Cambra se defiende y ve “una finalidad política” tras el registro

El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, ha denunciado que hay “una finalidad política clara” detrás del registro de 12 horas efectuado por la Policía Judicial en las oficinas de la autoridad portuaria. Las actuaciones se enmarcan dentro de la Operación Pika que la Guardia civil ha llevado a cabo este jueves por el caso 3%, la presunta financiación irregular de la antigua CDC.

Cambra estuvo detenido en las oficinas de la autoridad portuaria mientras se realizaba el registro y posteriormente fue puesto en libertad. Según un comunicado del puerto, “ha colaborado” con los agentes y “ha facilitado toda la información requerida” sobre la adjudicación de dos obras: la fase 4 de la mejora del dique Est y la fase 1B de los nuevos accesos a la ampliación sur del enclave.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona ha asegurado que el arresto no ha tenido nada que ver con su cargo, sino que se trata de “una operación programada con una clara intencionalidad política”. En cuanto a las dos obras investigadas, Cambra ha defendido los procesos de contratación y los ha calificado de “impecables”.

“Esta actuación no tiene ningún sentido jurídico”, ha añadido. El puerto también ha aclarado que el presidente del puerto “nunca forma parte de las mesas de contratación para la adjudicación de obras” y recuerda que en ambos casos el Consejo de Administración las aprobó por unanimidad.

Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona / EFE

El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra (EFE)

'OPERACIÓN PIKA'

La Guardia Civil ha detenido a 18 personas en el marco de la operación Pika, en la que además la Policía Judicial ha realizado unos 25 registros y dos requerimientos. Algunos de los detenidos ya han sido puestos en libertad y están a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), que es el que lleva la investigación.

El grueso de las diligencias se centra en obras contratadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa en la que el alcalde era Xavier Trias (CiU), que también ha lamentado “la intencionalidad política” de las diligencias judiciales. El líder del PDeCAT ha vinculado la operación a la cercanía del juicio contra Mas, Rigau y Ortega por la consulta del 9-N, que se celebra el próximo lunes.  

El juez investiga el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergència a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glòries o la ampliación del Puerto de Barcelona. Estas comisiones se recibían a través de varias fundaciones próximas al partido, como FORUM o Catdem.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá un expediente informativo y ha ofrecido “máxima colaboración” con la justicia. Colau ha confirmado que la Guardia Civil ha requerido cuatro expedientes a Barcelona de Infraestructuras Municipales (Bimsa) y uno a la dirección de las obras de la plaça de les Glòries.