La vivienda es uno de los principales problemas de Barcelona. El elevado precio de los alquileres y la falta de un parque público, junto a las largas colas para lograr un piso social, hacen necesario poner en marcha nuevas ideas para conseguir más viviendas. El gobierno de Ada Colau se plantea ahora construir pisos sociales con módulos prefabricados en solares de titularidad municipal.

La idea no es nueva. En distintas ciudades europeas, como Colonia y Amsterdam, este tipo de viviendas son habituales. Tampoco es ninguna novedad en Catalunya. La Generalitat ya hizo años atrás algunas promociones utilizando módulos prefabricados, algunos de hormigón armado. Ahora, se quiere poner en marcha en Barcelona.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja "en un método industrial más rápido y flexible para ampliar el parque público de viviendas en la ciudad". La intención municipal es llevar a cabo una prueba piloto antes finales de año en parcelas vacías y que no tengan un uso definido. La inversión prevista será de 5,3 millones de euros y contempla la construcción de 92 alojamientos divididos en tres promociones, que alojarán a unas 250 personas y estarán en solares de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí.

BUENA CALIDAD

El proyecto que impulsará estos nuevos pisos sociales se llamará A prop y el Ayuntamiento lo desarrollará con la colaboración del Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITEC), cuyo director general, Francisco Diéguez, presentó la iniciativa en rueda de prensa junto con Ortiz. Ambos destacaron que varía el método constructivo de las viviendas, que se hará en talleres, y después se montará en el solar donde esté previsto que vayan las casas. Tanto Ortiz como Diéguez aseguran que la calidad no se resiente.

La teniente de alcalde ha destacado que los módulos prefabricados permiten recortar el tiempo de construcción de manera considerable. "La vivienda puede estar lista en unos nueve mesos teniendo en cuenta tanto la licitación como la construcción, mientras que con los métodos de construcción tradicionales, el proyecto se puede alargar hasta cinco años". En noviembre, Metrópoli Abierta denunció la paralización de un edificios sociales en Fort Pienc por quiebra.

Actualmente, tanto en Barcelona como en Catalunya, este tipo de construcciones prefabricadas se utilizan para ubicar a escolares, como en la Modelo, hasta que se levanta un colegio o un instituto nuevo. En la capital catalana, la idea tampoco es nueva. En 2012, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà  propuso este tipo de módulos, de manera temporal, para dignificar la vida de las personas inmigrantes que vivían en los asentamientos irregulares de Sant Martí. La propuesta fue rechazada por el gerente de servicios sociales de CiU, Àngel Miret, que la calificó de "estigmatizante". En 2016, Miret se presentó a síndic y fue derrotado por Vilà.