Colau, ha tenido que retirar el texto.

CONSENSO

Unas horas antes de que Barcelona en Comú decidiera echar marcha atrás, el concejal del PDeCAT, Jordi Martí, ya había pedido la retirada del punto del orden del día. En su opinión, la Ordenanza del civismo es "un tema de ciudad transcendente y requiere del máximo consenso y apoyo político". El PDeCAT ha recordado que la actual ordenanza está en vigor desde 2006 y que ve con buenos ojos "la necesidad de ponerla al día", pero no "la forma cómo se plantea" por parte del gobierno.

Según Martí, "el texto no tiene el suficiente apoyo político y es necesario más tiempo para trabajarlo y consensuarlo". El PDeCAT es partidario de convocar una Audiencia Pública para abordar los cambios. El concejal nacionalista ha explicado que su grupo ha presentado alegaciones a la aprobación inicial, pero que la mayoría han sido rechazadas. "Esto demuestra la poca voluntad de alcanzar acuerdos" por parte de Colau. 

SIN DIÁLOGO

Carina Mejías, de Ciutadans, ya había avanzado que votaría en contra porque la intención de Colau es aprobar la nueva Ordenanza "sin diálogo" y "sin el apoyo de todos los grupos municipales". Según la edil naranja, la permisividad del gobierno municipal "ha provocado un incremento de las infracciones" y ha instado a la alcaldesa a dejar, de momento, vigente la norma actual, "que sí que cuenta con el consenso necesario".

El líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, se mostró muy crítico con el texto de Colau, que, en su opinión, "supone una legalización de facto de una actividad como la prostitución que atenta gravemente contra la dignidad y la integridad de las mujeres". Para los socialistas, la normativa tiene que recoger de forma expresa y explícita "el fenómeno de la prostitución y la necesidad de penalizar y sancionar la demanda de servicios sexuales". 

Además, según el PSC, algunas de las las modificaciones que quiere introducir Colau en la ordenanza son arbitrarias y dejan desprotegidos a los agentes de la Guàrdia Urbana. Éste sería el caso, por ejemplo, de cuando hay que sancionar la colocación de carteles y pancartas en la vía pública. "El hecho que la policía tenga que hacer una valoración del contenido de los mismos genera inseguridad jurídica", afirma Collboni.

GAMBERROS

Hace unos días, el presidente del PP en el consistorio, Alberto Fernández, ya avanzó que se oponía al planteamiento de Colau. Fernández opina que "ser gamberro sale gratis en Barcelona", en referencia a que un 80% de las multas por incivismo no se cobran, y que los cambios que quiere impulsar Barcelona en Comú convertirán la norma en "la Ordenanza del gamberrismo". El PP anunció que ha presentado 42 enmiendas al texto del gobierno.

Tanto PP como Ciutadans llevan este martes a la comisión municipal el enquistamiento y aumento del top manta de la miseria en la zona de Glòries, un tema que denunció hace unos días Metrópoli Abierta.