ARCHIVADO EN:

Barcelona ha dado un paso más, el definitivo en el seno del Ayuntamiento, para obligar a los promotores de vivienda a destinar el 30% de los pisos de los nuevos edificios a usos sociales. La medida, que ya se aprobó hace unos días en comisión, ha contado con los votos a favor de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC, CUP y los regidores no adscritos (Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy). Por su parte, Ciutadans se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

La propuesta aprobada en Barcelona no gusta a los constructores que, como explicó a Metrópoli Abierta la semana pasada, considera que podría ser ilegal. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, ha dicho que la normativa que impulsa Colau "va contra la ley catalana de urbanismo y la ley estatal del suelo".

"Entendemos que ni la legislación urbanistica catalana ni la estatal habilitan al Ayuntamiento de Barcelona para regular en esta materia", subraya Marsà en la publicación Habitatge i Futur. Los constructores no descartan emprender acciones legales si la propuesta se acaba aplicando, algo que, ahora mismo, parece difícil que no sea así. Distintos grupos municipales han advertido en el pleno que la medida acabará en los tribunales, lo que la podría encallar y retrasar su puesta en marcha. 

LA GENERALITAT DECIDE

Tras el pleno municipal, la iniciativa tiene que pasar por la subcomisión de Urbanismo de la ciudad, de la que forma parte la Generalitat de Catalunya. Si bien representantes del PDeCAT en el Govern autonómico, como la consellera Elsa Artadi, no ven con buenos ojos la medida, la subcomisión no debería poner trabas a la aplicación si la propuesta técnica presentada por el Ayuntamiento es correcta. "La subcomisión no es un órgano político", afirman fuentes municipales.

La teniente de alcaldía Janet Sanz ha dicho que la propuesta que la ciudad pone en marcha es "pionera" en España y ha hecho un llamamiento al resto de ciudades a seguir el ejemplo de Barcelona. Sanz ha subrayado que la puesta en marcha de la medida permitirá disponer de unos 350 pisos sociales nuevos en la ciudad. En el caso de los pisos de alquiler, el precio se moverá en unos 500 euros al mes, y de venta, a unos 130.000 euros, ha asegurado la edil de Urbanismo.

COLAU, EMOCIONADA

Al final de la votación, una alcaldesa Ada Colau muy emocionada -y con lágrimas en los ojos- ha agradecido el papel de las entidades que impulsaron la medida -la PAH, el Sindicato de Inquilinos, la FAVB y el Observatorio DESC, entre otras- y la "valentía" de los grupos municipales en aprobar una propuesta que supone "un cambio de paradigma en la ciudad" en la lucha para garantizar el acceso a una vivienda digna. 

Además, el pleno ha aprobado ampliar a toda la ciudad el derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento sobre una finca. Esta iniciativa busca evitar que grupos de especuladores acaben comprando fincas enteras para echar a los vecinos y poner de nuevo los pisos en el mercado a precios más elevados.